Lo correcto

Hace unos días, Arturo Pérez Reverte publicó una columna en El Mundo en la que, entre otras cosas, critica la falta de firmeza de la RAE a la hora de imponer criterios lingüísticos y señala la tibieza de los lingüistas de la Academia, a los que acusa de ser “talibanes del todo vale”. La columna es interesante en muchos aspectos y su análisis daría para varias clases de Lingüística, pero vamos a centrarnos aquí en intentar explicar ese laissez-faire lingüístico del que Pérez-Reverte acusa a sus colegas y que refleja bien la incomprensión generalizada sobre cuál es la posición de los lingüistas respecto a las nociones de corrección y norma.

Vayan por delante algunas perogrulladas que, si bien ya han sido repetidas anteriormente hasta la saciedad, nunca está de más refrescar: eso que llamamos “norma” (la manera “correcta” de expresarse en determinados contextos) no existe porque el pleno de la RAE lo decida. La norma es, en realidad y por encima de cualquier otra cosa, una percepción interna que tienen los hablantes de una comunidad sobre ciertos usos lingüísticos. Los hablantes tenemos preferencias sobre qué formas de hablar se consideran correctas o deseables y esperamos encontrar en ciertos contextos. Hay formas de expresarse que están bien vistas y gozan de prestigio, y otras que, aunque existen igualmente, se consideran de segunda, locales o poco prestigiadas. En castellano se documentan tanto la forma “se me” (“se me cayó”) como la forma “me se” (“me se cayó”), pero la forma “me se” se percibe como rural y popular, y está fuera de lo que se considera la norma culta. Si bien ambas formas existen, no esperaríamos encontrarnos un “me se cayó” en un artículo de prensa, por ejemplo. 

Ese sentimiento de que hay formas preferibles existe en la cabeza de los hablantes y es parte de la dimensión social de las lenguas, al margen de la existencia de la RAE (o de cualquier otra institución normativa alternativa que inventásemos). Podríamos quemar la RAE con todos los académicos dentro que la noción de corrección y prestigio lingüístico seguiría existiendo en la cabeza de los hispanohablantes. Si la noción de norma existe al margen de instituciones, ¿cuál es, pues, la función de la RAE? La función normativa de la Academia (o de las instituciones normativas en general) es la de intentar recoger esa percepción de corrección interna que tienen los hablantes, es decir, describir los usos de una comunidad de hablantes e identificar cuáles de esos usos son percibidos como correctos en esa comunidad. Por eso decimos que la RAE no inventa la norma, sino que la describe. En último término, quien crea la norma es la propia comunidad de hablantes. 

Si la norma es una percepción compartida por una comunidad de hablantes, entonces de ahí se derivan dos cosas. La primera es que lo correcto no es inherente al uso lingüístico mismo, sino que emana de la valoración que de él hacen los hablantes. El origen de esta valoración en muchas ocasiones es una mezcla de tradición, modas, arbitrariedad y, sobre todo, prestigio social. Por ejemplo, en Andalucía, parte de los hablantes pronuncian la S y la Z con el sonido S (lo que llamamos seseo), mientras que otros pronuncian ambas letras con el sonido Z (ceceo). No hay nada inherentemente mejor en sesear que en cecear, pero mientras que el seseo se percibe como aceptable, los hablantes consideran el ceceo como una forma de expresión desprestigiada. Esto no es casual: el ceceo es un fenómeno que se ha dado históricamente en zonas rurales y poblaciones más desfavorecidas, mientras que el seseo era propio de zonas más ricas y de los centros urbanos. El ceceo se considera poco prestigioso porque es de pobres. El estigma lingüístico con frecuencia va a remolque del prestigio social. 

La segunda conclusión que se deriva de que la norma sea una percepción compartida por una comunidad de hablantes es que, necesariamente, la norma es cambiante. Si un uso considerado minoritario, desprestigiado, residual o rural se extiende, puede acabar siendo percibido como aceptable por esa comunidad. Solo es necesario que una cantidad suficiente de hablantes lo dé por bueno y lo perciba como válido. La norma es movible por definición.

Puesto que la noción de corrección existe en la comunidad de hablantes haya o no RAE, es importante que haya instituciones que se encarguen de describir y divulgar la norma. Es valioso que los hablantes conozcan la norma, sepan identificar en qué situaciones se espera que la utilicen y, sobre todo, que dispongan de un lugar al que acudir cuando deseen escribir siguiéndola y quieran salir de las (muy razonables) dudas que su aplicación conlleva. En ese sentido, las instituciones como la RAE que divulgan la norma cumplen, aunque nos parezca paradójico, una función democratizadora: puesto que la norma existe, puesto que hay una expectativa tácita de que en determinados contextos se ha de seguir (y su incumplimiento puede acarrear una penalización social), la existencia de entidades que ponen la norma negro sobre blanco facilita que todas las personas puedan acceder a la norma y estar al tanto de cómo debe expresarse uno si desea cumplir con esa expectativa social.

Como hablantes, puede sernos muy útil saber que cecear o decir “me se cayó” están penalizados socialmente (aunque merece la pena pararse a pensar por qué), de la misma manera que nos es útil saber que una palabra es ofensiva, coloquial o anticuada. La consideración social que ostenta un uso lingüístico es también parte del conocimiento lingüístico necesario para poder decidir cuándo, cómo y dónde usarlo. Sin esta función de divulgación, corremos el riesgo de que la norma opere como una convención no escrita bajo cuya óptica se nos puede juzgar (y de hecho se nos juzga), pero cuyo acceso y posibilidad de cumplimiento es desigual. En ese escenario hipotético en el que la norma existe pero no se explicita, aquellos hablantes que por origen geográfico o extracción cultural conozcan o hablen variedades más próximas a esa entelequia que llamamos “lo correcto” saldrán beneficiados, en detrimento de quienes tengan peores cartas, que se encontrarán con un mandato social implícito pero sin herramientas para cumplirlo. Si socialmente se espera que en ciertos contextos nos expresemos de una manera y no de otra, entonces es vital saber qué es lo que los hablantes consideran correcto. 

No es cuestión de ser naíf. Aunque la noción de norma exista al margen de la RAE y ella misma se presente como notaria del uso que hacen los hablantes, la propia labor de la RAE distribuyendo sellos de aprobación o cruces admonitorias es la que acaba elevando a los altares de la prescripción lo que en origen eran percepciones intuitivas. La RAE recoge el uso para describir qué es lo que los hablantes consideran normativo, y al hacerlo la norma queda fijada y sacralizada.

Por todo esto, la labor de divulgación de la norma que hace la RAE debe ser necesariamente desapasionada. Se trata de describir que cierto uso está mejor visto que otro, o que hay algunos rasgos que es preferible evitar si uno quiere cumplir con la norma. En ese sentido, la labor de divulgación de la norma se parece más a la asepsia con la que un antropólogo describe los usos y costumbres de un grupo humano sabiendo que lo normativo no deja de ser una convención social arbitraria (“en esta comunidad de hablantes esta expresión se considera prestigiada, esta no”) que al proselitismo militante y acientífico del cura que te amenaza con arder en las llamas del fuego eterno de la gramática si dices haiga. Precisamente cuando la Academia adopta esa imparcialidad aparentemente descafeinada (que tantas críticas suscita) está haciendo lo correcto.