El jurado considera culpable a Greenpeace en el juicio multimillonario que pone en jaque las protestas climáticas en EEUU

Un jurado de Dakota del Norte considera que Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares a la compañía Energy Transfer por las protestas que tuvieron lugar hace casi una década contra la construcción de un oleoudcto.

Energy Transfer Partners, una empresa de petróleo y gas con sede en Dallas con un valor de casi 70.000 millones de dólares, había demandado a Greenpeace y por difamación y orquestar lo que consideraba un “comportamiento criminal” de los manifestantes contra el oleoducto Dakota Access, alegando que la organización había “incitado” a la gente a protestar mediante el uso de una “campaña de desinformación”. A cambio, reclamaba 300 millones de euros.

El grupo ecologista, que antes del juicio había expresado su preocupación ante el riesgo de que el juicio no fuera justo en un estado donde la industria del gas y el petróleo tiene un enorme peso, había adelantado que una enorme indemnización financiera podrían llevar a la quiebra sus actividades en Estados Unidos. Aunque la cantidad de la indemnización está por determinarse, el jurado ha dado la razón a Energy Transfer en la mayoría de los cargos presentados contra Greenpeace.

El caso ha sido seguido de cerca por diversas ONG y expertos en libertad de expresión ante el temor a su impacto en las protestas sociales y el activismo. Greenpeace, que no ha aclarado si recurrirá la decisión, ha afirmado en un comunicado después del veredicto que demandas como la de Energy Transfer tienen como objetivo “destruir el derecho a la protesta pacífica”.

“Lo que hemos visto durante estas tres semanas de juicio ha sido el descarado desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock [que protestó contra el oleoducto]. Y aunque también han intentado distorsionar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en cada acción que tomamos”, ha dicho Deepa Padmanabha, asesora jurídica principal de Greenpeace.

“Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda que regula la libertad de expresión y de demandas como estas destinadas a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad. Greenpeace seguirá luchando por la protección de estos derechos fundamentales para todos”, afirmó.

Las preocupaciones sobre la posibilidad de encontrar un jurado imparcial centraron el caso incluso antes de que comenzara, dadas las inclinaciones políticas conservadoras de la localidad de Mandan, Dakota del Norte, y el rechazo por las protestas entre los residentes locales. En los últimos meses también se enviaron a los residentes misteriosos sobres, hechos para parecerse a un periódico llamado “Central ND News”, que contenían artículos sesgados sobre las protestas contra el oleoducto o a favor de Energy Transfer.

De hecho, al final más de la mitad de los seleccionados para formar parte del jurado que ha fallado en contra de Greenpeace tenían vínculos con el negocio de los combustibles y opiniones negativas hacia las protestas contra los oleoductos o los grupos de presión que participan en ellas.

Greenpeace intentó trasladar el juicio a otro lugar en Dakota del Norte varias veces, pero sus demandas fueron rechazadas por el tribunal del condado de Morton y la corte suprema de Dakota del Norte. El juez James Gion, que fue contratado para presidir el caso después de que todos los jueces del condado de Morton se recusaran, denegó las solicitudes para emitirlo en directo.

“El veredicto de hoy no es un reflejo de una mala conducta por parte de Greenpeace, sino más bien el resultado de una larga lista de tácticas judiciales y trucos propagandísticos que Energy Transfer utilizó para negar a Greenpeace su derecho a un juicio justo”, ha dicho Kirk Herbertson, abogado de Nueva York y director estadounidense de campañas de EarthRights International. “Esperamos que la Corte Suprema de Dakota del Norte cuestione por qué este caso llegó a juicio en primer lugar”.

Fuentes judiciales han considerado este caso como un ejemplo paradigmático de una demanda estratégica contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés), una forma de litigio civil cada vez más utilizada por grandes empresas, políticos e individuos ricos para desgastar y silenciar deliberadamente a los críticos, incluidos periodistas, activistas y grupos de vigilancia. Estos casos, incluso cuando las entidades demandantes pierden, causan costos legales significativos para los acusados y pueden tener un efecto paralizador.