Chivite cede ante sus socios y fulmina al responsable de Obras Públicas en Navarra en plena crisis por el ‘caso Cerdán’

La presidenta de Navarra, María Chivite, busca por todos los medios solventar la crisis surgida entre los socios del Gobierno navarro a raíz del sobrecoste de 8,5 millones de euros de la obra de Belate (adjudicada a Acciona, Osés y Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán) que ha sido objeto de un reparo suspensivo de la Intervención General y ha ofrecido este martes a Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera. En la reunión de urgencia que mantuvieron los socios del Ejecutivo este lunes Chivite les había ofrecido cambios en la dirección de las obras, que Geroa Bai y Contigo/Zurekin consideraron insuficientes. Los dos reclamaron al PSN “responsabilidades políticas” al más alto nivel.

El cese de López Vera, con el que Chivite busca templar las aguas y devolver la “paz” al seno del Ejecutivo, no se podrá hacer efectivo hasta el 10 de diciembre, ya que esta semana no se celebrará sesión de Gobierno por coincidir en el 3 de diciembre, Día de Navarra y festivo.

Además del relevo del director general de Obras Públicas, el Gobierno foral anuncia que implementará “mejoras” en la gestión de las obras del túnel de Belate. Entre ellas el recambio también de la dirección facultativa, cuyo responsable hasta ahora era Benjamín Lasheras, y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda. “De esta manera, se arbitra un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra de semejante complejidad”, añaden.

La brecha entre los socios se produjo el viernes, cuando la Intervención General emitió un reparo suspensivo al sobrecoste anunciado por Acciona y Osés -Servinabar fue excluida de la UTE tras conocerse su presunta vinculación con Santos Cerdán- de 8,5 millones de euros al considerar que no hay justificación técnica que respalde tres de las quince unidades objeto del modificado. Se trata en concreto del polvorín y de los suplementos de la excavación y del sostenimiento, unidades que suponen 6,2 de los 8,5 millones del modificado.

Geroa Bai y Contigo/Zurekin elevaron el tono con los socialistas y hablaron de una “merma” de la confianza con su socio, en especial con el consejero de Cohesión territorial, Óscar Chivite -familiar de la presidenta-, a quien acusan de haberles mentido, porque en verano les explicó que el sobrecoste estaba motivado por cuestiones técnicas, extremo que ahora Intervención niega en el grueso del modificado.

En una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático de Gobierno que las tres formaciones firmaron en verano del 2023 convocada de urgencia Chivite les propuso algunos cambios en la estructura del Departamento como el cambio en la dirección facultativa de las obras o dar un papel más importante a la Intervención en la fiscalización y seguimiento de las mismas. Tanto Geroa Bai como Contigo/Zurekin salieron “insatisfechos” del encuentro al considerar insuficientes las medidas propuestas por la presidenta, a la que emplazaron a “asumir responsabilidades políticas”.

María Chivite ha tardado menos de 24 horas en darles una respuesta y les ha propuesto la dimisión del director general de Obras Públicas, el número dos en el Departamento del consejero Óscar Chivite y antes del también socialista Bernardo Ciriza. Bajo su dirección se adjudicó la obra del desdoblamiento del túnel de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 por 62,8 millones de euros.

El proceso de adjudicación estuvo envuelto en polémica desde el comienzo. Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. Alegaron que el procedimiento estaba “viciado” porque el presidente de la mesa, un funcionario de 73 años al que se le permitió seguir en su puesto de trabajo pese a estar en edad de jubilación merced a tres prórrogas especiales contempladas en la ley navarra, recibió las puntuaciones de las ofertas del resto de los ingenieros. Dijeron también que en el Departamento de Cohesión Territorial existía el rumor de que la obra “se la llevaría Acciona”, lo que motivó que lo denunciasen ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que a la postre consideró la adjudicación “nula de pleno derecho”.