La À Punt nacida de la izquierda y Cs hace balance de siete años ante la era PP-Vox: más periodismo y pocos recursos

Un 25 de abril, día del autogobierno valenciano que conmemora la Batalla de Almansa, empezó las emisiones en pruebas de la renacida radiotelevisión pública valenciana. Fue en 2018, cinco años después del cierre de la antigua Canal 9 y dos años después de que el gobierno del pacto de izquierdas del Botànic de PSPV, Compromís y Podemos aprobaran la ley junto a Ciudadanos para impulsar la nueva À Punt en 2016. Casi siete años después de estas primeras emisiones, el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de medios de Comunicación (CVMC), finaliza su historia tras el cambio de la ley de PP y Vox y hace balance antes de abrir la nueva etapa.

Entre los puntos que destaca el Consejo Rector en un comunicado hecho público la pasada semana subraya que se ha dado voz a los periodistas para conseguir una “objetividad de los contenidos informativos”, pero, a la vez, también lamentan la falta de recursos con los que se ha dotado al ente público valenciano.

En el escrito se remonta a su creación, y recuerda que en 2016 “todo estaba por hacer”, que los medios de comunicación públicos valencianos “eran inexistentes”, y que “en la actualidad son una realidad”. Señalan que la ley de creación del ente, ahora derogada por PP y Vox, tenía como intención “dotar la ciudadanía de unos medios públicos plurales, independientes y rigurosos que garantizaron la vertebración y la cohesión territoriales, a través del fomento de la cultura valenciana y de la lengua propia”.

Entre los objetivos que afirma conseguidos, el Consejo Rector destaca la pluralidad. Así señala la creación de un Consejo de Informativos, “necesario para velar por la independencia, la veracidad y la objetividad de los contenidos informativos, que se ha regido por un reglamento elaborado con la participación de los trabajadores y trabajadoras”. También añaden que el Consejo de la Ciudadanía “ha permitido introducir la representación social y la voluntad de tener unos medios de todos y para todos”.

Por otro lado, explican que el carácter participativo “se ha consolidado con la presencia en este Consejo Rector de representantes del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, de los trabajadores y de las trabajadoras de la casa, y también del Consejo de la Ciudadanía”. “Este mecanismo de participación democrática en la gestión de los medios públicos lo contemplan las sociedades más avanzadas, garantistas del derecho de acceso y de una representatividad plural. Nuestros medios no tendrían que ser una excepción”, añaden.

Lucha contra la desinformación

Sobre la profesionalidad de los trabajadores, subrayan que siguen pensando que la verificación informativa, la calidad, la independencia y la pluralidad en los medios públicos “son la garantía de una democracia fuerte”. Por ello, manifiestan que es responsabilidad de toda la sociedad que en los medios audiovisuales se pueda ver, leer o escuchar “información veraz, objetiva, contrastada y desde puntos de vista diferentes y complementarios”. “Los medios públicos tienen el deber de trabajar contra la preocupante desinformación actual mediante las técnicas de verificación oportunas. Por eso, siempre hemos intentado trabajar en plena sintonía con el que establece el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de comunicación”, señalan.

En cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías, afirman que ha habido una adaptación “a un nuevo ecosistema transmedia en el marco de la multidifusión digital y con un consumo muy fragmentado”. Esto ha abocado al consumo de todas las plataformas más allá de la televisión tradicional.

“Infrafinanciación

Entre los peros planteados, el Consejo Rector advierte que se ha sufrido una “infrafinanciación”. Así señalan que la gestión de la Corporación y de su Sociedad “ha planteado algunas dificultades durante estos años”, que se han dado “prácticamente desde el inicio de las emisiones”. Describen que, “desde la presidencia de este Consejo Rector se puso de manifiesto simplificar el organigrama para superar algunos problemas, a fin de conseguir una gestión más ejecutiva y eficiente, que hubiera supuesto una mejora de las relaciones laborales y de la producción propia. De hecho, las tres personas que han ocupado la presidencia han reiterado que la existencia de dos entidades no aportaba ningún beneficio”.

En cuanto al coste de los medios de comunicación públicos valencianos en 2023, según el informe anual del Consejo del Audiovisual, ha sido de “únicamente de 13,36 euros por habitante, frente a los 34,18 euros de la media del gasto en el conjunto de España”.

También denuncian una “carencia de voluntad política de los gobiernos de la Generalitat Valenciana”, lo que ha sido causa de “la inexistencia de un convenio colectivo y de la puesta en marcha de un plan de estabilización”. Explican que “el proceso selectivo y de oposiciones, comenzado demasiado tarde por motivos ajenos a la CVMC y ahora parado por la entrada en vigor de la nueva ley, ha imposibilitado la consolidación de una plantilla de profesionales, que lleva años en condiciones precarias. Por lo tanto, hará falta que el próximo contrato programa contemplo en sus objetivos el ajuste adecuado para corregir estos desequilibrios.

Cobertura de la DANA

Entre la labor realizada por de los trabajadores el Consejo Rector ha reivindicado “la magnífica cobertura informativa de la DANA por parte de À Punt, basada en los principios de imparcialidad e independencia que siempre hemos defendido. Tanto la dirección como todas y cada una de las personas que han participado en la gestión informativa de la catástrofe y sus consecuencias, han tenido un ‘comportamiento modélico’, según el análisis hecho por el Consejo de Informativos de À Punt”.

Por ello aseguran que “el retorno y la empatía social de la ciudadanía valenciana respecto de esta cobertura informativa, ha supuesto unas cifras de récord de audiencia, tal y como varios medios de comunicación públicos y privados han reconocido, cosa que ha convertido nuestro medio de comunicación audiovisual en un referente del que tiene que ser un servicio público”.

Concluye el comunicado reclamando continuidad de la plantilla así como la disposición de recursos necesarios. “Un servicio público que disponga de los mecanismos de gestión adecuada para garantizar la independencia profesional en el marco de la pluralidad informativa. Un servicio general que cuente siempre con el apoyo y compromiso de la Administración para consolidar un medio de comunicación audiovisual valenciano propio del siglo XXI”.