¿De dónde sale el dinero?, ¿quién gana más? Preguntas y respuestas sobre el nuevo modelo de financiación

¿De dónde sale el dinero?, ¿quién gana más? Preguntas y respuestas sobre el nuevo modelo de financiación

Montero defiende la mayor solidaridad frente al sistema actual sin privilegiar ni perjudicar a nadie. «No puede existir un modelo a medida para una comunidad concreta, sino dar respuesta a las realidades del conjunto, que son muy diversas»

El Gobierno plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades: “Este modelo es más solidario que el actual”

La cuadratura del círculo. Es lo que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado llevar a cabo en la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. Un “complejo” ejercicio que dote a todas las comunidades autónomas de mayores recursos que permitan “blindar” el Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales) que tenga en cuenta la singularidad territorial de España y que contente, tanto a ERC –uno de sus socios parlamentarios más fiables– sin aparecer ante el resto de comunidades, que se privilegia Catalunya. Es decir, que todas salgan ganando. “No puede existir un modelo a medida para una comunidad concreta, sino dar respuesta a las realidades del conjunto, que son muy diversas”. El cupo catalán ha quedado enterrado.

¿Cuánto dinero extra aporta?

El nuevo modelo propuesto aporta unos recursos de 224.507 millones de euros, en 2027, que es cuando echaría andar. Son 72.023 millones que los 152.484 millones de 2023, la última liquidación disponible por el Ministerio de Hacienda. Nunca las comunidades autónomas habían tenido tantos recursos como ahora.

¿De dónde sale el dinero?

De dos grandes bolsas. Por un lado, el grueso, 16.000 millones de euros, de una mayor cesta de impuestos. Se aumenta el porcentaje de cesión del 50% al 55% del IRPF y del 50% al 56,5% del IVA, mientras que se mantiene el 58% de Impuestos Especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos. A los impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que están ya cedidos al 100% a los gobiernos regionales, Hacienda incorpora más figuras impositivas que ya existen (no son nuevas). Son el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, el Impuesto sobre Actividades del Juego y el Impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración.

Ello da más autonomía y mayor corresponsabilidad fiscal a las comunidades.

Además, el Estado aporta recursos nuevos al sistema, hasta alcanzar los 19.000 millones, que procederían del 5% del rendimiento del IRPF y de transferencias adicionales: como un fondo climático dotado con 1.000 millones para las regiones más afectadas por el calentamiento global y otro de 400 millones, denominado statu quo, para garantizar que al inicio de la nueva aplicación ninguna comunidad reciba menos recursos que ahora, como sucede con Cantabria, por ejemplo.

Las comunidades autónomas que quieran podrán solicitar también recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio, sin que afecte a la financiación ni a los ingresos del resto.

¿Cuánto gana cada comunidad?

Según la propuesta presentada este viernes, Andalucía es la comunidad que percibiría más ingresos con el nuevo sistema en términos absolutos (4.846 millones), seguida de Catalunya (4.686 millones), la Comunitat Valenciana (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones). Por el contrario, Cantabria y Extremadura perderían recursos, pero se las compensará con el fondo statu quo.

Esto es así porque el criterio que se emplea para la distribución de los recursos entre comunidades es la población ajustada, ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y en las necesidades de financiación (superficie, densidad de población, envejecimiento, población en edad escolar).

En términos capitativos, es decir, teniendo en cuenta la población, pero sin ajustarla a las singularidades de cada región, Murcia (con 743 euros por habitante) y Comunitat Valenciana (con 668 euros) son las regiones que ganan más, según el cálculo de elDiario.es. Les siguen Castilla La Mancha (583 euros), Catalunya (572 euros) y Andalucía (556 euros), como pueden apreciarse en el siguiente cuadro.

“No es un juego de suma cero, no es verdad que lo gana una lo pierda otra”, según Montero, puesto que el criterio de población ajustada permite que todas las personas tengan un nivel de servicios similar con independencia del lugar donde viven“. Es más, la nueva propuesta añade un a nueva variable para las comunidades que pierdan población no pierdan recursos.

¿Es un sistema más solidario?

Has dos mecanismos que ahondan en esta dirección. Por un lado, gracias a la cesta de impuestos, se reducen las distancias en financiación per cápita entre comunidades. De todos los recursos que reciben, las CCAA se quedan el 25% y el 75% restante, que es el grado de nivelación o solidaridad, va a un fondo común y este dinero se reparte según unos criterios de igualdad, básicamente de población ajustada con determinados parámetros. Las regiones con mayor capacidad tributaria aportan y las de menor capacidad, reciben. “En la medida que aumentan los recursos de las comunidades, también aumenta el grado de nivelación”, explica la vicepresidenta María Jesús Montero.

“Este modelo es más solidario que el modelo actual vigente”, asegura Montero.

Por otro lado, gracias a la aportación extra de recursos por parte del Estado (lo que se conoce como nivelación vertical), “se reduce en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante”, asegura la ministra, para quien “esto es lo relevante, más que si se mantiene la ordinalidad”.

Con el modelo actual, el resultado de esta cesta (según la última liquidación, de 2023) es que Madrid recaudaba 148,1 sobre una media de 100 (es decir, obtiene unos ingresos el 48% superior a la media); Baleares 121,3; Catalunya 119%; Cantabria 102% y Aragón 100. El resto está por debajo de la media, según los últimos datos recogidos por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de Barcelona a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

Este orden se mantiene tras la actuación del FGSPF (Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales), que se aplica con el objetivo de garantizar que cada comunidad autónoma reciba los mismos recursos por habitante para financiar los servicios esenciales del estado del bienestar haciendo el mismo esfuerzo fiscal. Pero el modelo se desajusta tras la aplicación de otros fondos para compensar a determinadas comunidades autónomas, como muestra el siguiente cuadro.

Es lo que Catalunya –tanto el Gobierno socialista de Salvador Illa como ERC, quieren revertir–. Que se mantenga la ordinalidad. ¿Qué quiere decir? Que después de asegurar que todos los ciudadanos reciban servicios públicos similares con independencia del lugar donde residen se garantice también que las CCAA que más aportan no pierden posiciones en el ranking, como sucede ahora. Tanto Oriol Junqueras, el jefe de los independentistas republicanos, como Montero aseguran que será así en el caso de la comunidad autónoma catalana.

Pero la vicepresidenta primera no lo asegura para el resto. “Tiende a la ordinalidad”, asegura, pero ya avanza que en algunos casos no se cumplirá porque algunas recibirán recursos ad hoc para mantener su posición actual, el statu quo. Madrid debería ser la primera, pero Cantabria seguirá liderando el ranking de financiación por habitante, seguida de Madrid y de Catalunya, ha avanzado la ministra.

Recaudación más rápida

La propuesta de Hacienda va acompañada de otros elementos para mejorar la gestión de los tributos, como por ejemplo dar a las regiones la posibilidad de renunciar al sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

El Gobierno pretender desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo de la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas, nada que ver con la agencia tributaria propia que demanda ERC.