La impunidad de Aguirre la seguimos pagando con nuestra salud

Nada de lo que ocurre en Madrid se entiende sin Esperanza Aguirre. Sin las políticas de esta aristócrata-liberal que sembró buena parte de los desastres que hoy padecemos, incluido el deterioro de la Sanidad pública. Un legado terrible, levantado sobre la más absoluta impunidad.

Hace unos días –por fin– Esperanza Aguirre perdió algo en los tribunales. Es la primera vez, aunque solo le afecta de refilón: el condenado fue su marido, en un asunto en el que ella participó y del que también se lucró. Fernando Ramírez de Haro vendió un retrato de Goya por más de cinco millones y se comprometió por escrito a repartir el dinero con sus hermanos. Nunca lo hizo, así que uno de ellos, Íñigo Ramírez de Haro, le llevó a los tribunales. Tras un largo proceso judicial, acaba de ganar. El nombre de Esperanza Aguirre no figura en la sentencia, pero le tocará pagar: el matrimonio está en gananciales, así que tanto el botín del Goya como su devolución iban al mismo bolsillo común.

Aguirre no solo se benefició de la venta de ese Goya: también fue clave en toda la operación. El comprador –casualmente– fue el constructor Villar Mir, que en esas mismas fechas buscaba los permisos y un cambio en la ley del Gobierno regional para la operación Canalejas: un nuevo hotel de lujo levantado sobre varios edificios protegidos, que terminaron arrasados.

La sentencia es histórica por ser insólita. Que Aguirre salga mal de un juzgado es una rareza absoluta. Un unicornio. Un eclipse total de sol. Hablamos de la misma Esperanza Aguirre que se libró del Tamayazo, de la Gürtel, de la Púnica, de Fundescam, de modificar arbitrariamente una línea de metro que hundió varios edificios y hasta de fugarse de unos guardias de tráfico que la iban a multar.

No intentes repetir ni una sola de estas andanzas. Si no eres la lideresa del Partido Popular de Madrid, seguro que acabarías mal. Es la misma impunidad que Ayuso ha heredado, la que disfruta hoy.  

Esperanza Aguirre ganó varias elecciones a la Comunidad de Madrid con trampas, dopada con dinero negro. En la trama Púnica, se encontraron numerosas pruebas de financiación ilegal en el PP de Madrid –aún pendientes de juicio, porque para determinados asuntos la lentitud de los tribunales es brutal–. 

Tras varios meses imputada, la Audiencia Nacional decidió que no había indicios suficientes como para sostener que Aguirre supiera algo de esas campañas amañadas. La lideresa se libró, a pesar de que la Justicia encontró financiación ilegal en Fundescam –que ella presidía–, en el PP de Madrid –que ella presidía– y en el Gobierno autonómico –que casualmente también presidía–. 

Total, solo era la líder del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid y quien decidía hasta el color de las viviendas de VPO –una vez que no le gustó un bloque de pisos lo ordenó repintar–. Pero del dinero negro con el que se pagaban sus mítines, según la Justicia, la lideresa nunca se enteró. 

¿Adivinan qué juez de la Audiencia Nacional decidió librar a Esperanza Aguirre de ese caso de corrupción? Exacto: el muy famoso Manuel García Castellón. El mismo que vio terrorismo en la muerte de un turista por un infarto, para así poder imputar a Puigdemont.

Más increíble aún fue cómo Aguirre se escapó sin un rasguño de otro proceso judicial: su fuga tras encararse con dos agentes de la Policía Municipal. Había parado el coche en pleno carril bus de la Gran Vía, en el centro de Madrid. Los agentes actuaron como harían con cualquier otra persona: le pidieron los papeles para sancionarla. Aguirre se encaró con ellos –“O multita o bronquita”– y acabó huyendo en el coche, derribando una moto policial y refugiándose en el garaje de su palacete, mientras los agentes la perseguían por las calles del centro.

Años después, supimos que detrás de una de las acusaciones populares que se personó en aquel juicio estaba el siniestro comisario Villarejo. Esperanza Aguirre habló con él para que dejara de molestar. Y lo logró. Hay un audio que acredita aquella conversación. 

El juez que investigó aquella fuga primero intentó rebajarla a una simple falta. La Audiencia de Madrid lo corrigió y le ordenó reabrir el caso. Más tarde archivó la causa, con argumentos asombrosos: “No está acreditada la desobediencia” porque los policías la persiguieron con las luces puestas pero no con las sirenas, y por eso ella no se enteró. También sostuvo que no había delito alguno en derribar la moto de uno de los agentes cuando salió de allí a todo gas –a punto estuvo de atropellarlo–. En su auto, el juez incluso pone en cuestión “la credibilidad” del testimonio de los policías; lo nunca visto.

¿Y quién fue este juez? Se llama Carlos Valle. Fue famoso en los 80 por ordenar una redada contra mujeres que supuestamente habían abortado. Más recientemente, fue el que investigó al humorista Héctor de Miguel por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de los Caídos y que, durante el interrogatorio, comparó esa broma con amenazar con “volar la plaza de Pedro Zerolo” o “apedrear a homosexuales pederastas”. 

El Consejo General del Poder Judicial tramitó una queja contra él por estas palabras. Fue archivada sin sanción.

Pero volvamos a Esperanza Aguirre y ese trébol de cuatro hojas que la libra de todo mal en los juzgados. Aún más alucinante –y más caro– fue lo que ocurrió con el Hospital Puerta de Hierro, de la red pública de Madrid. Cuando se construyó en 2008, el plan era que sus 135 habitaciones fueran dobles. Pero a última hora el Gobierno de Aguirre decidió que no: que mejor que las habitaciones fueran individuales. Así se hizo, pero la Comunidad de Madrid siguió pagando a la concesionaria –a ver si pensabas que era público de los de verdad– como si el número de camas fuera el anterior. 

Durante nueve años, la Comunidad de Madrid pagó por 135 camas de hospital que nunca existieron. En total, aquella frivolidad de convertir las habitaciones dobles en individuales pero abonando el mismo precio acabó costando 30 millones de euros a las arcas públicas. La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Esperanza Aguirre y al entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, por prevaricación y por malversación. La jueza que llevaba el caso, Mónica Aguirre de la Cuesta, se negó.

El hospital Puerta de Hierro fue uno de los siete que Esperanza Aguirre construyó con este modelo de gestión. En este artículo de Raquel Ejerique se explican bien todos los escándalos que acompañaron a esa privatización encubierta, cuyas consecuencias estamos pagando hoy. 

Una de sus decisiones más polémicas fue acabar con los distritos sanitarios. Dar a cada madrileño la libertad de elegir a qué hospital quiere ir, sin importar dónde viva. La teoría liberal se vendió como una fórmula para poner a todos a competir. La práctica ha sido ese desastre que hoy ha aflorado en otro de esos hospitales, el de Torrejón.

La empresa que gestiona ese centro, Ribera Salud, cobra de la Comunidad de Madrid por dos conceptos. Primero, por los pacientes de la zona. Un canon por el que la empresa se compromete a atender a todos ellos, cuando caigan enfermos. Pero esa libertad de elección permite a este hospital competir por atraer a pacientes de otras áreas, que se cobran aparte.

¿El resultado de este modelo de incentivos? Que a Ribera Salud le sale más rentable atender a los vecinos que no son de Torrejón, porque por los otros no cobran más. Los audios que esta semana ha desvelado El País y los documentos que ha publicado elDiario.es demuestran las consecuencias de este modelo: es más importante el EBITDA que las listas de espera, aunque esto suponga prestar un peor servicio.

Hoy desvelamos una exclusiva más. La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves. Al mismo tiempo, atendían primero a los pacientes más leves que se presentaban en urgencias, para así aligerar la lista de espera y ganar más dinero con enfermos sencillos de atender. Todo esto solo se explica porque la rentabilidad era más importante que la salud de los madrileños.

Después de tres décadas de gobiernos del PP, el resultado a la vista está. Madrid es la autonomía que menos invierte por paciente de toda España. Y un 12% de toda su población –cerca de 800.000 personas– está esperando cita para que les vea un especialista. Al tiempo, el Gobierno de Ayuso ha pagado al grupo Quirón el doble de lo presupuestado durante los últimos cuatro años. 

Aguirre fue el molde, Ayuso es la réplica. Son los mismos métodos, los mismos abusos, y sobre todo la misma impunidad. Nada cambia porque nada les pasa. La historia se repite porque nunca se corrigió.

P. D. El próximo martes 9 de diciembre, a las 22:10, emiten en La 2 un documental sobre mi carrera profesional. Forma parte del programa ‘En Primicia’, que retrata la vida de distintos periodistas a partir de algunas de las noticias más importantes que han contado. ¡Espero que te guste! Me grabaron durante una semana, pero aún no he visto el resultado final. Aquí puedes ver el tráiler: