Cuenta atrás para María Guardiola: el PP tiene un mes para amarrar un pacto con Vox en Extremadura

El calendario político en Extremadura se queda sin hojas para negociar un Gobierno. La constitución de la Asamblea de Extremadura este martes y la elección de su nuevo presidente, Manuel Naharro, ha supuesto el inicio de la legislatura tras el adelanto electoral del pasado diciembre y la activación del cronómetro legal para que PP y Vox cierren un acuerdo de investidura. El margen de maniobra se reduce y el pacto se antoja ahora bastante complicado.

Con la Mesa de la Asamblea ya constituida, Naharro dispone de un máximo de 15 días para consultar a los grupos y proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. Una vez designado, el pleno de investidura deberá celebrarse en otros 15 días como límite. Si se apuran los márgenes legales, la fecha clave queda fijada: el 19 de febrero.

Esa es la frontera para que María Guardiola recomponga un diálogo que saltó por los aires el pasado lunes. El tablero es complejo: los 29 escaños del PP necesitan imperativamente los 11 de Vox para superar los 25 que suman PSOE (18) y Unidas por Extremadura (7). Sin embargo, la distancia entre ambos socios, lejos de acortarse, se ha ensanchado.

La formación de extrema derecha ha decidido congelar los contactos al calificar de “insulto” la última oferta del equipo de Guardiola. El argumento de Óscar Fernández Calle, líder regional de Vox, es puramente aritmético: si en 2023, con cinco diputados, gestionaron la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ahora que cuentan con 11 escaños —“más del doble”— exigen una presencia proporcional en el Ejecutivo. En la práctica, esto supone la exigencia de al menos tres departamentos de peso en el futuro Consejo de Gobierno.

La fractura se visualizó nítidamente durante la votación de la Mesa. El PP se negó a ceder la Presidencia de la Asamblea a Vox, asegurando el puesto para Manuel Naharro, presidente provincial de los populares en Badajoz y exvicepresidente de la Cámara.

Naharro llega al cargo tras la polémica que el PSOE sacó a la luz durante la campaña electoral. Los socialistas exigieron su exclusión de las listas debido a las graves acusaciones de supuesto acoso sexual y por “haber ofrecido puestos de trabajo a cambio de favores sexuales”. Sin embargo, Guardiola ha mantenido su apuesta por él, convirtiéndolo en el octavo presidente de la institución.

“Migajas” para una paz imposible

En un intento de destensar la cuerda, el PP cedió diez de sus votos para que Vox no quedara fuera de la Mesa, permitiéndoles obtener la Secretaría Primera. Lejos de interpretarse como un gesto de buena voluntad, desde la extrema derecha se ha tachado de “intento de comprar voluntades” con “migajas” que no sustituyen su entrada en el Gobierno.

María Guardiola ha reiterado que su estrategia, ya imposible, era evitar un goteo de acuerdos y obtener un pacto global de legislatura con Vox. La presidenta en funciones buscaba cerrar en un mismo paquete el reparto de sillones (en la Asamblea y en la Junta), un programa de gobierno conjunto y el compromiso de aprobación de los presupuestos de 2026.

El reparto de poder entre las derechas en la Asamblea ya es imposible, pero aún está en juego la designación del senador autonómico, que el PP cedió a Vox en la pasada legislatura. Más complicado es el acuerdo programático y el reparto de competencias entre ambos partidos. De hecho Guardiola ha acusado a la formación ultra de querer negociar “como si hubieran ganado las elecciones” y pretender que el PP asuma su programa electoral completo.

A pesar de que ambas partes se han mostrado dispuestas a retomar la negociación, la principal dificultad para el acuerdo reside en el reparto de consejerías. Vox ha explicado que antes quiere un compromiso programático y, después, asumir directamente la responsabilidad que asegure el cumplimiento de esas medidas. Por eso, entre sus exigencias está la Consejería de Agricultura, que Guardiola se resiste a ceder porque está en manos de Mercedes Morán, una de sus más estrechas colaboradoras.

Vox también ambiciona las competencias en seguridad, industria y educación, además de una Vicepresidencia en el futuro Gobierno de coalición, que debería estar pactado antes del 19 de febrero, es decir, 11 días después de las elecciones en Aragón, por lo que el acuerdo en Extremadura podría dilatarse.