Julio lglesias trasladó a España a varias empleadas con un visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros

“Querido Consul [sic], por medio de la presente, solicito tu ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia”. Es el comienzo de la carta que Julio Iglesias envió al consulado español en República Dominicana el 6 de julio de 2021, a la que ha accedido elDiario.es, para pedir el visado para varias mujeres que trabajaban con él en su mansión de Punta Cana y a las que trasladó temporalmente a su casa de Marbella.

Sin embargo, según ha comprobado este medio, el visado que se expidió a las mujeres fue turístico. En el pasaporte de una de ellas consta un permiso Schengen tipo C para viajar a la Unión Europea. Un visado que permite visitas de turismo, negocios, tratamientos médicos, prácticas no laborales y estudios cortos, pero no el empleo remunerado. Al llegar a España, las mujeres trabajaron como empleadas domésticas internas en la casa de Iglesias.

Las condiciones de trabajo que confirman tres mujeres que fueron trasladadas desde República Dominicana a España son contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales.

En la página web que el consulado español en República Dominicana pone a disposición de los ciudadanos para tramitar sus visados puede leerse la advertencia de que el visado Schengen tipo C “no es un permiso de trabajo”. Diversas fuentes consultadas aseguran que se trata de una zona gris: este visado de corta estancia no permite el trabajo, pero se utiliza para trasladar a personal de manera temporal, por ejemplo, asistentes personales o trabajadoras internas.

No obstante, quien los solicita no suele explicar abiertamente que esas personas acuden a trabajar, sino que simplemente se desplazan por turismo o como parte de su unidad familiar. En este caso, Julio Iglesias admitió abiertamente en su carta al cónsul que la finalidad del viaje era el empleo.

elDiario.es ha podido saber que esta no es la única petición que el cantante hizo a un consulado: entre 2021 y 2022, el entorno de Iglesias solicitó al consulado español en Miami un visado Schengen para trasladar temporalmente a personal de su mansión de Florida a España.

“Confirmo que cubriré su alojamiento”

En la carta enviada al consulado de España en República Dominicana, fechada el 6 de julio de 2021 en la dirección en la que el cantante tiene su casa de Punta Cana, queda claro que la intención es trasladar a las mujeres para que trabajen. Iglesias confirma que “todos los empleados” son ciudadanos dominicanos y, a continuación, cita sus nombres y apellidos. “Confirmo que cubriré su alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como otros gastos que se les presenten”, admite la carta.

“Si necesitas mayor información, que no duden en comunicarse conmigo en el siguiente teléfono”, finaliza el escrito, en el que el cantante deja constancia de un número de teléfono. “Mi agradecimiento con un fuerte abrazo”, se despide, antes de terminar la carta con su firma. Este medio ha comprobado que la rúbrica es similar a la firma de Iglesias que se ha hecho pública en otra ocasión, y que el teléfono que aparece en la carta efectivamente pertenece a alguien de su entorno.

Carta al cónsul general del Consulado de España en Santo Domingo

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado para preguntarle sobre este y otros asuntos, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el cónsul de España en República Dominicana en 2021, Pablo Gómez de Olea. El diplomático asegura que este visado es el que suele utilizarse para el personal doméstico contratado en origen que es trasladado temporalmente a España junto con su empleador. “No se hizo solo con Julio Iglesias, si tienes una empleada y quieres llevarla a España se da un visado de corta duración, no un visado de trabajo, siempre que se cumplan las condiciones para ese visado de corta duración”, asegura. Esas condiciones son, por ejemplo, tener arraigo en el país de origen o contar con medios económicos suficientes. En este caso, asegura Gómez de Olea, un tercero se responsabilizaba de todos los gastos.

El excónsul en República Dominicana niega que en algún momento estuviera sobre la mesa la posibilidad de darles un visado de trabajo y asegura que la carta de Julio Iglesias para acompañar la solicitud no era una excepción, sino la norma: “Eran muy frecuentes estas solicitudes de los residentes en Dominicana y de nacionales dominicanos que tienen empleados dominicanos internos hagan estas solicitudes para traerse a la canguro”. Al no tratarse de un visado de trabajo, nadie comprobó si existía contrato laboral ni cuáles iban a ser las condiciones.

Pablo Gómez de Olea fue nombrado director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores con el Gobierno de Rajoy entre 2012 y 2017. Posteriormente, fue embajador en Colombia y ya en 2020 comenzó su labor como cónsul en República Dominicana. Gómez de Olea asegura que nunca conoció a Julio Iglesias ni trató personalmente con él.

Fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que son los cónsules los encargados de valorar los expedientes y expedir los visados “conforme a la legislación vigente”. “En todo caso, el Ministerio cuenta con un órgano inspector, la Inspección General de Servicios que interviene y realiza inspecciones de oficio y cuando se produce cualquier hecho que así lo requiere”, afirman. Las mismas fuentes aseguran que los expedientes de visados concedidos se destruyen al año de la fecha de solicitud, debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que ese expediente ya no existe.

Sin contrato ni cotización

Carolina (nombre ficticio) es una de las mujeres cuya identidad aparece en ese documento. Había entrado a trabajar en la mansión de Punta Cana en marzo de 2021 y, después de unos meses, una de las gobernantas le ofreció moverse temporalmente a Marbella. “Me dijo que yo era buena empleada, que estaban viendo si mandaban a unas chicas a Bahamas [donde el cantante tiene otra mansión] y otras a España, y que a mí querían mandarme a España”, relata la mujer, a la que le comentaron que la estancia fuera sería de unos tres meses. Sin embargo, el cantante finalmente no se trasladó ese verano a Marbella, y Carolina se dedicó, junto con más empleadas, a atender a la esposa de Iglesias, Miranda Rijnsburger, y a sus cinco hijos e hijas.

Además de esa carta enviada al cónsul, Carolina, junto a otras mujeres, acudió al consulado para tramitar el visado. “Ellos [el personal de Julio Iglesias] hicieron todo. Nosotras simplemente vinimos a que nos tomaran las huellas, la firma, la foto y a entregar los papeles. Yo recuerdo que no nos querían aceptar los papeles en el consulado porque faltaba más evidencia de lo que íbamos a hacer allá, porque en República Dominicana es muy difícil conseguir una visa, ya sea de trabajo o de turismo. Entonces ellos vieron que faltaban más cosas y al final le dijeron que ese proceso no podía hacerse como visa de trabajo, sino que era mejor hacerlo de turismo. Y así lo hicieron”, recuerda la mujer, que nunca tuvo contrato formal en República Dominicana ni cotizó por ese trabajo, algo que todavía es legal en el país.

Carolina puso una condición antes de viajar a España: poder ver a su hija pequeña. Desde marzo, que entró a trabajar en la villa, hasta junio no había podido salir de la mansión de Punta Cana ni ver a su familia. “Le dije que no sabía cuánto iba a durar sin yo siquiera poder ver a mi hija. Entonces, ahí él me dio la opción de que el chófer podía venir a buscar a mi hija para que ella durara un par de días conmigo en la villa sin que saliéramos. Yo acepté y fueron a buscar la niña. Al final, la niña duró conmigo en la villa aproximadamente 10 o 15 días. Luego la enviaron para acá de nuevo con el chófer privado”, relata. Solo unos días después, Carolina y la otra mujer cuyo nombre aparecía en la carta enviada al cónsul, fueron enviadas a España. 

Según el relato de Carolina, confirmado por otras dos mujeres que también fueron trasladadas temporalmente a Marbella, sus condiciones incumplían con creces los derechos laborales mínimos de España: sin contrato ni cotización, con jornadas que superaban las 12 horas, sin libranzas establecidas, sin poder salir libremente de la mansión para pasear o relacionarse con gente, por salarios de unos 25.000 pesos, unos 340 euros al mes, aunque en algún caso llegó a los mil euros, en función de la empleada y del criterio arbitrario de Julio Iglesias. 

No hay contrato en el que constaran las condiciones laborales de las mujeres. En España, el empleo doméstico es, además, el único sector en el que la Inspección de Trabajo está fuertemente limitada: al ser el domicilio un lugar inviolable, la única posibilidad de que una inspección surta efecto sucede cuando un inspector se presenta en una casa y la empleada está presente. 

“Realmente en España fue mucho más difícil para mí, porque en España se trabajaba de ocho a diez u once de la noche, todos los días. Entonces, yo tenía que trabajar en la cocina, era ayudante de cocina, también era camarera. También era camarista porque me tocaban las habitaciones también y todos los días era lo mismo. Tuve un solo día de descanso. Me permitieron salir una sola vez”, cuenta Carolina. La mujer asegura que no tenía libertad para salir y entrar de la casa durante los cerca de dos meses que pasó allí. Aunque en un principio le sugirieron que en España podría cobrar más, su salario acabó siendo el mismo que en República Dominicana: 25.000 pesos, unos 350 euros al mes al cambio del momento. El salario medio en el país era de 384 euros. En una ocasión, ya en Marbella, cuenta que le dieron 200 euros extra en efectivo.

Otras dos mujeres que fueron trasladadas a España han confirmado a elDiario.es que esas eran las condiciones de trabajo en la casa de Marbella. Si bien el salario no era exactamente el mismo para las tres, en el mejor de los casos no superaba los mil euros mensuales, sin contrato o cotización. “Yo estaba totalmente convencida de que me estaban explotando a nivel laboral, porque además ellos pusieron a trabajar a chicas que vivían en España y tenían un mejor sueldo y también tenían un mejor horario. Entraban a trabajar a las nueve de la mañana y terminaban a las cinco o las seis de la tarde”, asegura Carolina.

En 2021, en España el salario mínimo interprofesional para trabajo doméstico era de 965 euros al mes en el caso de las personas con 14 pagas. Ese mismo año, la jornada laboral máxima de las empleadas del hogar no podía superar las 40 horas semanales de trabajo efectivo. En el caso de las internas, como las empleadas que Julio Iglesias trasladó a su casa de Marbella, se podían sumar otras 20 horas a la semana de presencia, esto es, un tiempo en el que deben estar disponibles en el domicilio.

Visado y condiciones

La experta en empleo doméstico y migraciones de la Universidad de Glasgow Vera Pavlou considera que el visado no fue el adecuado, en cuanto a que las mujeres acudían a España a trabajar, aunque fuera en el servicio interno. “Hay una idea extendida de que como son internas y trabajan en el ámbito familiar, no es trabajo, sino algo informal, a pesar de que la normativa sí lo reconoce como tal”, señala la investigadora, que agrega que la Inspección de Trabajo no tiene potestad para entrar en los domicilios, lo que hace que el control de estas situaciones sea prácticamente nulo. Fuera cual fuera su salario y horario en República Dominicana, Pavlou asegura que estas mujeres deberían haber tenido aquí condiciones laborales acorde a la norma española. El tipo de visado, el sueldo por debajo del SMI, la falta de libertad para entrar y salir de la casa o de días libres pueden ser indicios de posibles delitos, asegura.

También lo cree así la jurista Adilia de las Mercedes: “Teniendo en cuenta que estas mujeres vinieron a España a trabajar, el visado adecuado nunca sería el visado de estancia (turista) sino que, de acuerdo con la normativa de extranjería, debería ser una autorización de residencia temporal y trabajo por temporada. Especialmente cuando el empleador no oculta su objetivo y parece que es el propio consulado quien ofrece la posibilidad del visado de estancia, una situación que podría ser, debidamente investigada, compatible con el delito de tráfico de influencias”. De las Mercedes agrega que la concesión de un visado de estancia para desarrollar una actividad laboral, “a sabiendas de que se está ejerciendo una potestad para un fin distinto al previsto por la ley, podría enmarcarse en una desviación de poder o una prevaricación por parte del funcionario involucrado. Unos hechos que, dadas las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene todo Estado, deben ser investigados en profundidad para dirimir la posible responsabilidad de la Administración española en los daños que han sufrido las víctimas”.

La experta considera que, además de las infracciones laborales y en materia de extranjería en las que el cantante podría estar incurriendo, “también deberían investigarse los indicios de un posible delito de trata con fines de explotación laboral por cada una de las mujeres afectadas; esto al haber, cuando menos, una situación de servidumbre, dadas las condiciones laborales a las que fueron sometidas las trabajadoras”. “Todo lo anterior debería ser investigado exhaustivamente para poder llegar al descubrimiento de la verdad y para ello es indispensable garantizar tanto la protección de las víctimas como de las pruebas”, subraya.

Un catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que prefiere no ser identificado por su nombre señala también que el visado no fue el adecuado si las mujeres trabajaron en España como internas. “Las condiciones de trabajo en España vulneraban claramente la normativa vigente en materia de tiempo de trabajo; con respecto al salario, también debe responderse en los mismos términos, y además se infringió flagrantemente la normativa a cumplir en materia de cotización a la Seguridad Social. Que ello fuera solo un incumplimiento laboral o bien pudiera ser un supuesto encuadrable en el art. 312 del Código Penal [tráfico ilegal con mano de obra] puede ser objeto de debate dado el poco tiempo que las empleadas permanecieron en España. Con todo, está claro que la situación era casi de privación de libertad de movimiento, lo que daría lugar a responsabilidades penales”, concluye.

La gota que colmó el vaso

El trabajo en España fue para Carolina la gota que colmó el vaso. “Ahí fue cuando yo no pude más y decidí que no podía seguir trabajando para ellos. Era demasiado esfuerzo, el sueldo no valía la pena”, señala. Esperó, sin embargo, a regresar a República Dominicana para comunicar su voluntad de dejar el trabajo. Cuando, de vuelta, le tocó reincorporarse a su puesto, habló con la encargada de la casa para decirle que lo dejaba. “Le dije que no me sentí bien, pero ella estaba intentando convencerme. Entonces me quedé trabajando como dos o tres días más, pensaba que las cosas podían mejorar. Lo que más me afectaba era no tener días libres, durábamos demasiado tiempo ahí encerradas. Entonces ya dije que no podía aguantar dos meses más ahí sin ver a mi familia”, prosigue. Puesto que la encargada le aseguraba que esa situación se resolvería para mantenerla en su puesto, Carolina utilizó otro argumento para justificar su marcha: “Les dije que estaba embarazada”.

Aun así, cuando su marcha ya parecía inevitable, la encargada avisó a Iglesias. “Él me preguntó que si yo estaba segura de no querer seguir trabajando con él, que yo tenía una oportunidad única. Y yo le dije que sí, que me quería ir inmediatamente. Me preguntó que de quién yo estaba embarazada, que si era de una persona de España o de aquí. Y le dije que no se preocupara, que era de mi novio”, cuenta la mujer. Tras esa conversación asegura que el cantante pidió a la encargada de la casa que arreglara su carta de renuncia y su liquidación. A finales de 2021, Carolina consiguió finalmente salir de la casa.

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Comprobación de datos y edición: Natalia Chientaroli y María Ramírez

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