Incendios, residuos o caza ilegal: cientos de denuncias ambientales, paralizadas en Castilla y León por falta de personal

La ausencia de instructores jurídicos deja sin tramitar cientos de denuncias medioambientales en Castilla y León. Los servicios de Medio Ambiente de Castilla y León están colapsados por la falta de personal y un número indeterminado de denuncias medioambientales están a la espera de ser tramitadas o con unos procedimientos que han caducado por la sobrecarga. “Los servicios jurídicos que tramitan esto están bajo mínimos”, aseguran los sindicatos. La mitad de los puestos de instructor jurídico están vacantes o autorizados (pero no ocupados por un profesional), según ha confirmado la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. Poco importa qué tipo de agente ponga la denuncia: un celador, un guardia civil, un agente medioambiental (hay más de 700 en Castilla y León) o un guardia de campo.

“Lo de los servicios jurídicos es un desastre. Llegan las denuncias y dicen: ‘que prescriben las que sean’”, denuncian los ecologistas. “Las infracciones leves ya ni las tramitamos porque el volumen ya sería brutal, pero es que las denuncias más graves no se van a tramitar y los infractores se ríen de ti”, lamenta un celador medioambiental, que prefiere mantener el anonimato. Aún se desconoce el impacto que tendrá esta situación en el número de infracciones no tramitadas, aunque elDiario.es ha pedido esa información a través del servicio de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Cada instructor jurídico tramita un tipo (o varios) de casos: caza y pesca, montes e incendios, residuos y calidad ambiental, etc.. La ausencia de uno (o más) de estos instructores jurídicos provoca un ‘vacío’ en esas áreas, cuyas infracciones dejan de tramitarse. “Puede ser que haya provincias que tramiten denuncias en montes, pero no en residuos”, explican desde CCOO. Por eso es tan difícil cuantificar la gravedad del problema.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija 26 puestos de instructor jurídico en el área de Medio Ambiente, tres en todas las provincias salvo en Salamanca, donde hay dos puestos. Sin embargo, hay 7 puestos vacantes: 2 en Burgos y uno en León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Además, se ha solicitado en 2025 la cobertura de dos plazas en Ávila, Burgos y Valladolid y una en León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. De estas, ya se han autorizado 6 plazas, que se espera que se cubran próximamente: dos en Ávila y uno en Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La Consejería de Medio Ambiente no ha querido explicar ni valorar qué supone esta situación que viven las Delegaciones Territoriales, pero hay asociaciones como Ecologistas en Acción que llevan meses alertando de la situación: “las denuncias no se tramitan, amontonándose expedientes que ni tan siquiera se inician, con riesgo serio de que en muchos casos caduquen sin resolver sobre el fondo de la cuestión”. El delegado nacional de Medio Ambiente de CSIF, Marcelino Arribas, lamenta que este puesto es “poco goloso económicamente” porque hay otros puestos similares con mejor retribución que el de instructor jurídico de Medio Ambiente.

El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar, considera que se está “jugando con la seguridad de los agentes medioambientales”. “Todas esas denuncias se tienen que instruir y sancionar por parte de la Junta, que las deja caducar o prescribir y al final la gente se ríe de ti”, lamenta Escolar. Además de la inseguridad, CSIF agrega que la Junta de Castilla y León está perdiendo su capacidad recaudadora y reduce los ingresos económicos. CCOO agrega que una sola persona es insuficiente para tramitar los expedientes en todas las materias: “No da tiempo y las denuncias prescriben porque no se inicia el procedimiento”.

“Nosotros sabemos que casi todas las denuncias relacionadas con caza y vías pecuarias no llegan a tramitarse porque el interino se marchó y ahora es un desastre”, aseguran desde Ecologistas en Acción Palencia, que no tiene noticias del Servicio Territorial desde mediados de 2025. “Sabemos que algunos expedientes no se han abierto, tenemos un trámite pendiente de resolver desde 2023, por ejemplo, y hay otros cuatro o cinco en los que estamos personados y de los que no sabemos nada”, explica a elDiario.es el presidente de Ecologistas en Acción de Palencia, Alberto Fuentes.

Puestos vacantes desde hace años

En Palencia recuerdan que hasta 2023 no se resolvió una denuncia interpuesta en 2018: “El mismo agricultor ha vuelto a roturar en una zona de hábitat de la alondra ricotí en 2024, pero la especie ya no estaba catalogada como vulnerable, sino como especie en peligro de extinción. Y la Junta de Castilla y León mantuvo sus fundamentos de Derecho como si siguiera siendo una especie vulnerable. Hicieron copia y pega”, denuncia el representante de Ecologistas en Acción Palencia.

En Valladolid hay una plaza vacante desde agosto de 2023 y otra vacante desde septiembre de 2025. El año pasado se solicitó la cobertura de ambas plazas, pero solo una de ellas ha sido autorizada recientemente. Este jueves se notificó la adjudicación de la plaza a una funcionaria interina que tomará posesión “en los próximos días”. Según fuentes internas, en Valladolid falta un instructor que aborde las denuncias de Medio Natural, por ejemplo. “Es una vergüenza”, reprocha un trabajador público consultado por este medio.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos en su sección de Régimen Jurídico, tiene establecidos tres puestos de jurídicos que se reparten diferentes campos. Un jurídico se encarga de los expedientes relacionados con “montes”, otro de los expedientes de “caza y pesca” y el tercero de los expedientes de “protección ambiental”.

Fuentes internas aseguran que en Burgos la persona que se encargaba de tramitar los expedientes de Protección Ambiental dejó su puesto en octubre de 2024, al igual que la persona que tramitaba los expedientes de Caza y Pesca, que también se marchó en marzo de 2025. Ambos empleados públicos causaron baja porque llevaban tres años como interinos en ese puesto. Estas plazas siguen sin cubrirse. Fuentes internas calculan que solo en Burgos podría haber cerca de doscientas infracciones denunciadas cuyo futuro es incierto.

El jefe de Burgos pide que intervenga la Inspección

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio. En julio del año pasado Ecologistas en Acción escribió un escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos solicitando poner fin a dicha situación, aunque no se ha planteado ninguna solución. “A lo largo de estos tres años de contratación interina no se haya desatollado actuación alguna encaminada a cubrir las plazas de modo definitivo”, alertó hace seis meses, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes sindicales también critican que el Ejecutivo no haya convocado estas plazas en los procesos de estabilización de funcionarios.

Ecologistas en Acción advirtió entonces de “la impunidad absoluta” de los incumplidores medioambientales que deberían ser objeto de sanción. Poco después, respondió el jefe del Servicio Territorial que se había requerido la ocupación de esta plaza desde febrero de 2025. Además, desde octubre de 2024 hasta julio de 2025, uno de los funcionarios recibió 106 denuncias; y desde marzo hasta julio de 2025, el otro trabajador público recibió 67 denuncias. Ninguno de esos expedientes habían sido instruidos en julio del año pasado, según ha podido confirmar este periódico. Hace tan solo unas semanas, a finales de diciembre de 2025, la Junta de Personal de Funcionarios de Burgos envió un escrito a la Delegación Territorial de Burgos pidiendo que se cubrieran las dos plazas vacantes.

El nuevo jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente descarga la responsabilidad sobre la Secretaría General de la Consejería, dado que ha pedido que se hicieran las gestiones convenientes en ocho ocasiones entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. “Esas plazas siguen vacantes no por desidia del Servicio Territorial, sino porque desde Secretaría General no consiguen que Función Pública autorice la cobertura de las mismas, ya que al haber estado ocupadas durante tres años por interinos, solo pueden ser cubiertas por personal funcionario o en un proceso selectivo”, señaló en un documento del 30 de diciembre, al que ha tenido acceso este diario.

El jefe de Servicio Territorial ha instado a la Junta de Personal a que haga “las gestiones oportunas” para cubrir las plazas, dado que está entre sus funciones “la defensa de los funcionarios”. Los trabajadores públicos temen que, cuando se cubran las plazas vacantes, dé carpetazo a todos los expedientes antiguos porque lo considerarán un trabajo “excesivo”, algo que ya ha sucedido en circunstancias similares.