A pie de fosa mientras PP y Vox derogan la Ley de Memoria balear: «Quieren exhumaciones en silencio»

La antropóloga Almudena García-Rubio tiene un Cristo entre las manos. La figura –los brazos extendidos a izquierda y derecha, los pies reunidos por el clavo que atraviesa los empeines– es de metal y ha sobrevivido a las termitas que se comieron la madera de la cruz a la que estaba unida el cuerpo y del ataúd a la que estaba unida la cruz. Los pinceles y las brochas limpian la tierra que queda sobre los despojos del féretro. Una cámara de fotos y varios bolígrafos documentan los hallazgos, que se retiran –con suma delicadeza– y se guardan –en unas cajas de plástico, ya sobre la superficie– para seguir reabriendo, centímetro a centímetro, una zanja que, según sospechan los investigadores, pudo abrirse varias veces –entre 1937 y 1938– para arrojar cadáveres: decenas de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil. Horas después de retirar el crucifijo, aparecerán unos restos que encajan con lo que se busca. Hay un cráneo con –a simple vista– heridas de bala.

La escena ocurrió hace pocos días en el Cementeri Vell de Eivissa y, aunque no es ni mucho menos la primera vez que sucede (ya se buscó allí a republicanos desaparecidos en 2018, 2020 y 2024), ahora tiene una trascendencia especial. Representa el arranque de la primera campaña del nuevo Pla de Fosses que aprueba el Govern. El quinto en los últimos diez años –342 restos recuperados, 67 muertos identificados–, pero el primero desde que el Partido Popular reconoció que cederá a las presiones de Vox para derogar la Llei de Memòria Democràtica. En octubre comenzaron los trámites. Para eliminarla, los populares deberán votar a favor de una exigencia que se antoja clave para que los representantes de un partido que ensalza la dictadura –Vox– aprueben el próximo presupuesto para la comunidad autónoma. El PP se echó atrás en diciembre de 2024, cuando la intentona de los diputados ultraderechistas llegó al pleno del Parlament, y el archipiélago no tuvo partida de gastos hasta el verano de 2025.

La Llei de Memòria Democràtica se aprobó en 2018 –cuatro años antes que la estatal– y ahora corre serio peligro de desaparición. Desde que el pacto de centroizquierda que presidía Francina Armengol dejó paso en el Consolat de Mar –sede del Govern balear– al PP de Marga Prohens, que gobierna en minoría desde las últimas elecciones, su derogación es un tema recurrente en los plenos y en las comisiones que se celebran en la cámara autonómica. La última vez, la semana pasada, a propósito de una petición lanzada por los socialistas para retirar un monolito –que el Generalísimo en persona inauguró en 1947 para honrar a los ahogados de un crucero fascista que torpedearon los destructores de la Marina leal a la República– del Parc de sa Feixina, en Palma.

Según Vox, la Llei de Memòria Democràtica “promueve el rencor”. El espíritu con el que se redactó la norma, no obstante, concuerda con las indicaciones que la ONU hizo al Gobierno de España durante años para “garantizar verdad y justicia a las víctimas de la dictadura”. Profundiza, también, en la Llei de Fosses, que no será derogada –por el momento– y que desde 2016 permite cavar en los lugares donde se sabía –por fuentes documentales– o, a menudo, se intuía –por testimonios orales– que se abrieron fosas comunes durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

Restos del cráneo que, a simple vista, presenta el impacto de una bala.

– Le da un sentido de reparación, que no de revancha, a las familias que no se han resignado a saber qué ocurrió con el antepasado al que mataron en la Guerra Civil. El Govern anterior sí que hizo una política de reparación, dando certificados a los familiares de las víctimas, reconociendo que habían sido represaliados de forma injusta. ¿Que es simbólico? Sí, pero lo reconocía la máxima autoridad de la comunidad autónoma. Eso es lo que el PP quiere derogar para que quede como algo discreto, escondido, exhumando en silencio, sin actos públicos.

Dice Luis Ruiz. Igual que en las anteriores exhumaciones –y, ahora, con más tiempo disponible porque ya se jubiló después de dar clases de Historia durante décadas en varios institutos de la isla–, el presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera pasa muchas horas junto a los nueve antropólogos –contratados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials– que trabajan en el Cementeri Vell. Además de arrimar el hombro cuando le piden que trajine los cubos que cargan la tierra que se saca a la superficie para agrandar el hoyo, el historiador aporta datos y fechas –vitales para trazar una cronología fiable– y sirve de enlace entre quien busca y quien anhela que encuentren: los familiares de los muertos. 

La comunicación –con los descendientes de siete desaparecidos– es fluida. Sin embargo, Ruiz dice que los puentes entre el Govern y las asociaciones memorialistas de las Illes Balears han saltado por los aires: “El PP entró a gobernar sabiendo que la memoria histórica ni les beneficia ni les da votos, que incluso podía crear división entre su electorado. La Llei de Fosses ya contemplaba la creación de una comisión, de la que nosotros formamos parte, que debía aprobar el calendario de exhumaciones, proponer nombres para elegir a los técnicos que iban a trabajar en todo el proceso, determinar las dotaciones del presupuesto… Ese tipo de decisiones ha pasado a tomarlas unilateralmente el Govern”.

–¿Cómo?

–Es muy simple: la comisión de fosas no funciona porque no se convocan reuniones para que funcione.

Luis Ruiz (primero por la izquierda) y Almudena García-Rubio (a la izquierda) escuchan las explicaciones de uno de los miembros del equipo de exhumación.

Memòria de Mallorca y el Govern: dos visiones opuestas

Dos teléfonos se descuelgan en Mallorca para hablar con elDiario.es. Las voces –femeninas– dan versiones contrapuestas sobre el panorama que pinta Luis Ruiz. Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca –y nieta de represaliados por el franquismo–, es muy gráfica a la hora de refrendar lo que afirma su colega: “Con el anterior Govern se convocaron setenta reuniones en una legislatura. Con el actual, llevamos dos en dos años. Y no es porque no hayamos pedido audiencia con la presidenta del Govern –que la hemos pedido, tres veces–, pero no nos ha podido ver, todavía, esta señora; cuando tenga un hueco en su agenda, ya nos recibirá. Somos la primera comunidad autónoma que las fosas de la represión que era viable exhumar las tiene casi todas hechas. Lo que está hecho no nos lo quitarán, pero nos preocupa que todo el conocimiento acumulado se pierda si no se le da un sentido”.

Oliver manda por WhatsApp pantallazos de los correos que el colectivo que representa envió hace tiempo –en septiembre de 2023, en enero de 2024– al Govern planteando distintas cuestiones –preguntar por la denuncia que presentó el ejecutivo de Armengol a la Fiscalía al final del pasado mandato, proponer un orden del día en la siguiente comisión de fosas– y añade: “No nos han respondido. A ningún mail. Es muy mallorquín lo de passar pena [sufrir], pero es lo que hay. Nos ningunean”.

La tumba de la sindicalista Margalida Llogat, encarcelada por la dictadura franquista, está en el rectángulo del Cementeri Vell d’Eivissa donde se busca a los republicanos desaparecidos.

En cambio, Xesca Ramis tiene una visión completamente distinta. A esta política del PP –directora general de Relacions Institucionals en el Ejecutivo de Prohens y portavoz de la oposición en el Ajuntament de Lloseta, un municipio donde los falangistas mataron a funcionarios públicos y donde la dictadura depuró a maestras de la escuela republicana– le sorprenden las acusaciones de los presidentes de las asociaciones memorialistas: “Mi desconocimiento de lo que dicen es total. Desde el principio, las reuniones han sido híbridas. En ningún momento me han pedido que sean presenciales. No puedo entenderlo”.

Ramis tampoco tiene constancia de los correos sin responder –“Los funcionarios del servicio de memoria contestan rápido”– y añade: “Nosotros seguimos trabajando en todo lo que contempla la Llei de Fosses. Hemos encargado más piedras de la memoria, estamos esperando respuesta de las asociaciones memorialistas para etiquetar los nichos [para enterrar a las víctimas identificadas] y tenemos pendiente la inauguración de un columbario en el Cementeri de Palma, que por problemas de humedad no se ha podido realizar todavía. Los arquitectos que se encargaron del proyecto no se han hecho cargo [de arreglarlo], no nos contestaron los correos, pero el tema pasó a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura y se han puesto manos a la obra. Calculo que en febrero estará terminado”.

–Directora general, ¿los trámites para derogar la Llei de Memòria Democràtica y el encendido debate que se vive en el Parlament sobre el tema afecta de alguna forma al trabajo que se hace desde su departamento?

–Que no hagamos las políticas de la izquierda no quiere decir que no hagamos políticas de memoria. Nosotros tratamos de realizar políticas que sean útiles, con rigor, y respetuosas con las familias para devolver la dignidad a las personas que sufrieron la guerra. No buscamos la foto, sino confortar a las familias. La memoria no se puede considerar un elemento de confrontación. Aquí no nos van a encontrar.

–¿Cree que eso, la confrontación, es lo que diferencia las políticas de memoria del PP de las que aplicaba el pacto de centroizquierda que gobernó las Illes Balears entre 2015 y 2023?

–Nosotros no valoramos lo que hizo la izquierda. Sabemos que no debe ser un elemento de confrontación y así son nuestras actuaciones que corresponden a memoria democrática dentro de la dirección general de Relaciones Institucionales.

Almudena García-Rubio señala la localización del único esqueleto encontrado en posición primaria –no removido– de los trece restos hallados junto a la trasera de unas capillas.

Abuelos que “nunca se metieron en política”

De vuelta en el Cementeri Vell, Luis Ruiz deja la actualidad política a un lado y describe cuál era el perfil de los muertos que se buscarán, al menos, hasta el 12 de diciembre, cuando está previsto que termine la campaña iniciada en Eivissa. “Los trece restos que aparecieron en la anterior exhumación”, dice el historiador, “creemos que corresponden, como en el caso de los tres que hemos podido identificar, a víctimas del terror caliente: matanzas en grupo que se llevaron a cabo en los últimos meses del 36, tras la retirada republicana durante la que, el 13 de septiembre, los milicianos asesinan a noventa y tres presos [a los que ametrallaron a sangre fría por considerarlos simpatizantes de los golpistas] en el Castell de Dalt Vila”.

“Ahora, en cambio, sospechamos que los muertos que pueden aparecer en la franja de cementerio que se está excavando, paralela a la que se abrió el año pasado, murieron a lo largo del 37 e, incluso, durante el 38. No fue sencillo conseguir documentación, pero cuando en 2015 elaboramos el mapa de fosas de Eivissa, reunimos más de un centenar de actas de defunción. Con nombres, apellidos y fechas de los fallecimientos. Así podemos saber que, un año o incluso dos años más tarde, los falangistas seguían tomándose la revancha por los fets des Castell y mataban de tres en tres, de dos en dos, o de uno en uno”, añade.

Detalle de la pared todavía pueden apreciarse los impactos de las balas.

–Muchos de los militantes o sindicalistas que se habían convertido en milicianos y se habían visto envuelto en delitos de sangre habían escapado de la isla con las tropas del capitán Bayo. ¿Quiénes eran las víctimas? 

–Cuando en 1999 creamos el Fòrum per la Memòria y empezamos a contactar con familiares –quedaban entonces muchos hijos vivos– era normal escuchar: “Es güelo mai s’havia ficat en política” [“El abuelo nunca se metió en política”] Pero luego rascabas un poco y encontrabas que, muchas veces, la persona de la que aseguraban que era apolítico resulta que estaba afiliada a un sindicato. Ojo: en esa época había que estarlo para poder trabajar en algunos oficios. Pero, más allá de su ideología o simpatías, creemos que en muchos casos lo que pesaba para señalar a uno u otro eran simples cuestiones personales, rencillas o envidias a las que se buscaba un acompañamiento para justificar estos crímenes. Un familiar con el que mantenemos mucho contacto y que tiene esperanzas de encontrar a su abuelo es, por ejemplo, el nieto de un pescador de Sant Antoni de Portmany al que asesinaron por ser amigo del último alcalde republicano.

Republicanos entre tumbas de nombres extranjeros

Los nueve investigadores salen de las dos zanjas que han cavado durante las primeras jornadas, cuando, antes de los pinceles y las brochas, se usaron picos y palas. Golpean sus botas contra el suelo para deshacerse del barro. Son las diez y cuarto, la pausa del bocata. La mitad del grupo se acerca a un súper que queda al otro lado de la calle para comprar la merienda y el resto, los más jóvenes, la traen de casa. Dos chicas y un chico pelan unas mandarinas y abren un táper lleno de comida. Hablan con acento valenciano. Él vive en la isla, ellas han venido ex profeso.

Se han comido varias mañanas de lluvia y frío, pero esta mañana hace hasta calor. El cielo está despejado. Añil. El sol les da en la cara, la luz rebota en la tapia donde apoyan la espalda, almuerzan. No demasiado lejos, en otra pared del camposanto, todavía pueden palparse, sobre la cal, los impactos de las balas que dispararon los verdugos que limpiaron de “subversivos”, como afirmaba la propaganda franquista, la retaguardia en una Eivissa que –como Mallorca, o las Canarias, de donde despegó el general Franco para sublevar a los ejércitos africanos, también tuvo éxito el complot militar–, mientras que en la península aún quedaban dos años largos de bombardeos y batallas, ya atravesaba, de facto, su posguerra particular.

Los trabajos en el Cementeri Vell d’Eivissa comenzaron el 18 de noviembre y está previsto que se alarguen hasta el 12 de diciembre.

“Para algunos miembros del equipo”, explica Almudena García-Rubio, “esta es su primera campaña en Eivissa”. “Igual que ocurre con los de Mallorca, este cementerio tiene unas condiciones muy particulares. La humedad y la salinidad hacen difícil encontrar restos en tan buen estado como en otras zonas de España. Además, al haber estado en uso hasta los años ochenta, se enterró sobre las fosas y la tierra está muy removida. Aparecen muy pocos huesos en posición primaria y, por eso, a los nuevos les insistimos en que lo importante no son las tumbas que puedan encontrar, sino la tierra que queda entre ellas: ahí pueden estar las personas que buscamos”, añade.

La osteoarqueóloga ibicenca –licenciada en Historia por la Complutense, en 2001 y máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada, en 2007, especialidad en la que basó su tesis doctoral, refrendada por la Autónoma de Madrid en 2017– lleva exhumando fosas comunes de la Guerra Civil desde 2003. En 2016 participó en el primer Pla de Fosses del Govern balear. Cuando, dentro de unos meses, traten de localizar los esqueletos sepultados en son Servera, un municipio donde todavía no se han exhumado pese a que fue uno de los escenarios de la Batalla de Mallorca, estarán a punto de cumplirse diez años de la primera actuación: la apertura de la fosa común de Porreres, el epicentro de la represión franquista en las Illes Balears. 

Paco Etxeberria se puso al frente de aquella actuación. Este forense es una referencia a nivel mundial entre los profesionales que se dedican a esclarecer el paradero de los desaparecidos de guerras, genocidios y limpiezas étnicas. Etxeberria es, además, una suerte de mentor para García-Rubio. Ella descubrió qué debía hacerse –y qué debía evitarse– durante una exhumación dirigida por el guipuzcoano, hace ya más de dos décadas. La antropóloga recogió el testigo y, tras Porreres, ha coordinado las campañas financiadas por el Govern balear.

“Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero ya vamos recogiendo algunas alegrías”, dice García-Rubio, “y ojalá vengan más en los próximos meses”. “En los laboratorios de Aranzadi, en Vitoria, y Àtics, en Barcelona, se sigue trabajando con muestras de ADN de familiares para conseguir más identificaciones. Ahora hemos estado en Badajoz entregando los restos a las familias de los presos republicanos que encerraron en Formentera al acabar la Guerra Civil. Que las asociaciones de una provincia donde se ha reivindicado con tanta fuerza la memoria histórica desde hace tanto tiempo alaben el método de trabajo que hemos desarrollado en las Illes Balears es el mayor reconocimiento que podríamos recibir”, añade.

La antropóloga vuelve al trabajo y desciende a una de las zanjas para ayudar a sus compañeros a tomar las medidas –con unos tubos articulables a los que llaman jalones– y la orientación –con un cartelito que indica el norte y un GPS– de un ataúd que se empieza a intuir bajo el manto terroso. El agujero que han cavado los exhumadores está rodeado de más tumbas, que quedan a la vista pese a estar en el subsuelo. Hay lápidas –horizontales y verticales– y cruces, chinchetas que marcan la ubicación de los últimos cuerpos que se enterraron –sobre otros– en el mismo rectángulo del cementerio donde creen que podrían localizar nuevas fosas de la Guerra Civil. Desde antaño, fue una parcela comunitaria donde no era preciso comprar un nicho para depositar un cadáver. La práctica duró hasta finales de los setenta, cuando se agotó el espacio. Quizás explique por qué las identidades que se leen en las lápidas son extranjeras –anglosajonas, francesas, alemanas– y –relativamente– jóvenes. Entre los muertos del boom turístico hay un par de excepciones. Una de ellas, muy relacionada con el recuerdo de los represaliados:

MARGARITA ROIG COLOMAR. 28-6-1966. A LOS 57 AÑOS. R.I.P. TU ESPOSO, HIJOS, HERMANOS Y SOBRINOS NO TE OLVIDARAN.

Bajo esa inscripción descansa Margalida Llogat, la sindicalista encarcelada y torturada durante la Guerra Civil, que se libró del tiro en la nuca, pero a la que la dictadura humilló durante décadas. Cincuenta años después de su muerte –por causas naturales– el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia le dedicó una calle. Era agosto de 2020. En noviembre de 2023, el PP aceptó una moción de Vox para retirarle el nombre alegando que “Google Maps no había cambiado el nombre” de la vía y eso “creaba confusión entre los repartidores”. El alcalde reculó cuando vio que el gigante tecnológico actualizaba sus planos ante la reacción popular en redes sociales.