El último proyecto turístico en Mogán: 92 apartamentos con una licencia de hace 25 años y la sombra de un asesor municipal

Desde la carretera que serpentea pegada a la costa del sur de Gran Canaria se distingue desde hace décadas una urbanización inacabada. Se sitúa en una colina a la espalda del complejo de Anfi del Mar y su playa artificial de arena blanca y aguas cristalinas, una de las zonas con mayor atractivo turístico de la isla. Una barrera impide el paso, pero las calles están dibujadas y asfaltadas desde principios de siglo. Las farolas se alinean a los lados de unas escaleras que, de momento, no llevan a ninguna parte y la montaña se corta en bancales hasta llegar a un gran muro de piedra. Es el barranco de Balito, en Mogán. 

Las imágenes aéreas con las que Grafcan (la empresa pública Cartográfica de Canarias) documenta la evolución del territorio insular muestran que en este enclave apenas ha cambiado nada en los últimos 25 años. Sin embargo, está a punto de hacerlo. O eso es, al menos, lo que promociona la empresa que proyecta en ese lugar un complejo de 92 apartamentos “con vistas panorámicas únicas sobre el Atlántico”.

El pasado 14 de octubre, el Grupo Meridional informaba de que su promotora Montebalito ponía a la venta la segunda fase del proyecto, 32 viviendas de entre 50 y 55 metros cuadrados, con precios que oscilan entre los 285.000 y los 310.000 euros. Con una inversión de diez millones de euros, la idea de la promotora es acabar la urbanización en 2026 y empezar a construir los apartamentos en 2027. 

Ortofoto histórica de Grafcan en el año 2004, en la que ya se puede ver el esqueleto de la urbanización.

Un mes antes de ese anuncio, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), presumía en una entrevista en el podcast The Alexis Army de que durante sus diez años de mandato solo se había creado un hotel en el municipio, en el año 2017. “El resto se ha renovado”, respondió cuando fue preguntada por las 40.000 camas turísticas que contabiliza en la actualidad este municipio del sur de Gran Canaria. 

En esa entrevista, Bueno aseguró que no se podía oponer al crecimiento turístico en el municipio si los proyectos estaban “bendecidos” por el planeamiento urbanístico. “Si yo ahora digo que no quiero que mi municipio crezca con ese número de camas porque quiero un modelo distinto, ¿quién indemniza a esa gente?”, se preguntaba. Apenas treinta días después, el Grupo Meridional anunciaba sus planes para este enclave del sur de Gran Canaria, una información de la que se hizo eco la televisión pública de Mogán. 

La licencia

El proyecto suscita algunas dudas urbanísticas. La licencia original, según confirman tanto la propia empresa como un informe de la jefa de Urbanismo de Mogán, se concedió hace más de 25 años, en mayo de 2000, a la empresa Cartemar, antigua denominación de Montebalito. En principio, contemplaba la construcción de 114 apartamentos. Tres años después, el Ayuntamiento otorgó una prórroga a la promotora, elevó la categoría del establecimiento extrahotelero (a tres llaves) y redujo las unidades alojativas a 92. 

Tras el desmonte y la construcción del muro de contención, las obras quedaron paradas en 2004. Años después, y siempre según las actas e informes municipales a los que ha tenido acceso este periódico, la promotora solicitó un reformado del proyecto (obra mayor) que el Ayuntamiento de Mogán autorizó en 2011. Es la última licencia concedida. 

Escaleras de la futura urbanización ‘Vista Balito’.

Ese reformado autorizaba una construcción de más de 5.000 metros cuadrados sobre rasante y más de 1.500 bajo rasante. En todas las parcelas, la altura máxima debía ser de dos plantas. Y la licencia municipal estipulaba un plazo máximo de ejecución de 35 meses. “Las obras se iniciarán en el plazo máximo de seis meses y se terminarán en el plazo máximo de 35 meses a partir de la iniciación. Transcurridos dichos plazos, se procederá a la caducidad de la licencia, previa audiencia del interesado, no pudiéndose en tal caso iniciar ni proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la ordenación urbanística en vigor”, recoge de forma literal el permiso concedido por el Ayuntamiento. 

En un informe firmado el pasado 16 de diciembre en respuesta a un escrito presentado por Nueva Canarias (NC), la jefa del servicio de Urbanismo de Mogán admite que la solicitud de declaración de caducidad o prescripción de esas licencias “es pertinente”, dada “la antigüedad de las mismas y los plazos previstos en cada una de ellas para el inicio y finalización de las obras”. “De confirmarse que tales obras no se hayan iniciado y/o concluido en los plazos previstos al efecto en las resoluciones administrativas por las que se otorgaron las respectivas licencias, se deberá proceder a la incoación de los correspondientes expedientes de caducidad de las mismas”, concluye. 

El planeamiento

Las dudas, sin embargo, van más allá de la vigencia de esas licencias. Se extienden al planeamiento. El instrumento general de ordenación urbanística de Mogán son las normas subsidiarias, que fueron aprobadas en noviembre de 1987 pero que no se publicaron hasta 2008. Esa demora de treinta años ha tenido repercusiones importantes en el devenir del municipio, puesto que los planes parciales desarrollados al amparo de esas normas subsidiarias entre 1987 y 2008 han tenido que ser anulados por falta de cobertura jurídica. 

El proyecto de urbanización del barranco de Balito se apoya en el Plan Parcial Cornisa del Sur -área Las Colinas, Polígono 24 (Calas)-, que fue aprobado el 23 de febrero de 1988. Es decir, tres meses después que las normas subsidiarias de Mogán. La cuestión que se plantea, por tanto, es si ese plan parcial también debe ser anulado y, en consecuencia, si la iniciativa para construir 92 apartamentos en la zona goza o no de cobertura urbanística. 

Para la jefa de Urbanismo de Mogán, la falta de vigencia de las normas subsidiarias hasta el año 2008 no es determinante de la nulidad del plan parcial. La funcionaria entiende, por las fechas, que ambos instrumentos fueron tramitados “de forma paralela y casi simultánea”, por lo que sostiene que el Plan Parcial Cornisa del Sur no se puede considerar “un desarrollo” de las normas subsidiarias. Es decir, que es independiente. 

Contenedores de la obra de Montebalito y la constructora Satocan.

Fuentes expertas en Urbanismo consultadas con este periódico discrepan de esa interpretación y, para ello, remiten a lo dispuesto en la introducción de las ordenanzas generales de urbanización vinculadas con ese plan parcial. Esa memoria recoge en su parte inicial la siguiente frase: “Las presentes ordenanzas tienen aplicación en el ámbito del plan parcial que remodela y actualiza el planeamiento del área Las Colinas de Cornisa del Suroeste, definido como sector único en las normas subsidiarias municipales. Para aquellos aspectos que no queden definidos de las presentes ordenanzas, la normativa de las normas subsidiarias tendrá el carácter de complementaria, por lo que sería de aplicación”. 

Además, según remarcan las mismas fuentes, ese Polígono 24 de Las Calas (el lugar donde la promotora Montebalito prevé construir los 92 apartamentos con vistas al mar) está previsto en las normas subsidiarias de Mogán como suelo de uso turístico.  

Las normas subsidiarias y el plan parcial

De hecho, el Ayuntamiento de Mogán difundió el 28 de junio de 2019 (principios del segundo mandato de Onalia Bueno) una nota de prensa en la que informaba del inicio del procedimiento de modificación de las normas subsidiarias “para posibilitar el desarrollo urbanístico” en Balito. “Esta iniciativa procede de la entidad privada Montebalito, aunque el Consistorio es el que ostenta la competencia para llevar a cabo la modificación de las normas subsidiarias, necesaria para continuar con el desarrollo urbanístico del municipio hasta que se tramite la aprobación inicial prevista a finales de año del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Mogán”, decía entonces el gobierno de Bueno. 

Lo cierto es que seis años y medio después, ni el PGOU de Mogán ha sido aprobado ni tampoco se ha resuelto esa modificación de las normas subsidiarias que en aquel momento el Ayuntamiento consideraba necesaria para el desarrollo urbanístico de Balito. 

El acuerdo de inicio del expediente para la modificación de las normas subsidiarias de Mogán incidía en que la urbanización de Balito no había sido recepcionada. Es decir, la promotora no había cedido aún a la administración las dotaciones e instalaciones que estuviera obligado a ejecutar -calles, aceras, alumbrado- para cumplir el proyecto y como contraprestación por el aprovechamiento de la licencia urbanística. Además, el Ayuntamiento remarcaba que el proyecto debía someterse a un procedimiento simplificado de evaluación ambiental para determinar si la edificación prevista “tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”. 

En ese expediente, la corporación subrayaba que la parcela donde Montebalito pretende levantar los 92 apartamentos se sitúa “en una de las piezas de suelo más atractivas del municipio” y “prácticamente la única que se encuentra en primera línea de playa”. 

A pesar de haber pedido hace más de seis años esa modificación de las normas subsidiarias (hasta ahora no aprobada), la empresa promotora sostiene ahora que “el instrumento de planeamiento en vigor” que da cobertura legal a las obras es el Plan Parcial Cornisa del Sur de 1987.

Según el mencionado informe de la jefa de Urbanismo de Mogán, ese plan parcial no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), un trámite indispensable para que adquiera eficacia, hasta el 26 de junio de 2023, tras haberse detectado “que tan solo constaba la publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de Canarias”. 

La promotora y el asesor

Con todo, y pese a esas dudas de planeamiento, Montebalito ya está vendiendo la segunda fase de esa promoción de apartamentos con importes que rondan los 300.000 euros. 

Montebalito es la única empresa canaria que cotiza en bolsa y tiene la propiedad mayoritaria del grupo Meridional. Según las cuentas de 2024, depositadas esta misma semana, la empresa tiene un patrimonio de 124 millones de euros. El último ejercicio facturó 1,5 millones de euros, pero cerró el año con pérdidas de 1,08 millones. 

El 86% de la empresa está en manos de tres grupos inversores: Metambiente (el socio mayoritario, con un 44% de las acciones), Luxcartera y Gestión de Negocios Argo. 

Entre octubre y noviembre se produjo una reestructuración importante en la cúpula directiva de la entidad, con un cambio en la presidencia incluido. Entre las personas que fueron cesadas se encontraba un viejo conocido del Ayuntamiento de Mogán: Francisco Javier Jiménez de Cisneros, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y experto en urbanismo, en particular sobre dominio público portuario. 

Parcelas donde Montebalito prevé construir el complejo de 92 apartamentos.

Según los informes del Registro Mercantil, Jiménez de Cisneros fue consejero de Montebalito desde finales de 2018 hasta mediados de 2024. En noviembre de 2024 fue designado presidente del comité de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de la entidad, cargo en el que permaneció un año. Su cese se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el pasado 4 de noviembre. 

Al mismo tiempo que ha estado vinculado con esta empresa con intereses urbanísticos en Mogán, Jiménez de Cisneros ha ejercido como asesor externo del Ayuntamiento durante los mandatos de Onalia Bueno. Ya en febrero de 2016 se le adjudicó un contrato menor de 18.000 euros para el “asesoramiento jurídico especializado en materia de dominio público y ordenación del territorio”. Ese decreto tuvo que ser rectificado para reducir el importe y ajustarse al límite legal de los contratos menores. Tan solo dos meses después, firmaba otro (en esta ocasión, de 5.000 euros) para defender al Consistorio sureño en un incidente de nulidad contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

En aquel momento, la alcaldesa de Mogán definió a Jiménez Cisneros (con pasado como consejero de la Autoridad Portuaria de Las Palmas) como “una primera espada” en materias relacionadas, sobre todo, con Costas. Bueno afirmaba entonces que el despacho que lideraba el catedrático de Derecho Administrativo estaba ayudando a desbloquear proyectos que llevaban paralizados más de veinte años y que le asesoraba “en otros asuntos”. 

En 2017 y 2018 también resultó adjudicatario de varios contratos menores del Ayuntamiento de Mogán. En un solo ejercicio encadenó cuatro y por importes que sumaban más de 30.000 euros, pese a que la Ley de Contratos del Sector Público establecía en aquel momento que los contratos menores de servicios no podían superar los 18.000 euros (ahora son 15.000) y no podían durar más de un año. Los interventores llegaron a informar de forma desfavorable a esos pagos, al considerar que se estaba troceando el objeto del contrato para evitar sacarlo a concurso público, lo que obligó al gobierno liderado por Onalia Bueno a llevar las facturas a pleno para un reconocimiento extrajudicial de crédito. 

El vínculo se ha mantenido hasta la actualidad. Jiménez de Cisneros resultó adjudicatario en febrero de este año de otro contrato de 12.000 euros para la defensa jurídica del Ayuntamiento de Mogán en un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El gobierno de Bueno llevó al pleno de noviembre un reconocimiento extrajudicial de crédito que incluía una factura de 10.000 euros del abogado. 

Este periódico preguntó el 22 de octubre a la promotora por esa doble condición de Jiménez de Cisneros, que en aquel momento tenía un puesto de responsabilidad en el Consejo de Administración de Montebalito. La respuesta llegó el 7 de noviembre, tres días después de que se publicara en el BORME la reestructuración en la entidad y la salida del también asesor externo municipal. “Fue consejero durante un tiempo. Actualmente, no ostenta ningún cargo en la sociedad”, contestaron fuentes de la empresa.