La Fiscalía pide la retirada del pasaporte y asistencias al juzgado para el exdirectivo de Acciona señalado en el caso Koldo
El juez Puente le ha interrogado ante la sospecha de que pudo tener “participación” en la “indebida adjudicación de determinadas obras públicas”
El Supremo estrecha el cerco sobre Acciona e indaga en una década de relación con la trama de Santos Cerdán
La Fiscalía reclama que se le retire el pasaporte y se obligue a comparecer en el juzgado cada 15 días al exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini, señalado por su presunta vinculación con el caso Koldo, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Tras su comparecencia como investigado, el representante del Ministerio Público ha reclamado las citadas medidas cautelares, a las que se han adherido las acusaciones populares.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente interroga este miércoles a este exdirectivo y a uno de sus subordinados, Tomás Olarte, ante la sospecha de que pudieron tener “participación” en la “indebida adjudicación de determinadas obras públicas” que se investiga en la causa que ha llevado a prisión provisional a dos ex secretarios de Organización del PSOE. Pelegrini era responsable del negocio de Construcción para España, Portugal y África de Acciona hasta el pasado junio, cuando fue despedido al revelar la Guardia Civil su posible relación con la trama. La compañía alegó entonces “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”.
El juez avanza en la investigación con el interrogatorio a estos dos imputados de la constructora Acciona, señalada por presuntos pagos del 2% de cada proyecto a Servinabar, la pequeña empresa de la que Santos Cerdán tenía supuestamente el 45% de las participaciones y que es considerada epicentro de la presunta red corrupta.
El cruce de las fechas de las licitaciones bajo sospecha y las conversaciones y mensajes incautados a Koldo García permitió aflorar en un primer informe sólidos indicios de que la empresa de la familia Entrecanales habría pagado supuestamente 620.000 euros en mordidas al exministro José Luis Ábalos y su asesor a cambio de contratos amañados. Unas dádivas que, según la UCO, estarían “gestionadas” por Santos Cerdán, que también habría tratado de influir en los nombramientos del Ministerio de Transportes.
El último atestado de la UCO sitúa a Pelegrini como una pieza clave en el origen y desarrollo de la relación entre Acciona y Servinabar. Su firma está en el “Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial” que suscribieron ambas compañías en septiembre de 2015 y que sirvió de “marco contractual” para una “relación” que se extendió durante casi una década, hasta que estalló la investigación judicial.
La documentación intervenida revela que Pelegrini se involucró en proyectos conjuntos, como Mina Muga, la primera adjudicación a la UTE, y que fue promovido por la empresa Geoalcali, filial de la minera australiana Highfield Resources. Además, los agentes han documentado el alto grado de privacidad del que intentaban dotar a sus encuentros y comunicaciones para evitar dejar rastro. Por ejemplo, en sus reuniones por videoconferencia con Antxon Alonso ambos recurrían a las anotaciones manuscritas en la pantalla cuando hablaban de licitaciones de obras.
El móvil del empresario navarro incautado por los investigadores también recoge indicios de que ambos se vieron con Santos Cerdán en Madrid. E incluso contiene una fotografía del exdirigente socialista junto a Pelegrini en el bar El Pentagrama del barrio de Malasaña de la capital. También hay otra imagen del ex alto cargo de la constructora en el inmueble que Antxon Alonso y Santos Cerdán tenían alquilado en el centro de Madrid, a pocos metros de ese establecimiento.
El magistrado también tenía previsto interrogar este miércoles al citado Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, los directores de la zona norte y la zona sur de Acciona Construcción, respectivamente, que reportaban a Pelegrini. Sin embargo, la declaración de García Alconchel se ha pospuesto al 15 de diciembre porque su abogada no podía acudir a la cita en el alto tribunal por motivos de salud, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.