El Gobierno reta a los barones del PP a rechazar de forma voluntaria 15.000 millones más de financiación autonómica

La primera reunión entre el Gobierno y las comunidades para abordar la reforma de la financiación autonómica acabó este miércoles sin acuerdo. Era lo previsto. Los barones del PP ya habían anticipado un rechazo en bloque, Castilla-La Mancha y Asturias —con gobiernos del PSOE— se han desmarcado, con diferente intensidad, y solo Catalunya apoya la propuesta. Pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha recordado que será “voluntario” acogerse al nuevo sistema, que promete aumentar los ingresos de todas las regiones. Y ahí los consejeros de Hacienda han preferido no contestar a qué harán cuando llegue el momento de tomar una decisión. Sobre la mesa, el reparto de 21.000 millones de euros más, 15.000 de ellos para gobiernos del partido de Alberto Núñez Feijóo.

La cita ha durado unas cuatro horas. Como es habitual, los consejeros han desfilado ante los medios para plantear su posición. El PP controla 11 comunidades, lo que le permite tener una posición de fuerza en las negociaciones. Pero esta vez la mitad de los representantes autonómicos han abandonado el Ministerio de Hacienda sin responder a las preguntas de los periodistas.

La primera en salir fue la consejera de Madrid, Rocío Albert, quien anticipó una batalla legal contra el nuevo sistema y abrió fuego contra los catalanes. “No vamos a aceptar que Catalunya reciba más que Madrid. Ni mucho menos lo vamos a sufragar”, aseguró. Después, se erigió en representante de todo el país: “Vamos a defender a todos los españoles”.

Pero Albert no quiso responder si Madrid renunciará a la nueva financiación. La ministra de Hacienda recordó durante la reunión que legalmente no es obligatorio acogerse al sistema que resulte de la reforma y que las comunidades pueden optar por mantenerse en el actual, con la pérdida de transferencias que eso implica.

En el caso de Madrid, por ejemplo, recibiría 2.555 millones de euros más que con el sistema actual. Un dinero que se quedaría el Gobierno central si la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, decidiera renunciar al nuevo modelo.

Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana, las más beneficiadas

Los cálculos de Hacienda apuntan a que las comunidades que hoy controla el PP verían incrementada su financiación en unos 15.000 millones de euros, con Andalucía a la cabeza por ser la más poblada. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya (…) Si hay un partido político que se beneficia de estas medidas es sin duda el PP”, dijo Montero durante su rueda de prensa. En términos ajustados a la población, Murcia y la Comunitat Valenciana serían las que mejoran sus ingresos.

Las tres están gobernadas por el PP. Y las tres han optado este miércoles por no responder a la pregunta de qué harán si se aprueba la ley con el nuevo sistema. El partido que lidera Feijóo confía en que el Gobierno no logre los 176 votos que necesita para sacar adelante la norma en el Congreso. Montero tendrá que negociar mucho para atraerse los votos de Compromís, Podemos y Junts, que han rechazado o dejado en el aire su apoyo a la reforma.

La consejera madrileña lo expresó así: “Ni siquiera cuenta con apoyo de socios de Gobierno. ¿Cómo va a aprobar este acuerdo?”. No fue la única. Tras ella llegó el turno del murciano, Luis Alberto Marín, quien se mostró muy enfadado con Montero y la reforma, pese a que la suya sería una de las regiones que mejoraría sus ingresos. 

Quizá por eso tampoco quiso responder qué hará la Región de Murcia cuando tenga que decidir si se suma al nuevo sistema o se queda en el actual. Y, como la madrileña, despejó la pregunta y zanjó: “Es bastante improbable que se apruebe”.

Hacienda prevé entregar 1.188 millones de euros más a Murcia, más o menos el doble de los 588 millones que podrían llegar a Galicia. Su conselleiro, Miguel Corgos, reclamó a la salida de la reunión una negociación “multilateral” y aseguró que la propuesta de Montero “no ha dejado contenta a ninguna comunidad” pese a aumentar la financiación en “21.000 millones”. 

Corgos tampoco renunció al nuevo sistema. “Si se aprueba, ya veremos”, dijo. Pero ni siquiera la representante extremeña, Elena Manzano, dio una respuesta clara a la pregunta de qué hará su región llegado el momento. Y eso que Extremadura es una de las peor paradas de la reforma, ya que tendrá un incremento nulo de su financiación, y solo recibirá una inyección de 216 millones por el llamado “mecanismo de statu quo”, creado específicamente para compensar a esta comunidad y a Cantabria.

Silencio de Andalucía y Comunitat Valenciana

En cuanto al resto de consejeros del PP, han optado por salir del Ministerio de Hacienda sin pasar por donde les esperaban los periodistas. Algunos, como el valenciano, han atendido a sus medios autonómicos. En declaraciones a Á Punt, José Antonio Rovira, ha calificado el modelo de “chantaje” que mejora sus condiciones, pero no lo suficiente porque “la gran beneficiada es Catalunya” y “Andalucía”. 

Hace apenas dos días, Rovira aseguraba que el nuevo sistema “no pinta mal”. Pero luego fue corregido por su jefe de filas, Juan Francisco Pérez Llorca, quien lo rechazó pese a los 3.669 millones de euros extra que recibiría la Generalitat, la región que sufre una mayor infrafinanciación.

Tampoco la andaluza Carolina España ha hecho declaraciones posteriores a la reunión. Sí las hizo antes para asegurar que “el modelo mantiene los agravios a Andalucía y sólo beneficia al independentismo”. Su comunidad encabezaría el ‘ranking’ de mejora con 4.846 millones más.

Montero se enfrentará a Juan Manuel Moreno en las elecciones andaluzas previstas para la próxima primavera, en las que el PP teme perder la mayoría absoluta por el empuje de Vox. Los estrategas de la Junta no quieren hacer ni media concesión a la futura candidata socialista y centran su mensaje en señalar la fotografía de Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El eslogan está claro: Sánchez ha pactado la financiación de todos con el independentismo catalán. Un mensaje contundente en la comunidad donde se jaleó el “a por ellos” en los prolegómenos del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

También Aragón y Castilla y León afrontan elecciones en las próximas semanas. Y tampoco sus consejeros han querido fijar su posición ante los periodistas.

Una propuesta del PP y un precedente con el PSOE

Mientras, el equipo económico de Feijóo prepara a marchas forzadas el documento que presentarán el próximo domingo en Zaragoza, donde el líder del PP se reunirá con los barones autonómicos precisamente para intentar acordar un punto común o, al menos, pactar las notables diferencias que hay entre los presidentes autonómicos.

El PP ha asegurado de forma insistente que ya presentó su propuesta en septiembre de 2024, y que el Gobierno nunca contestó. Pero aquel documento era una mera declaración política con muy poca concreción, lo que ha aprovechado Montero para señalar que el primer partido de la oposición está unido solo en el rechazo al Gobierno, pero que no tiene una propuesta alternativa. El lunes, Feijóo se reunirá con Pedro Sánchez en la Moncloa.

“Si el PP no quiere este modelo, ¿dónde está la alternativa del PP? Cuando preguntamos esto, se nos muestra un seudodocumento que no tiene ni un número, que son literatura, principios. Ni un número. Así que confío en que si el PP realmente tiene prevista una reunión o un cónclave para hablar de financiación autonómica ponga una respuesta encima de la mesa con sus números como ha puesto el Gobierno de España”, aseguró la ‘número dos’ del Ejecutivo tras la cita con los consejeros autonómicos.

La propuesta de Montero de mantener dos sistemas de financiación distintos no es novedosa, sino que tiene un precedente. En los 90, durante el primer Gobierno de José María Aznar, las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) rechazaron el modelo diseñado por el entonces ‘superministro’ de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato.

Los tres ejecutivos regionales rechazaron adherirse al sistema para el quinquenio 1997-2001, permaneciendo en el reparto previo. Pero esto fue bastante problemático a la hora de gestionar sus presupuestos, ya que las tres comunidades exigieron que se les liquidara las cuantías de los ejercicios de 1997 y 1998. Algo a lo que Aznar se negó: “Esas comunidades pudieron ganar un dinero participando en un sistema y no lo ganaron porque no quisieron; así que ahora no se les debe nada”.

La ley de 2009, con un sistema caducado desde 2014, ya contemplaba esa posibilidad para las regiones, aunque todas se adhirieron al nuevo reparto. “La financiación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía que no acepten el sistema contenido en esta Ley en los 6 meses siguientes a la aprobación de la misma, se regirá, a todos los efectos, por la Ley 21/2001 (…) con las adaptaciones que sean necesarias”, recoge una de las disposiciones transitorias de la norma.

“No se obliga a nadie a suscribir el modelo. El que quiera continuar con un modelo previo porque entiende que funciona mejor, no hay ningún problema, porque correremos en paralelo con los dos modelos, y de hecho así lo tenemos previsto”, esgrimió la ‘número dos’ del Ejecutivo.

En realidad, el sistema es similar al de la quita de más de 83.000 millones de deuda autonómica, que ahora mismo espera turno en el Congreso para arrancar las negociaciones con el resto de formaciones. Cada una de las regiones tendrá que firmar un convenio con el Gobierno y, a partir de ahí, se formulará la adhesión a la financiación o a la deuda. “No se va a imponer absolutamente nada”, insistió Montero.

El caramelo es envenenado para algunas de las comunidades peor financiadas y que están dirigidas por el PSOE. En el caso de Castilla-La Mancha, su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, tachó de “chantaje” la propuesta de Hacienda. “El chantaje es o aceptáis el modelo o perdéis 1.248 millones de euros. Si esa es la vía política, habrá que ir a la judicial”, aseguró.

Si bien Castilla-La Mancha sale notablemente beneficiada con la propuesta diseñada por Montero, en el Gobierno de Emiliano García-Page entienden que estos datos todavía los dejan en una situación de desventaja con el resto de comunidades. El propio García-Page, en un mensaje a través de la red social X, se hizo eco de un estudio del ‘think-tank’ Fedea para cargar contra el proyecto: “El estudio es del centro de investigación Fedea y respalda lo que advertimos: el modelo privilegia a Catalunya y las comunidades que estamos infrafinanciadas vamos a seguir estándolo. La propuesta de financiación pactada con ERC no debe salir, atenta contra la igualdad”.

Asturias, liderada por el PSOE de Adrián Barbón, evitó dar declaraciones a los medios de comunicación. Y, si bien no está del todo contenta con el modelo, no queman puentes. “Han hecho un pronunciamiento de querer incorporar elementos al modelo que consideran que pueden ser mejorados y que trabajan en ese entorno”, respondió Montero, preguntada por la postura de esta región en la rueda de prensa.

El Gobierno abrirá ahora una serie de reuniones técnicas con cada una de las comunidades autónomas y elaborará un primer texto que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Después, lo llevará a una nueva reunión del CPFF, que podría ser en torno a finales de febrero, en la cual, entonces sí, cada una de las regiones tendrá que posicionarse. Solo cuando reciba el visto bueno por segunda vez del Consejo de Ministros y sea enviado al Congreso, comenzarán las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios. Singularmente, con Junts. “Se está dispuesto a lo que se necesite para sacar adelante el modelo”, zanjó la vicepresidenta. El objetivo es que esté en manos de los diputados antes de junio y que se apruebe antes del 31 de diciembre. Pero entonces Montero ya no ocupará el despacho de ministra de Hacienda sino que estará de vuelta en Andalucía.