Rebelión municipal contra los centros de datos sin control: «El Gobierno de Aragón invita a comer, pero pagamos los alcaldes»

“El Gobierno de Aragón invita a comer, pero pagamos los ayuntamientos”. El lamento del alcalde de Villamayor de Gállego, José Luis Montero, se suma ahora al de otros muchos regidores en cuyos municipios las promotoras proyectan centros de datos de inversiones milmillonarias. Los regidores critican que los proyectos de interés general autonómico (PIGA) les dejan sin un impuesto fundamental, el ICIO, y que no reciben contraprestaciones que compensen esta importante merma de ingresos. Sus quejas sitúan en el foco la labor del Ejecutivo autonómico, que pone “alfombra roja” a unos y a los municipios les deja “de lado”, según el propio Montero.

El runrún ya existía, pero ahora amenaza con transformarse en contenciosos en los tribunales que podrían incluso poner en peligro la viabilidad de algunos proyectos. Al menos dos ayuntamientos plantean en el horizonte recursos judiciales si no hay acuerdo: uno, el de Villamayor; otro, Villanueva de Gállego, que ya ha presentado –está admitido a trámite– pero que no ha formalizado aún, a la espera de la negociación que hay en marcha.

“Villanueva de Gállego es el primero que se ha plantado”, destaca el alcalde de Magallón, Esteban Lagota. Aquí proyecta Forestalia uno de los centros de datos del proyecto Búfalo, presentado hace tres semanas y cuya Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) publicó el martes el Ejecutivo autonómico. Lagota asegura que “por supuesto” que van a pedir “compensaciones”, y argumenta: “Tengo que defender los intereses de los vecinos”. “El paso que ha dado Villanueva de Gállego lo daríamos también nosotros, es nuestra obligación”, explica. Y recuerda que el ICIO, que la tramitación exprés impulsada por el Ejecutivo autonómico les deja sin cobrar, está amparado por “una ley estatal” –la de Haciendas Locales–, mientras que el PIGA lo regula una normativa autonómica –la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón–.

Esta última normativa, por cierto, incluye unas posibles compensaciones que no se están ejecutando. En concreto, respecto a las iniciativas que lleven “aparejada la urbanización de los terrenos afectados”, contempla un “canon” al municipio en concepto de “carga de urbanización” que puede suponer “hasta un 1% anual del importe total de la inversión” y “por periodo no superior a cinco años”. Es decir, equivalente a la mitad de los aprovechamientos que corresponderían (del 10%).

35 millones de euros por cada 1.000 de inversión

Hay que recordar que los ayuntamientos tienen el ICIO en el entorno del 3,5% o 4%, con lo que por cada 1.000 millones de euros de inversión en la construcción de centros de datos las corporaciones ingresarían entre 35 y 40 millones de euros. Y, según proclama el presidente Azcón, en Aragón ya hay comprometidos 70.000 millones de euros en granjas de servidores.

Una muestra de que plantar cara da resultados lo ofrecieron meses atrás tres ayuntamientos: Pedrola, Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón. Allí, la aragonesa Samca tiene parques eólicos cuya hibridación quería incluir en el PIGA de tres centros de datos en Luceni, lo que les habría dejado también sin ICIO. Su protesta llevó a Samca a negociar contraprestaciones para los vecinos.

“El PIGA es una buena iniciativa, un ayuntamiento pequeño no tiene capacidad para desarrollar un proyecto de esa magnitud”, inicia su argumento la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges. Y continúa: “Pero no puede ser que municipios de 500 habitantes se queden solos. ¿Qué capacidad de negociación tienen? Lo que se le pide al Gobierno de Aragón, que es lo que se hizo en la legislatura pasada, es negociar con las promotoras. Porque hablamos de proyectos que están hipotecando el futuro del municipio”.

Botorrita (580 vecinos) es un bueno ejemplo. Su alcalde, José María Castillo, explica que la tramitación del centro de datos que proyecta aquí Forestalia está en una etapa “muy inicial”: “Aún se tienen que reunir conmigo como alcalde para saber qué idea llevan”. Pero advierte de que también planteará batalla si no hay negociación: “El ICIO supondría una cantidad importante que no cobramos, tiene que haber una compensación. Aquí tenemos los terrenos arrendados a los agricultores: si les dejamos sin ellos, tiene que ser a cambio de algo. Si no van a obtener nada, mejor quedarnos como estamos”, sostiene.

Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón, sin embargo, no parecen mostrar mucho temor a la rebelión de los alcaldes. “En Aragón los PIGA funcionan a la perfección como instrumento para generar riqueza, empleo y oporturnidades en el conjunto del territorio y en los municipios en que esas inversiones se asientan”, valoran fuentes del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, encargado de tramitar los proyectos de interés general. Las mismas fuentes piden no “convertir la anécdota en categoría por un caso que está en vías de solución”, en relación a Villanueva de Gállego.

Este último municipio ha evitado formalizar el contencioso a la espera de que fructifiquen las negociaciones a tres bandas de cara a la ampliación del centro de datos que tiene Amazon en la localidad, tal y como adelantó Heraldo el domingo. Ya en la etapa de Mariano Marcén como alcalde la presión municipal surtió efecto: reclamó que la multinacional asumirá una infraestructura por 3,5 millones de euros para compensarles y lo consiguió. 

Acceso a Villamayor de Gállego, municipio segregado de Zaragoza capital hace veinte años.

En Villamayor de Gállego, su regidor ya fue noticia por su oposición pública a un segundo centro de datos, el de Azora, ante el que amenaza con ir a los tribunales. Montero carga contra la promotora, pero también contra la Administración autonómica: “Nos dejan de lado. El Ejecutivo debería ser proactivo a la hora de colaborar con los ayuntamientos de cara a obtener infraestructuras o cubrir necesidades. El Gobierno de Aragón invita a comer, pero pagamos los ayuntamientos”, evidencia, y pone de manifiesto que al final “la repercusión económica se puede quedar en nada”. “Y ellos –continúa el primer edil– vienen porque quieren, nosotros no lo pedimos. Si Villamayor hubiera sacado a concurso el suelo, nada que decir. Pero es un terreno rústico en el que tramitan un PIGA sin contar con nosotros. Entran como elefante en cacharrería: una declaración responsable y con eso vale”.

En este mismo municipio hay otros dos grandes proyectos, un centro de datos de Microsoft y un macrocomplejo agroalimentario del Grupo Costa, que cuentan con el beneplácito municipal porque han ido de la mano del Ayuntamiento.