No más medidas grises, por favor

Se ha escrito mucho sobre la incapacidad del PP para frenar el auge de la extrema derecha. Es evidente que los conservadores carecen de una estrategia coherente y unificada para afrontar el desafío que supone el crecimiento de una fuerza más extrema a su derecha: en cada territorio han ensayado tácticas distintas, sin resultados concluyentes. Sin embargo, este enfoque induce a pensar que son las derechas las responsables de contener a la extrema derecha. Y no es así.

Es comprensible que a los demócratas nos gustaría que el PP se pareciera más a la CDU alemana, es decir, a un partido con un compromiso antifascista sólido, materializado en la política de los llamados “cordones sanitarios”. La genealogía del PP no invita a ese camino, pero además esos cordones están saltando por los aires en casi todas partes —incluso en Alemania—, y los conservadores terminan echándose en brazos de la extrema derecha en cuanto esta tiene opciones reales de acceder al poder. Asumamos, por tanto, que la derecha española no va a desempeñar ese papel “histórico” de contención de los ultras; incluso sus sectores más democráticos aceptan hoy, con resignación, la necesidad de compartir gobiernos y políticas con un partido abiertamente racista, nacionalista étnico y aliado de Trump.

La verdadera tarea de contención de la extrema derecha recae en la izquierda. Hoy sabemos con bastante precisión qué perfiles sociales votan a la extrema derecha, por qué lo hacen y cómo esos patrones han ido cambiando con el tiempo. Y aunque debemos ser conscientes de que actuamos en sociedades en decadencia —sociedades occidentales que ya no dominan el mundo como antes—, lo que genera frustraciones y melancolías fácilmente canalizables por la extrema derecha, existe un margen de acción considerable. Pero solo si hay voluntad política. Y a veces da la impresión de que no la hay.

Durante casi cuatro años formé parte de un gobierno progresista ya asediado por el bloque reaccionario en todos los frentes —político, judicial, mediático, etc.—, y aun así mi mayor frustración fue siempre lo difícil que resultaba sacar adelante cualquier medida mínimamente transformadora dentro del propio gobierno. Los frenos y obstáculos eran fundamentalmente ideológicos, aunque se disfrazaran de inercias institucionales o de supuestas restricciones administrativas. La mayoría de los ministerios estaban dirigidos con una lógica de gestión incapaz de sincronizarse con el tiempo político. Esto explica por qué los debates interministeriales se eternizaban incluso en asuntos menores y por qué muchas iniciativas morían antes de nacer. 

Solo la iniciativa política de la Moncloa —que no gestiona ningún ministerio y, por tanto, mantiene permanentemente la vista puesta en el clima político— lograba insuflar algo de oxígeno a la legislatura. Pero incluso así era necesaria una fuerte presión política, interna y externa, para evitar que el motor del gobierno se gripase. En lo que respecta al trabajo cotidiano de los ministerios, la mayoría languidecía en una gestión tan gris como políticamente inane. De ahí surgía una paradoja que en gran medida sigue vigente: un gobierno con una enorme capacidad de acción que apenas resulta perceptible para la ciudadanía.

No se trata solo de un problema de comunicación, aunque esta sea claramente mejorable. El problema de fondo es que las izquierdas a menudo se sienten demasiado cómodas en la gestión, lo que desincentiva la puesta en marcha de iniciativas más audaces. En nuestro país, “gestionar bien” suele estar asociado a no molestar y quedar bien con todos, lo que lleva a actitudes realmente paralizantes cuando se trata de asuntos socioeconómicos. Mi sensación fue siempre que, mientras la derecha es capaz de materializar casi todo lo que promete —por fantasioso que parezca en el momento de formularlo, como muestra de forma paradigmática Trump—, la izquierda acaba encontrando mil razones para no ir demasiado lejos. La izquierda se mueve dentro del marco y con el freno de mano echado, mientras que la derecha se esfuerza por cambiarlo tan rápido como puede.

Personalmente, nunca fui el radical de mi entorno. Provengo de una familia conservadora —hasta la adolescencia rezábamos todas las noches antes de dormir— y de orden —mis cuatro abuelos fueron falangistas—, por lo que mis inclinaciones eran más bien moderadas. Con el tiempo, sin embargo, aprendí que los problemas socioeconómicos pueden conllevarse, parchearse o resolverse. Y, por lo general, la tercera opción exige necesariamente ir a la raíz: es decir, implica ser radical. Existen muchas formas de radicalidad —que no es sinónimo ni de violencia ni de caos, sino de determinación—, algunas basadas en la racionalidad y otras en la estupidez. Pero el hecho es que, en estos asuntos, sin radicalidad no se avanza.

Pensemos en el caso de la vivienda. Trump, que como cualquier reloj estropeado también acierta, ha anunciado que prohibirá la venta de viviendas a fondos de inversión y a otras personas jurídicas. Los liberales se han alarmado porque esa medida cuestiona la concepción de la vivienda como mera mercancía y se sale de los márgenes del establishment. Como en tantos otros casos, es muy probable que Trump cumpla su palabra y apruebe la norma (otra cuestión distinta es si, al adoptarse sin un paquete coherente de políticas complementarias, servirá realmente para mejorar el acceso a la vivienda). El punto central es que, mientras eso ocurre en un gobierno de extrema derecha, en España la última novedad del gobierno progresista ha sido anunciar una bonificación fiscal a los caseros que decidan no subir el alquiler a sus inquilinos. La medida tiene su limitada racionalidad, pero en la práctica supone una transferencia de renta del Estado hacia los propietarios y, lo que aquí importa subrayar, resulta políticamente estéril.

La ciudadanía se cansa de este tipo de medidas grises, de ese eterno “quiero, pero no puedo” que acaba siendo percibido como un “puedo, pero no quiero”. Llega un momento en que la gente corriente desea algo que destrone a un establishment percibido como poco más que decorado. Y en la política real hay poco espacio para la sofisticación: hoy el establishment es la izquierda, a veces incluso considerada de “extrema izquierda”, de modo que lo que termina resultando atractivo es su contrario. Lo repito: hoy, para millones de personas, el establishment no es la derecha, sino una izquierda que gobierna sin transformar nada. La extrema derecha no avanza porque prometa demasiado, sino porque sus adversarios prometen poco y cumplen aún menos. En política, no decidir también es una decisión. Y suele pagarla quien duda.

Existe un refrán español, hoy felizmente desfasado pero todavía comprensible, que dice que hay momentos en los que hay que “coger el toro por los cuernos”. La sabiduría popular que encierra es clara: si no se actúa con determinación, al final llega la cornada. Y, hasta donde sabemos, es muy dolorosa.