Eran pocos y parió el arzobispo
El problema de meterse hasta el cuello en política, como lo está haciendo el presidente de la Conferencia Episcopal en esta coyuntura de España, es que ya no vale quejarse cuando caigan pinchos del cielo. La política es un juego muy endiablado
Bolaños acusa al presidente de los obispos de romper la “neutralidad” y le pide que respete a la democracia
Parecía que todos los que podían hacer ya estaban movilizados: políticos sin límites, congresistas deslenguados, pseudo sindicatos, asociaciones policiales, medios de comunicación, jueces varios, influencers de todo pelaje… Pero faltaba él: Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid desde julio de 2022 y presidente de la Conferencia Episcopal Española desde marzo de 2024. Por lo visto, no pudo estarse más tiempo quieto y se ha sumado públicamente a la campaña para tumbar al presidente del Gobierno. A su juicio, en la actual coyuntura política solo hay tres opciones: moción de censura, cuestión de confianza o “dar la palabra a los ciudadanos”, que, por si alguien no lo ha pillado, significa convocar elecciones anticipadas. “Es decir, lo que prevé la Constitución”, añadió. Omitió incluir una cuarta opción no menos constitucional: que los presidentes concluyan sus mandatos. En el caso de Sánchez, que siga en la Moncloa hasta julio de 2027. Una perspectiva indigesta para muchos.
Que la Iglesia intervenga en política no es nuevo en España. Lo hizo durante 40 años paseando a Franco bajo palio y adoctrinando a generaciones de españoles en una fe al servicio de la dictadura. Lo hizo durante la Segunda República, atizando desde los púlpitos el clima de enfrentamiento en el país. Y lo ha venido haciendo en la nueva etapa democrática, interfiriendo con más frecuencia de lo deseable en los grandes asuntos políticos, económicos y sociales, casi siempre como reacción a iniciativas de expansión de derechos civiles impulsadas por gobiernos progresistas. Todo este historial explica que la religión y, en particular, la Iglesia sean hoy un factor de división, incluso de confrontación, en la sociedad española. Pero en vez de aprovechar el resquicio abierto por el papa Francisco para la reconciliación de muchos progresistas con la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha preferido apostarle a la España de cerrado y sacristía.
¿Es aceptable que las instituciones religiosas intervengan en política? Jesús no lo creía. Con su mensaje de “dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, se inclinó por mantener la religión al margen de los asuntos del Estado, encarnado entonces por el todopoderoso imperio romano. Pero la Iglesia creció y, cuando se sintió fuerte, entró a saco en política. Hasta el día de hoy. En España y en muchas otras partes. El fenómeno no es exclusivo del catolicismo: véase el peso desmedido que tienen en este momento en la política la religión protestante, la musulmana y la judía en los países donde esos credos tienen arraigo.
No seré yo quien le diga al arzobispo de Valladolid que se abstenga de hacer política. No lo criticaré si se toma en serio la sugerencia del presidente Sánchez de que monte un partido con Abogados Cristianos y concurra a las elecciones. Tan solo le diría que entrar en política tiene consecuencias. Una vez se abandona la neutralidad –o el simulacro de neutralidad–, sobre todo con la contundencia con que lo ha hecho el jefe máximo de la jerarquía eclesial española, no vale protesar después si la política acaba interfiriendo en la religión.
Desde una perspectiva progresista, hay mucho para interferir: poniendo fin a la educación concertada, un modelo que quizá fue necesario en los primeros años de la democracia por la sencilla razón de que bajo la dictadura se había consolidado una poderosa infraestructura educativa, pero que hoy es una anomalía en el mundo desarrollado; retirando a la Iglesia de la casilla de asignaciónvoluntaria en la declaración del IRPF; comenzando a cobrar a las iglesias los impuestos de Sociedades o el IVA, o aplicando de una vez por todas la ley de la memoria democrática al Valle de Cuelgamuros, que el presidente de la Conferencia Episcopal, por cierto, sigue llamando Valle de los Caídos como si las leyes no fuesen con él. Otra cosa es que el Gobierno se atreva a llegar tan lejos ante el desafío de monseñor Argüello.
Lejos de e retractarse de sus declaraciones en La Vanguardia, el arzobispo de Valladolid ha vuelto este lunes a la carga con un tuit envalentonado en respuesta a las críticas que le hicieron la víspera el presidente Sánchez y el ministro Bolaños: “Ante el respeto a la vida y la dignidad, la comprensión y el apoyo en materia de vivienda y educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”. ¿Habla en serio el prelado –que lo jure sobre la Biblia– cuando sugiere que en España no hay libertad religiosa? Si tanto la preocupa el problema de la vivienda, ¿por qué no predica con el ejemplo desafectando solo una pequeña parte de la colección inmobiliaria que atesora el clero en España? Cuando incluye la falta de respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho entre los motivos para echar a Sánchez, ¿no se le viene a la cabeza al menos una transgresión de esas reglas por parte del PP y Vox, partidos que se beneficiarían de la caída del presidente?
Evidentemente, monseñor Argüello no es neutral, pero quizá debería ser más prudente en sus declaraciones, como le ha recomendado el arzobispo de Tarragona. El problema de meterse hasta el cuello en política, como lo está haciendo el presidente de la Conferencia Episcopal en esta coyuntura de España, es que ya no podrá quejarse si le caen pinchos del cielo. La política es un juego muy endiablado.