La agenda ultra se impone a Català: València se queda sin zona de bajas emisiones arriesgando 150 millones

La agenda de la ultraderecha en materia de cambio climático se impone en la ciudad de València. Después de que el PP la acatara sin remilgos en las Corts Valencianes para lograr la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, las políticas de Vox se materializan en la capital valenciana. No habrá zona de bajas emisiones este 2025, ni referencias al cambio climático en las fundaciones que a priori deben poner en marcha políticas de sostenibilidad.

El pleno de este lunes en el Ayuntamiento ha evidenciado la dependencia del gobierno de María José Catalá (PP) de Vox, que desde dentro del consistorio boicotea políticas clave para la salud de la ciudad. Y también que hay un equipo de gobierno que no ha puesto demasiada resistencia a las imposiciones de su socio minoritario.

El PP renuncia a aprobar una ordenanza para reducir la contaminación, exigencia de una directiva europea, en lo que queda de año. Ya la dan por perdida. La ordenanza y los hasta 150 millones de euros que puede acarrear, entre ayudas públicas comprometidas y sanciones. El equipo de gobierno no ha apoyado la propuesta presentada por PSPV y Compromís conjuntamente en el pleno, una moción para impulsar una regulación por fases, con ayudas a la compra de vehículos y que reclamaba más fondos para el transporte público.

Tampoco ha sido capaz de negociar, ni con sus socios ni con la oposición, una propuesta que pueda salir adelante en el hemiciclo y evitar el agujero millonario. Compromís y los socialistas pidieron in extremis un pleno extraordinario para salvar la cuestión, una sesión a la que han acudido representantes vecinales para exigir un acuerdo: “Los niveles de contaminación de estas áreas afectan a la salud de vecinos”, han expuesto las entidades. La ciudad de València registra 450 muertes evitables al año por contaminación por dióxido de nitrógeno, fruto de la combustión en vehículos a motor, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona.

Este lunes, Vox, que sigue jugando con el consistorio, ha deslizado que podría apoyar una ordenanza sin sanciones, como ha hecho en Castellón. El portavoz de la ultraderecha, José Gosálbez, ha afirmado antes del pleno: “Si nos llegara una moción como esa, la estudiaríamos”. Acto seguido, el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, reconoció conversaciones con sus socios para aprobar una medida aún más relajada, pero ha asegurado que Vox se sigue negando a este planteamiento. Aun así, a estas alturas, ya no da tiempo, asegura. La falta de una ordenanza pone en riesgo hasta 150 millones de euros, entre ayudas europeas y sanciones, según los cálculos de la oposición. El responsable de las negociaciones culpa al resto de partidos de la falta de acuerdos: “si Valencia no tiene ordenanza de Zona de Bajas Emisiones es porque la oposición no ha querido y Vox se ha bajado del carro”, afirmó Carbonell.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha censurado que Catalá lleva “un año poniéndose de perfil” y no ejerce como máxima gobernante de la ciudad, renunciando a la negociación. A su parecer, el gobierno de PP y Vox “está completamente descontrolado” y Catalá “tiene la poca vergüenza de intentar culpar a la oposición de su propio fracaso”. La medida rechazada por el equipo de gobierno este lunes “es la única que puede reducir emisiones de manera inmediata y garantiza cumplir con Europa”, y ha reprochado a Catalá que “todavía no haya entendido que la ZBE es una política de salud pública, no un capricho ideológico”.

El grupo socialista también responsabiliza directamente a la alcaldesa del “fracaso” en la negociación. Su portavoz, Borja Sanjuan, desgranó las consecuencias: “València va a ser la única gran ciudad de España que no cuenta con esta medida, que va a perder 150 millones de euros y que va a ser la única donde no se subvencione el transporte público”. En concreto, el Ayuntamiento tendrá que devolver más de 115 millones de euros de ayudas europeas y, además, los usuarios de la EMT ya no se podrán beneficiar de los descuentos del transporte, con lo que el bonobús pasará de 5,1 euros a 8,5 euros a partir del mes de enero.

270 cámaras para una ZBE inexistente

A la factura habrá que sumar la instalación de 270 cámaras para el control de la zona de bajas emisiones, que han comenzado su funcionamiento, paradójicamente, este mismo lunes. Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation, aprobado por el gobierno local. Las cámaras solo podrán identificar a los vehículos más contaminantes y no sancionar. Se contempla también el desarrollo de un sistema avanzado para la monitorización y control de la calidad aire asociado a la gestión de la ZBE, que permita conocer la correlación entre los patrones de movilidad y la calidad del aire.

El objetivo de la puesta en marcha de los equipos de gestión es, según el acuerdo de la Junta de Gobierno, “monitorizar los pasos de los vehículos que circulan por cada punto de control, e identificar sus etiquetas y tipología y su lugar de registro o procedencia, todo con el objeto de elaborar estudios estadísticos que permitan identificar patrones de movilidad y estudiar la evolución del parque móvil, así como los efectos que tendrán la aplicación de políticas de fomento de la movilidad sostenible”.

Disolución de fundaciones

En la sesión extraordinaria previa, celebrada también este lunes, PP y Vox han dado el paso definitivo para extinguir dos fundaciones relacionadas con políticas de sostenibilidad: el Cemas (Centro mundial para la alimentación sostenible) y la Fundació Valencia Clima i Energia, de la que depende el Observatorio del Cambio Climático. En su lugar, se ha aprobado la creación del organismo autónomo Valencia Sostenible, una fusión de ambas algo descafeinada, sin incluir el cambio climático en sus estatutos. El concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, ha defendido que el organismo tendrá más competencias, transparencia y capacidad para captar fondos. Mundina (PP) asegura que el personal de ambas entidades se mantiene y que el organismo impulsará la resiliencia climática, entre otros fines.

Compromís y el PSPV han sido especialmente beligerantes con esta cuestión, denunciando el cambio normativo y las nuevas reglas del organismo autónomo. La concejala socialista Elisa Valía ya apuntó en comisión que en la nueva fundación desaparecen los objetivos de luchar contra el cambio climático y la apuesta por la sostenibilidad, y ha criticado este lunes el “negacionismo climático” de PP y Vox. También este lunes, Compromís ha vuelto a insistir en que la postura de PP y Vox es una huida hacia adelante que deja a València indefensa ante una crisis climática que ya está golpeando la ciudad. El concejal Sergi Campillo ha subrayado que la dana de 2024 “demostró que el negacionismo mata” y ahora subraya que el gobierno de Catalá “prefiere mirar hacia otro lado y repetir los mantras de Vox” mientras la ciudadanía reclama más árboles, más sombra y políticas reales de adaptación. “O se está con la ciencia, o se está con el fanatismo que nos lleva al precipicio”, ha afirmado. “Y el PP ya ha elegido: negacionismo, anticultura científica y una forma de gobernar que nos deja más vulnerables ante los fenómenos extremos”, recalcó Campillo.