La Audiencia Nacional juzgará a Ignacio González por el campo de golf del Canal 23 años después

La Audiencia Nacional juzgará a Ignacio González y otras cuatro personas por el campo de golf del Canal, una pieza del caso Lezo, 23 años después de que se produjera el amaño de la adjudicación de las obras. En un auto de la Sección Segunda, al que ha tenido acceso elDiario.es, se fija la fecha de celebración de la vista entre el 13 y el 30 de septiembre de 2027.

El entonces juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, acordó en agosto de 2021 la apertura de juicio oral contra González y otras cuatro personas por las irregularidades en la concesión del proyecto en terrenos de la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II que, como vicepresidente de la Comunidad, el político presidía en aquel entonces.

“Examinadas las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y por las defensas de los acusados se admiten y declaran pertinentes”, recoge el auto, cuyo ponente es el presidente de la Sección Segunda, Fernando Andreu. 

Además de a Ignacio González, se sentarán en el banquillo el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid. Anticorrupción pide seis años de cárcel para González y el resto de acusados. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva la petición para el expresidente a 16 años de prisión.

La resolución judicial recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer al hermano del entonces vicepresidente, Pablo González, al que se adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. En 2003, la empresa pública de aguas adjudicó a la constructora ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Esas variaciones, añade el auto, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación 

En el auto de apertura de juicio oral, el juez explicaba que González y De Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, cuyos socios eran el hermano de González, Pablo Manuel, así como José Antonio Clemente y Juan José Caballero. Éste último es cuñado del exvicepresidente autonómico y, al igual que el hermano del político, “ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con él”.

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello, así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf— a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano Ignacio González, su cuñado y el socio de ambos, José Antonio Clemente, que recibieron en sobres de efectivo a través de 49 entregas. 

Con posterioridad a esta modificación, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto. Así, el juez concluye que “esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros —381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo— fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”. 

González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él. En la actualidad, González desempeña las funciones de su puesto de funcionario público en la Subdirección General de Régimen Jurídico y Disciplinario, dependiente del área de Economía, Innovación y Hacienda que dirige Engracia Hidalgo. Por desempeñar ese cargo recibe un salario de 54.000 euros anuales. Entre sus competencias está realizar trabajos de redacción de informes jurídicos en materia de recursos humanos (RRHH) y sobre interpretación de normas de aplicación al ámbito de la función pública y el derecho laboral.