La Audiencia de Madrid absuelve a Medina y Luceño de la estafa de las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid por haberse quedado con 6 de los 11 millones que el Consistorio desembolsó en material sanitario en una operación durante la pandemia. El tribunal solo condena a Luceño por el delito de fraude fiscal y otro de falsificación de documento público, al haber fabricado un carnet del CNI, entre otros documentos.

Alberto Luceño ha sido condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, a los que hay que sumar una indemnización de 1.351.386,26 euros a la Agencia Tributaria. Por la falsificación del carnet del Centro Nacional y la manipulación de dos salvoconductos para poder circular durante el periodo que duró el confinamiento ha sido condenado a ocho meses de prisión y 12.000 euros de multa. Medina ha sido absuelto también del delito de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina en el denominado ‘caso mascarillas’. El fiscal Luis Rodríguez Sol consideraba a Luceño responsable de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública. A Medina le atribuye estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

Los acusados obtuvieron 6 millones de euros en comisiones de un total de 11 que desembolsó el Ayuntamiento de Madrid por tres tipos de material sanitario en el mes de marzo de 2020, el periodo más fatídico de la epidemia del coronavirus.

El Ayuntamiento compró a Medina y Luceño un millón de mascarillas KN95, por los que pagaron 6,6 millones de dólares; 2,5 millones de guantes de nitrilo, por valor de cinco millones de dólares y 250.000 test rápidos por un precio de 4.250.000 dólares. El precio real de las mascarillas era de 2,7 millones, por lo que los acusados se llevaron un beneficio neto de 4 millones, es decir, “el 148 % del precio real del producto”, según defendió Anticorrupción. .

La representante de compras del Ayuntamiento, Elena Collado defendió durante el juicio que Medina y Luceño le aseguraron en varias ocasiones que no cobrarían comisiones. Sin embargo, la Sala considera que durante el juicio no se ha podido probar que realizar tal afirmación que, según Collado, le repitieron ambos en varias ocasiones. El tribunal destaca que Collado, quien sigue siendo coordinadora de Recursos y Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, no había hecho tal afirmación ni en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción ni la que realizó ante el juez del caso, Adolfo Carretero, perse a que se le había preguntado expresamente por ello.

Los magistrados del tribunal concluyen que ni Medina ni Luceño estaban obligados legalmente a decir que iban a cobrar comisiones al comprador, en este caso el Ayuntamiento de Madrid y la Funeraria pública, organismo que adelantó el dinero.