Koldo García se proclama inocente y carga contra Aldama y el ministro Puente por su auditoría de las mascarillas

Koldo García se proclama inocente y carga contra Aldama y el ministro Puente por su auditoría de las mascarillas

El que fuera asesor de Ábalos reclama su absolución y niega de forma «rotunda y en profundidad» el relato de las acusaciones que piden para él hasta 30 años de cárcel por las irregularidades en el Ministerio de Transportes

Aldama admite los delitos del caso mascarillas y pide una rebaja de condena por su “colaboración proactiva”

El que fuera asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García ha presentado su escrito de defensa ante el juicio que celebrará el Tribunal Supremo por la trama de corrupción urdida en ese departamento con contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. Su abogada, Leticia de la Hoz, reclama su absolución y niega de forma “rotunda y en profundidad” el relato de las acusaciones que piden para él hasta 30 años de cárcel. 

La letrada pide que declaren como testigos en la vista oral el exministro de Sanidad y presidente de Catalunya, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la expresidenta de las Islas Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol. Koldo García está en prisión provisional desde el pasado noviembre. 

También carga duramente contra el empresario y corruptor confeso Víctor de Aldama, al que llama “ornitorrinco procesal” por su condición de “acusado que actúa como acusador de facto”. Su relato, dice el escrito, es la base del “relato fabulado” de la Fiscalía. Koldo García, sin embargo, lo acusa de mentir en su propio escrito de defensa, en el que afirma que acordó repartir con Ábalos y Koldo “aproximadamente el 50% de las comisiones” que cobró por los contratos.

“Dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia de mi representado”, afirma la defensa de Koldo, que pide que el interrogatorio de De Aldama preceda al del resto en el juicio y se someta al régimen de contradicción propio de un testigo.

Asimismo, arremete contra la auditoría que realizó el Ministerio de Transportes que en la actualidad Óscar Puente que señaló la gestión del equipo del exministro José Luis Ábalos y apuntó a la existencia de “irregularidades” en los contratos para la compra de mascarillas. El propio Puente dijo en una comparecencia pública que parecía “evidente” que los “requisitos exigibles” para las compras mediante contratos de emergencia “no se cumplieron”. El hecho de que el informe fuera publicado inmediatamente en la página web del Ministerio generó “una presión mediática sin precedentes”, sostiene el escrito.  

Según la defensa de Koldo García, ese informe fue un encargo ad hoc y fue realizado con una “evidente orientación incriminatoria” encaminada a desligar a la actual dirección ministerial de la gestión anterior. También subraya que “contradice abiertamente” las conclusiones del informe realizado por el Tribunal de Cuentas, que “consideró justificada la tramitación de emergencia”. Asimismo, sostiene que esa auditoría ocultó de forma “deliberada” un “dato técnico clave”: el cuadro de previsión de necesidades de mascarillas para generar la “apariencia engañosa” de que la decisión de compra a la empresa de la trama “se tomó en función de dicha oferta y no de necesidades reales”.

Al igual que Ábalos, la defensa de Koldo García también denuncia que no se le ha permitido acceder a sus propios dispositivos telefónicos incautados, lo que le impide contextualizar los mensajes de WhatsApp utilizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para incriminarle.

El escrito también afirma que la investigación ha incluido hechos que no figuraban en el suplicatorio original autorizado por el Congreso para investigar a Ábalos. A su juicio, asuntos como el rescate de Air Europa, las gestiones para la empresa de hidrocarburos Villafuel o la contratación de la expareja de Ábalos Jessica Rodríguez en empresas públicas son hechos nuevos que requerirían una nueva autorización parlamentaria. De lo contrario, esas actuaciones serían nulas.