Miguel Reyero, portavoz de Médicos del Mundo: «Dejar a los migrantes fuera de la sanidad supone un gasto mucho mayor»

Pese a que la sanidad es un derecho universal reconocido por la Asamblea General de la ONU ya en 1948, cientos de miles de personas siguen sin tener acceso a ella en España, especialmente migrantes en situación irregular, mujeres embarazadas, e incluso niños y niñas. Una discriminación estructural en todas las comunidades autónomas, que tienen las competencias en sanidad, y que afecta también al archipiélago balear. La discriminación en el acceso a la sanidad pública afecta incluso a personas que han llegado por un proceso de reagrupación familiar, es decir, en situación legal. Puede ser el caso de una familia de origen latinoamericano, que lleva décadas viviendo en el país, con hijos e hijas nacidas aquí, y que en un momento dado deciden traer al país a su familiar con edad avanzada. “No tiene acceso a la sanidad pública”, denuncia Miguel Reyero, médico y portavoz de Médicos del Mundo.

Tras la reforma sanitaria durante el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, en 2012, quedaron sin ningún tipo de cobertura sanitaria entre ochocientas mil y un millón de personas, con los datos personales borrados de los ordenadores y los tratamientos suspendidos. Con la aprobación del decreto-ley 7/2018, ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tampoco se garantiza este acceso universal. Las mujeres embarazadas, los menores y las personas con necesidad de atención urgente siguen sin estar cubiertas. Antes del cambio normativo lo estaban pero en la práctica no ocurría. “Se denegaba el acceso o se pedía un compromiso de pago”, afirma el portavoz.

Sin embargo, aunque la reforma del mandato progresista indicaba en su preámbulo la necesidad de garantizar la protección de la salud y la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a “todas las personas que se encuentren en el Estado Español”, la redacción de la norma incluye una serie de condicionantes que en la práctica impiden dicha universalidad. El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprobado un proyecto de ley para recuperar la universalidad de la sanidad pública. Sin embargo, todavía tiene que pasar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde los partidos progresistas están en minoría. “Mucho nos tememos que no avance mucho en ese trámite”, lamenta Reyero y añade que con esa normativa “casi todo podría quedar solucionado”.

elDiario.es ha consultado al Ministerio de Sanidad en qué punto de la tramitación está el proyecto de ley para recuperar la universalidad de la sanidad pública. Fuentes del organismo gubernamental se han limitado a responder que tienen que pasar todavía la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Prejuicios xenófobos

Médicos del Mundo apunta a la cantidad de estudios existentes que demuestran que la población migrante “no supone un gasto relevante” para la sanidad pública. “Incluso las personas en situación irregular consumen poquísimos recursos sanitarios”, explica Reyero. Así lo puso de manifiesto Luis Gimeno, profesor titular de Medicina en la Universidad de Zaragoza, en una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Según el portavoz de Médicos del Mundo, uno de los obstáculos que se han señalado es que “se exige acreditar que la persona no está de paso, pero hemos insistido en que debe poder demostrarse con cualquier documento, no solo con el empadronamiento”. “Ninguna legislación previa pide el empadronamiento; el espíritu de la norma siempre ha sido demostrar que se lleva aquí tres meses, y eso puede mostrarse con un niño escolarizado, compras o una tarjeta de transporte”, afirma el experto. Añade que incluso podría valer con “un informe de un trabajador social de un organismo público o privado reconocido”.

En el mismo sentido, Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, apunta a que la falta de acceso a la sanidad pública a los niños y niñas migrantes afecta gravemente a su salud mental e indica que es fundamental abordarla por ser un colectivo especialmente vulnerable. La experta recuerda que muchos de ellos han sido expuestos a “violencias estructurales previas, maltrato físico o emocional, violencia de género, reclutamiento forzado o trabajo infantil”. Por tanto, el acceso adecuado a los servicios de salud mental constituye “una obligación legal para los Estados”, según el marco normativo internacional de derechos humanos.

Otro obstáculo frecuente aparece cuando se exige a la persona migrante un documento de su país de origen. Un trámite aparentemente sencillo sobre el papel, pero que en la práctica es inasumible para miles de personas. “Si vienes de Francia o Italia es sencillo, pero si vienes de un país africano —o incluso de la propia UE— es muy posible que no lo puedas aportar”, explica Reyero. La consecuencia es un nuevo filtro burocrático que deja a familias enteras sin atención sanitaria o las obliga a efectuar procesos burocráticos muy largos, a menudo sin éxito.

Graíño coincide en que las barreras para el acceso efectivo a la atención psicológica son “múltiples y estructurales”, y empiezan con impedimentos administrativos y jurídicos. “Se ven agravadas por las diferencias territoriales marcadas entre comunidades autónomas y a ello se suman y en los centros de protección de menores”, asegura.

En este punto, Reyero explica, además, que la ley estatal debe de ser muy clara y garantista. “Es fundamental que cada párrafo de la ley no sea interpretable”, subraya el portavoz de Médicos en el Mundo. Las últimas modificaciones de la normativa, afirma, han dejado un margen demasiado amplio para que cada comunidad autónoma pueda aplicar la ley “a favor o en contra de la población migrante”. Esa discrecionalidad, denuncia, ni ahorra costes ni mejora la gestión. “Tratar una otitis, anginas o bronquitis es barato; tratar un coma diabético es carísimo”, recuerda. Dejar a las personas fuera del sistema sanitario, advierte, “supone un gasto mucho mayor”. Y si aun así se insiste en justificar estas restricciones con razones económicas, para Reyero esto solo muestra “o bien ignorancia —porque no han analizado cuánto gasto supone— o malicia, porque lo hacen con una intencionalidad política. O las dos cosas: ignorancia y malicia”.

La barrera del copago

El acceso real a la salud no termina en el centro de salud: continúa en la farmacia. Y ahí aparece otro de los obstáculos del sistema: el copago. Para situarlo en su contexto, Reyero recuerda que cualquier ciudadano paga en torno al 40% de los fármacos no esenciales. Aunque la población irregular consume poquísimos recursos sanitarios, el copago sitúa a muchas personas en una situación muy complicada: al no poder costearse los medicamentos se pone en riesgo su salud. Y genera, además, un efecto disuasorio en el momento de intentar acceder a los recursos públicos del sistema.

Reyero cita los datos de Cruz Roja sobre pobreza farmacéutica, que reflejan una realidad cotidiana en las consultas: “Hay personas diagnosticadas que no compran medicamentos vitales porque no pueden pagarlos”, lamenta. Y advierte de que, si el nuevo proyecto legislativo quiere cumplir el principio que enuncia —atención sin discriminación—, no puede permitir que en la práctica las personas excluidas asuman pagos a los que no puedan hacer frente.

La responsabilidad autonómica

Cuando se pregunta a Reyero si un gobierno autonómico podría mejorar la situación, la respuesta es clara: sí. “Tienen margen”, asegura. Recuerda que ya en 2018, tras el decreto-ley, las comunidades podían aprobar normativas propias, más garantistas. El médico y experto indica que, en Balears, Médicos del Mundo mantiene desde hace años un diálogo “intenso y continuo”, tanto con los gobiernos de la etapa progresista de Francina Armengol como en la actual fase liberal conservadora de Marga Prohens. 

Sin embargo, cada semana reciben casos que describen como “llamativos y algunos de lo más grave”: personas a las que no han atendido, menores rechazados, embarazadas sin control. “Algo que uno no creería”, lamenta Reyero. En las reuniones que mantienen con el IB-Salut (Servicio Balear de Salud), los responsables del organismo público apuntan a un problema recurrente, que depende de ellos: la atención que da el personal que tiene que atender a los pacientes. “Nos dicen que las personas de los servicios de admisión no conocen las normativas”, relata Reyero. Según su testimonio, cuando Médicos del Mundo acompaña a un paciente, llevan “las normativas autonómicas en la mano”, para que no haya dudas.

“Un factor fundamental para disminuir esa variabilidad sería que la administración, sobre todo en los centros que más niegan el acceso y ponen más pegas, hiciera formación específica”, apunta Reyero. El portavoz de Médicos del Mundo lamenta la falta de coherencia del sistema para garantizar dicho acceso. Y que ello varía en los centros de salud de Palma respecto a los de la Part Forana, la periferia de Mallorca. “Hay centros que, cuando presentas un documento —incluso el empadronamiento—, solucionan bastante los casos”, explica. “Y hay otros donde ponen mil pegas o directamente niegan la atención”, añade.

Debido a las diferencias entre comunidades autónomas, y a los obstáculos específicos en los centros de salud, los niños y niñas migrantes ven mermados su derecho a recibir una atención psicológica digna que es “débil, informal, mal coordinada y altamente dependiente de organizaciones del tercer sector”, lamenta Graíño. La experta atestigua que no existe un protocolo estatal “para ofrecer primeros auxilios psicológicos ni equipos permanentes de profesionales de salud mental infantojuvenil en los dispositivos de primera acogida”. “Es urgente garantizar un acceso digno y efectivo en atención a la salud mental de la infancia y adolescencia migrante”, insiste la experta.

elDiario.es ha consultado al IB-Salut cuál es su postura respecto a los requisitos que hay que exigir a la población migrante para poder acceder a la sanidad pública, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Tampoco ha respondido la Conselleria de Salud, a la que se le preguntaba cuál es su margen, en base a sus propias competencias, para recuperar derechos sanitarios de personas que están excluidas en estos momentos del sistema nacional de salud, y si se plantean implementar tales medidas.

Más formación específica

Ante esta situación, Médicos del Mundo se ha ofrecido a colaborar directamente en la formación de los equipos administrativos. Pero con matices: “Nos hemos ofrecido a aportar material teórico y normativo y acompañar a la administración, pero la formación debe hacerla el IB-Salut, que es la titular”, aclara Reyero.

La propuesta consiste en asistir a los centros de salud donde más se acumulan negativas injustificadas para explicar, punto por punto, qué permite la normativa vigente y qué no. El objetivo es evitar que alguien pueda alegar —como tantas veces oyen— que “no estaba enterado”. La clave, insiste, es que el IB-Salut asuma como prioridad reducir esa variabilidad que convierte un derecho universal en papel mojado. Y mientras tanto, las personas migrantes, los menores, las embarazadas y quienes necesitan atención urgente continúan en un limbo administrativo que pone en riesgo su salud.