Las dos velocidades de la justicia

Si hoy es jueves, hablamos de justicia y de dos velocidades. De normas no escritas. De tiempos procesales. De casualidades o causalidades. De intenciones o de azar. Y, por una cuestión de rabiosa actualidad, es inevitable empezar con el caso González Amador, más conocido como Alberto Quirón.

Hablamos, no te olvides, de un “ciudadano particular” que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un ático comprado tras defraudar 350.000 euros a Hacienda después de pegar un pelotazo con la venta de mascarillas durante la pandemia. Más señas: del técnico sanitario que, tras comenzar su relación con la lideresa del PP, se convirtió en empresario de éxito y para el que el fiscal y la Abogacía del Estado solicitan penas de hasta tres años y nueve meses de cárcel mientras que las acusaciones populares elevan esa petición hasta cinco años de prisión.

Este miércoles hemos sabido que el hombre que envenena los sueños de Isabel Díaz Ayuso no se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal antes de mediados de 2027. Aún se desconoce la fecha concreta, pero no será en ningún caso, dentro de no menos de año y medio en el mejor de los casos y nunca antes de que se celebren las autonómicas de mayo de 2026, a las que Ayuso se presentará para la reelección. 

El primero en reaccionar a la fecha del juicio ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con la publicación de un mensaje en X en el que ironiza con la “rara dictadura en la que vive esta gente”, en alusión a los entornos del PP y Ayuso. “Mordidas para todos y juicios a la carta”, ha escrito el republicano. Pero, el PSOE y Más Madrid tampoco lo han pasado por alto. La socialista Pilar Sánchez Acera se ha burlado de la decisión porque sostiene que o bien “las cosas de palacio van despacio” o que “quien tiene padrino (madrina), se bautiza”. Y la portavoz de MM, Manuela Bergerot, ha escrito en tono jocoso en sus redes sociales: “¡Qué casualidad, no vaya a ser que Ayuso pase la campaña electoral con el novio en la cárcel!”.

Lo cierto es que siempre existió una norma no escrita por la que habitualmente el Poder Judicial solía ser muy estricto a la hora de que sus decisiones no interfieran en periodos electorales y, aunque este caso afecta a un “ciudadano particular”, es obvia la trascendencia política de un juicio como este y la repercusión que podría tener en la campaña electoral de Madrid. Así que estaríamos ante una decisión acorde a esa histórica conjura de togados para que sus decisiones no se crucen con intereses políticos de los partidos.

Claro que eso era antes, cuando la derecha no sólo vivía de las decisiones de los tribunales y la oposición al Gobierno se ejercía solo en el marco de la política, y no de la justicia. Con Pedro Sánchez en el Gobierno todo ha cambiado y los tiempos, las actuaciones y hasta algunos escritos han estado acompasados a lo que demandan determinados intereses políticos de tal modo que los partidos han extendido a los tribunales la contienda partidista.

La fecha prevista para el juicio abierto contra González Amador no hubiera sorprendido si los procedimientos judiciales que afectan a exdirigentes del PSOE o del entorno del presidente del Gobierno tuvieran tiempos similares. Pero ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene previsto juzgar a José Luis Ábalos en este primer trimestre de 2026, entre las campañas electorales de Aragón y Castilla y León. Aquí no hay conjura que valga, si bien es cierto que en el Supremo apenas se investigan o juzgan casos y los que se celebran, al ser excepcionales, se fijan con mayor celeridad. Por el contrario, los juzgados de lo penal de Madrid afrontan una histórica sobrecarga de trabajo y sus plazos son mucho más dilatados.

En todo caso, está también el ejemplo que afecta a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, cuyo juicio por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz se ha retrasado más de tres meses, según lo previsto inicialmente. La Audiencia Provincial de Badajoz ha comunicado que se pospone hasta el 28 de mayo de 2026 el inicio de la vista oral contra el familiar del presidente del Gobierno, cuyo arranque se había programado inicialmente para el 9 de febrero. El cambio está justificado en la petición de aplazamiento de algunos letrados, a quienes la vista oral les coincidía con otros procedimientos “señalados anteriormente”. Lo que nada tiene que ver con los abogados es que, casualmente, el juicio coincidirá con la campaña de las elecciones de Andalucía, previstas inicialmente para el mes de junio.

Las dos velocidades de la justicia son una realidad inapelable, tras la que subyacen siempre intereses políticos y siempre a beneficio de la derecha. De ahí que los tiempos para ciertas investigaciones, informes o juicios orales hayan discurrido a velocidad del rayo en unos casos y en otros, se hayan demorado años e incluso lustros. El caso más palmario de los últimos tiempos ha sido el que ha condenado al ya ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Dos semanas de juicio en el Supremo y unos plazos sin precedentes mientras por ejemplo los casos Lezo y Montoro, que afectan a ex altos cargos del Partido Popular, siguen aun sin ser juzgados, diez años después de haberse producido los hechos delictivos y no pocas trabas judiciales. Y, luego, se preguntarán por qué el desprestigio de la justicia.