La contratación sanitaria a dedo motiva otra causa judicial en Andalucía mientras para la Junta el caso «se desinfla cada día»
Dos informaciones de elDiario.es Andalucía sobre contratos de emergencia y contratos menores fraccionados, llevadas a los tribunales por PSOE y Podemos, ponen la lupa judicial en la gestión del Gobierno andaluz respecto a las adjudicaciones a dedo de dinero público a empresas privadas
Mapa para no perderse entre todos los tipos de contratos a dedo del Gobierno andaluz que apuntan a los tribunales
Carolina España, portavoz del Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía, aplaudía recientemente que el juzgado de Sevilla que investiga los contratos del Servicio Andaluz de Salud tramitados por procedimiento de emergencia rechazara profundizar en “posibles irregularidades provinciales” al desestimar la ampliación de la querella del PSOE. “El juzgado ha dicho que no se puede poner bajo sospecha todo”, decía, concluyendo que esa denuncia “se desinfla cada día que pasa”. En ese juzgado la investigación sigue su curso y ahora otro en Cádiz ha abierto unas diligencias por una posible malversación en el seno del SAS, en esta ocasión por el fraccionamiento de contratos sanitarios.
Son dos causas distintas y dos tipos de contratación distintas, pero son dos juzgados de diferentes provincias investigando posibles delitos por parte de la Junta de Andalucía en las adjudicaciones a dedo de dinero público a empresas privadas. Hay tres gerentes del SAS investigados (la actual y sus predecesores) en la causa que tiene más trayectoria judicial, comandada por la Fiscalía Anticorrupción y que reside en Sevilla.
De lo que se jactaba la representante del Gobierno de Moreno es de que el juzgado sevillano no era competente para indagar en contrataciones provinciales ni podía hacer una “causa general”, algo con lo que la acusación socialista no está de acuerdo (está apurando sus opciones con un nuevo escrito) y algo sobre lo que pueda que se tenga que pronunciar aún una instancia judicial superior como es la Audiencia Provincial.
Ceses en la cúpula de la Intervención
De la información desvelada este lunes por Podemos sobre los contratos menores fraccionados, a raíz de una información exclusiva de elDiario.es Andalucía, al igual que el asunto de los contratos de emergencia, no se desprende si las plataformas provinciales seguían directrices de los servicios centrales del SAS, como persigue el PSOE, pero sí que también ese modus operandi, al menos en ese fraccionamiento “en fraude de ley” del que advirtieron los auditores de la Junta en cada una de las ocho provincias andaluzas, merece una investigación judicial.
Se trata de contratos menores, una variante excepcional para situaciones de urgencia que, sin embargo, representó casi el 30% del total de contratos que hizo el SAS en las ocho provincias andaluzas en 2021. Ese sistema permite sortear los controles de fiscalización habitual, y adjudicar a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, siempre que el gasto no exceda de los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros; hasta 30.000 euros para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 euros para obras.
Es de recordar también que ha pasado poco más de un mes desde que Moreno cesara a la interventora general de la Junta de Andalucía que avisó precisamente de ese troceo de miles de contratos “en fraude de ley”. Los interventores advirtieron de que la Junta había adjudicado a dedo 1.225 millones en el año 2021 troceando cientos de contratos en las ocho provincias, si bien ha sido en Cádiz donde la denuncia de Podemos ha cuajado y donde se van a investigar un total de 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial del que informó este medio.
La coincidencia temporal del cese de María Antonia González y de otros cuatro interventores de la Junta con los avances judiciales al compás de los informes de los auditores está siendo minimizada en las últimas semanas por el Gobierno de Moreno como algo “circunstancial” y amplificada por todos los grupos de la oposición. Dos de ellos (PSOE y Podemos) ya han ‘colocado’ sus denuncias en tribunales de Sevilla y Cádiz.
Suerte diversa en las provincias
Mientras el PSOE ha fracasado en sus dos intentos de que el juzgado de Sevilla centralice todos los contratos de emergencia del SAS suscritos en las provincias, Podemos ha pretendido en su denuncia ejercer de acusación popular. El proceso en este caso ha sido distinto: la formación de izquierdas denunció hechos relativos a cuatro provincias en un juzgado de Sevilla que, en atención a los mismos, derivó la denuncia a otras tantas provincias. El juzgado de Cádiz ha admitido el escrito y ha decidido practicar diligencias, si bien en las otras ha corrido una suerte desigual: de Huelva aún no han obtenido respuesta mientras que juzgados de Córdoba y Jaén han instado a la formación a presentar sendas querellas criminales, que Podemos ha descartado al entender que no es la fórmula adecuada para este proceso.
La acusación socialista ha querido ahora incorporar al proceso de Sevilla unas instrucciones de los servicios centrales del SAS con las que intentar demostrar que los responsables provinciales no podían saltarse el “filtro necesario” para aprobar contratos de emergencia a dedo con clínicas privadas al necesitar su “autorización preceptiva”.
Lo que aquí investiga el juzgado de Sevilla es una denuncia por parte del PSOE que ha puesto en manos de los tribunales un modus operandi del SAS en los contratos de emergencia -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- que prorrogó entre el año 2020 y 2024 amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando el Gobierno ya lo había derogado.
