La crisis de la vivienda sí rompe España

¡Buenos días!

Deseo que estés bien. Cada vez que un gobierno socialista accede, a regañadientes, empujado por Catalunya –es así–, a reformar el sistema de financiación autonómica aparecen los discursos apocalípticos sobre la España que se rompe, la desigualdad entre españoles y la falta de solidaridad. Y ya vemos que eso no ocurre. Qué pereza. Una mayor transparencia por parte de Hacienda sobre cuántos recursos por habitante le quedan a cada comunidad con la nueva propuesta aliviaría el debate. En todo caso, España lleva muchos años fracturada, tantos como Euskadi y Navarra gozan de sus respectivos concierto y convenio. Pocos se atreven a mencionar la bicha. Que sí, que es legal, que está en la Constitución, que son derechos históricos…De acuerdo, pero el cupo privilegia a estos dos territorios frente al resto, que es la cuestión, por mucho que la ley lo ampare. Tampoco las mujeres pudieron votar en España hasta 1933, durante la Segunda Repúbica. Antes de la Constitución de 1931 el sistema electoral español las excluía. ¿Era legal? Sí. ¿Injusto? Por supuesto.

Lo que sí está rompiendo España, y a ritmos vertiginosos, es la crisis de la vivienda, como apuntaba en el anterior boletín. No soy un experto en el tema y –no te voy a engañar– a veces tengo la sensación de que este asunto me sobrepasa, con el aluvión de datos y de diagnósticos y propuestas de parte. Imagino que a ti te pasará algo parecido. Nuestros gobernantes y políticos tampoco ayudan mucho: basta que uno lance una iniciativa (más o menos pensada) para que el otro la rechace y diga lo contrario. 

Está claro que hay un desequilibrio entre la oferta (escasa) y la demanda (creciente y heterogénea), que se agrava por los plazos (el tiempo que pasa entre que se concede una licencia hasta que te dan las llaves del piso). Pero el problema va más allá: intervienen múltiples factores que hacen que no pueda analizarse como un mercado en el que la “mano invisible” de Adam Smith nos lleva a la asignación eficiente de recursos y al bienestar social colectivo. La vivienda es un bien muy particular: de primera necesidad, sin competencia perfecta, que actúa con asimetría de la información y de acceso a los recursos entre los distintos agentes que intervienen. Está claro que el mercado no funciona, por lo que la administración pública debe intervenir.

¿Cómo? Ahí está el meollo del asunto. ¿Liberalizando más suelo? ¿Construyendo más? ¿Topando los alquileres? ¿Con premios fiscales para los caseros para que no suban más los precios a los inquilinos? ¿A qué caseros? ¿De verdad los jubilados y boomers son parte del problema? Todo ello sin mencionar el uso de pisos como apartamentos turísticos. En fin, que no es fácil. Pese a la aprobación de la Ley de la Vivienda, en 2023, que fija los rangos máximos de los alquileres en zonas declaradas tensionadas por las comunidades autónomas, los precios del mercado siguen ahogando a la población. Ojalá que no sea tu caso.

Son muchos los anuncios sobre vivienda sin que parezca haber detrás un análisis exhaustivo de la situación y de cómo va a contribuir a paliarla. Sobre todo en periodos electorales o preelectorales y por parte de todos los políticos. Todos. Así que toda la imaginación y la capacidad legislativa y de colaboración de las administraciones públicas (Gobierno, comunidades y ayuntamientos), con expertos y con un sector privado que mire más allá de la rentabilidad de su cartera inmobiliaria es poca.

El dato

Es el porcentaje de jóvenes de menos de 41 años que son titulares de explotaciones agrarias, según el censo agrario de 2020 (últimos datos disponibles) que elabora cada década el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de la Unión Europea, la cifra es algo mejor, pero muy magra: se eleva hasta el 12%, según Eurostat. Pese al incremento general de ocupados, en el sector agrario el número de jóvenes ha descendido entre 2009 y 2021 el 11%. “El relevo generacional es clave, la prioridad número uno del Ministerio”, asegura el ministro, Luis Planas. El Gobierno pondrá suelo rústico estatal a disposición de jóvenes agricultores para facilitar el relevo generacional. Las explotaciones lideradas por jóvenes son más productivas y obtienen mayor renta. Según estudios del Ministerio, los jóvenes que se dedican al campo creen que la viabilidad de las explotaciones va ligada a la innovación y a las nuevas tecnologías.

El gráfico

La productividad es importantísima para la prosperidad y el bienestar de una sociedad. De forma sencilla se podría decir que es la cantidad de productos y servicios (output) que es capaz de generar una economía con unos recursos determinados (inputs): si con los mismos recursos se genera más producción, la productividad crece, esa economía es más eficiente. También lo es si esa economía dota de más recursos a su sistema de producción; es decir, si invierte más y la cantidad de productos crece más que proporcionalmente. La baja productividad de la economía ha sido uno de los retos históricos de la economía española. Pero esto podría estar cambiando. Según el último informe del Observatorio de la Productividad y la Competitividad Española (OPCE), que elabora la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la productividad española crece un 1,4% anual desde la pandemia, la tasa más elevada desde 1995, mientras se estanca en el 0% en la Eurozona. Esta positiva evolución está reforzando su contribución al PIB y se apoya en un cambio en el patrón de crecimiento más basado en la eficiencia productiva que en el pasado: la economía ya no crece únicamente por el aumento del empleo y el capital —maquinaria, equipos, activos inmobiliarios, infraestructuras— sino también por la mejora de la eficiencia con la que se utilizan ambos recursos productivos, lo que se conoce como productividad total de los factores (PTF). Un motivo más para que, como decía en el boletín de la semana pasada, la bonanza macroeconómica pueda trasladarse al bolsillo de los ciudadanos mejorando los salarios, por ejemplo.

No todo nos parece mal

Las empresas pegan el estirón. Junto a la calidad del capital humano (formación, educación, capacitación), el tamaño empresarial es otro de los factores que se apunta como determinante para la brecha de productividad. Lo que limita a muchas empresas no es la carencia de ideas y proyectos, sino su insuficiente dimensión. El adquirir tamaño abre la posibilidad de invertir en recursos humanos y capacidad productiva. Eso parece que también está cambiando. El tamaño medio de las empresas ha crecido un 19,3 % en los últimos siete años, pasando de los 10,3 trabajadores por compañía en 2018 a los 12,3 en 2025, según un estudio elaborado por CCOO y presentado esta semana. Este incremento responde al mayor número de empresas medianas y grandes, pero también al aumento del tamaño medio de las empresas por número de trabajadores, que ha crecido en todos los tramos, especialmente entre las que tienen 500 o más trabajadores.

CCOO atribuye esta mejora del tamaño empresarial a “las políticas económicas y laborales implementadas en estos últimos años, que han sostenido el tejido productivo y la capacidad de demanda de los trabajadores”, como la política de protección de rentas salariales durante la pandemia, el refuerzo del empleo estable gracias a la reforma laboral y el aumento del SMI. “La economía funciona mejor cuando se sostiene la demanda y se refuerza el empleo estable, no cuando se recortan derechos a los y las trabajadoras”, asegura el sindicato.

Tipos (y tipas) de interés

De izquierda a derecha, Marta y Cristina Álvarez

Sube Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés. Este jueves toma oficialmente las riendas de la compañía. Economista y consejera desde hace una década, ha formado parte del núcleo que ha pilotado la estabilización del grupo tras sus años más convulsos. El relevo de su hermana Marta se presenta como una transición ordenada, casi natural, y se produce en un momento en el que la compañía ha dejado atrás la emergencia y entra en una fase distinta: la de demostrar que la recuperación no es coyuntural. 

Si su hermana fue la encargada de la “limpieza” —tras la abrupta marcha de Dimas Gimeno y poner orden en un balance que tiritaba—, Cristina asume ahora el papel de guardiana de las esencias en un momento de paz financiera, aunque bajo un esquema de gobernanza que levanta cejas entre los analistas: un gigante de más de 15.000 millones de facturación que pretende bailar sin un CEO al mando.

Cristina hereda una estructura de poder compartimentada, un triunvirato donde ella reina pero no ejecuta. Delega el día a día en Santiago Bau, al frente de la dirección general desde finales del pasado octubre, tras el cese de Gastón Bottazzini como consejero delegado, y en Rafael Díaz, secretario general con rango de director general (también nombrado en octubre). Es un experimento de gestión vertical donde la propiedad se resiste a soltar el volante, justo cuando la competencia (de Amazon a los nuevos hubs logísticos chinos como AliExpress o JD.com) exige respuestas rápidas y movimientos ágiles.

Los números acompañan, aunque con matices. En el último ejercicio, El Corte Inglés superó los 15.000 millones de euros de facturación (menos que en 2019), con un beneficio neto de 500 millones, encadenando varios años de mejora de resultados. La deuda financiera neta, que llegó a ser uno de los principales lastres del grupo, se ha reducido hasta situarse ligeramente por encima de los 1.700 millones, muy lejos de los niveles previos a la pandemia. Esta evolución ha dado oxígeno a la compañía, pero no la exime de tensiones en un sector con el consumo estabilizado tras la crisis inflacionista, donde cada vez compramos más online y con una plantilla de 80.000 personas que aún mira al pasado, mientras vender ya no es despachar, sino gestionar datos y servicios.

Nos gusta la competencia

Estos artículos de otros medios me han parecido interesantes.

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a [email protected]. 

Un saludo