Moreno usa el carpetazo a una de las tres causas judiciales por sus contratos a dedo para alardear de gestión sanitaria

Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, el carpetazo judicial al caso de los contratos de emergencia con la sanidad privada en Andalucía -la primera y más avanzada de las tres investigaciones por corrupción que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno- ha desatado la euforia en el PP y dejado noqueado al PSOE, promotor de la querella que motivó la apertura de diligencias hace 15 meses.

El Gobierno andaluz llevaba más de un año sufriendo el hostigamiento de una oposición que centraliza todos sus esfuerzos en cuestionar su gestión sanitaria, desde las demoras para ser atendido por un médico de familia y la larga lista de esperas quirúrgicas, hasta las investigaciones judiciales por prevaricación y malversación en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada, que ponen bajo sospecha cientos de millones de euros.

Ahora el PP considera este archivo judicial una enmienda a la totalidad a la estrategia del PSOE de María Jesús Montero y, por extensión, un aval a toda la gestión sanitaria de la Junta.

La Justicia investigaba al Gobierno de Moreno por seguir usando contratos de emergencia con clínicas privadas -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- amparándose en el marco legal habilitado en pandemia dos años después de que se derogase.

Las prórrogas y ampliaciones millonarias de estos contratos continuaron después de que una instrucción de la Consejería de Hacienda advirtiera por escrito de que debían parar, y así aparece en los múltiples informes de los interventores del SAS, que denunciaron las irregularidades que dan pie a la investigacion judicial.

La Junta anunció que suspendía ese tipo de contratos 24 horas después de que lo publicase elDiario.es, pero posteriormente defendió que el procedimiento de contratación de emergencia hasta 2024 era legítimo, porque la OMS aún no había levantado oficialmente la declaración de pandemia.

La querella que se acaba de archivar era la más trabajada y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en la causa que instruye un juez de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.

“Colapso” de la salud pública

Las causas judiciales abiertas contra el Ejecutivo andaluz eran, en realidad, un complemento más del discurso omnipresente que mantienen sus rivales políticos para denunciar el “colapso” de la sanidad pública andaluza y una “estrategia” para instrumentalizar ese deterioro progresivo de lo público y justificar la “gran privatización” del sistema sanitario [un tercio del Presupuesto autonómico], derivando miles de pacientes a clínicas privadas.

El primer juzgado (de Sevilla) que empezó a investigar al SAS por prevaricación en la contratación pública terminó imputando a la actual gerente, Valle García, y a sus dos predecesores -Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas-. Citó a declarar como testigos a miembros en activo del actual gabinete -la consejera de Medio Ambiente (ex de Salud) y la viceconsejera de Hacienda- y apuntó la instrucción hacia el mismo Consejo de Gobierno, donde se acordó retirar los controles previos a los contratos de emergencia del SAS para sustituirlos por auditorías a posteriori.

Todos los pasos que dio el juez José Antonio Gómez inflamaron la estrategia de oposición del PSOE andaluz contra Moreno, atizado en cada sesión parlamentaria con un binomio envenenado que ligaba “mala gestión” con “corrupción”. Hasta hace diez días, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista a la Presidencia, María Jesús Montero, le reprochaba en cada acto que mantuviera en su puesto a la gerente imputada del SAS.

El archivo “temporal” de la causa -el auto será recurrido ante la Audiencia de Sevilla- ha desinflado a los socialistas, aunque este lunes se hayan aferrado a las otras dos investigaciones en curso (una en Cádiz y otra en Córdoba) y anunciado que acudirán a instancias judiciales superiores para reabrir el caso.

Sus representantes legales “no se lo esperaban”. El carpetazo del juez les ha pillado “por sorpresa”, les ha parecido “precipitado”, porque incluso faltaban expedientes por llegar al juzgado que habían solicitado las acusaciones. Los socialistas presentarán recurso de apelación antes del próximo lunes -fecha tope de plazo- alegando que el sobreseimiento “no cumple la doctrina del Tribunal Supremo”, dado que hay “indicios suficientes” para seguir investigando. Está por ver si la Fiscalía se alinea con el juez o también recurre el auto.

“Desconcierto y estupor”

En el PSOE andaluz se reconocen “desconcertados”, porque 48 horas antes del archivo de la causa, el juez tomó declaración a la exconsejera de Salud, Catalina García, cuarto alto cargo del Ejecutivo de Moreno que pasaba por el juzgado ofreciendo una versión distinta sobre quién ordenó retirar los controles previos a los contratos sanitarios. La exinterventora general de la Junta, y actual número dos de Hacienda, Amelia Martínez, señaló a García, y García señaló a su “equipo técnico”, entre ellos, el exresponsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda.

El magistrado apenas hace mención a este cruce de contradicciones en su escrito. El juez Gómez reconoce los informes de los interventores del SAS que denunciaron reiteradamente las irregularidades en la contratación, admite que cientos de contratos se amparan en un Real Decreto “ya derogado”, pero le resta importancia porque prima, por encima de todo, las circunstancias de la pandemia, vigentes hasta la última prórroga de esos contratos, en 2024.

“No puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”, reza el escrito.

El auto defiende que “no hay delito” argumentando que ninguna otra empresa sanitaria del sector privado recurrió los contratos a dedo del SAS, al considerar que todas ganaban con el procedimiento de adjudicación directa y de urgencia. El juez resta importancia a la diferencia de precio que supone para la Administración contratar de emergencia o usar el procedimiento ordinario, abierto y con concurrencia pública. Ese desfase de precios se imputa a las arcas públicas, pero el juez lo minimiza.

A la izquierda del PSOE, donde se sitúa Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos (éste último denunció el fraccionamiento de contratos del SAS que investiga un tribunal de Cádiz y se sumó a la querella socialista en Sevilla), la reacción al archivo de la causa ha sido más visceral, llegándose a preguntar qué “amigos” tiene Moreno en la judicatura y qué “milagro” tiene que ocurrir para que un tribunal investigue la corrupción en el PP.

El presidente de la Junta siempre defendió que no había delito -como acaba de ratificar el juez- y que, a lo sumo, habría “irregularidades administrativas”. Moreno se basaba en las “conversaciones con amigos juristas”, una expresión que ahora recuperan algunos dirigentes de izquierdas para verter sospechas sobre el archivo de la causa de los contratos.

“Que pidan perdón a los andaluces”

La sacudida política que ha provocado este último auto del juez ha sido, por tanto, similar a la de los anteriores escritos del magistrado en los que la instrucción avanzaba y el PSOE sostenía que “el cerco a Moreno se estrechaba”. No es de extrañar que la reacción de la Junta y del PP andaluz haya sido la de sacar pecho, exigir a la oposición que “pida perdón” e intepretar el archivo de esta causa judicial como un “aval” a toda la gestión sanitaria de Moreno.

Con el auto del juez, que defiende de forma contundente la actuación de la Junta al prorrogar los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, pese a que el marco legal habilitado en pandemia ya estaba derogado, el Ejecutivo andaluz trata de aplastar todo el cuerpo argumentativo de sus rivales políticos, que va más allá de la denuncia en los juzgados, y abarca desde las críticas por las listas de espera quirúrgicas a la reciente crisis de los cribados de cáncer de mama. Este último escándalo golpeó a Moreno más que ningún otro y provocó el cese de la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, y media docena de altos cargos.

“Este archivo viene a corroborar lo que ya estábamos diciendo desde la Junta: que se actuó en el ámbito de una crisis sanitaria, así decretada por el Gobierno, que nuestros controles eran superiores y que estos contratos tenían informes jurídicos, por tanto eran legales. No se hicieron por capricho”, dijo este lunes la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España.

Tanto ella como el número dos del PP andaluz, Antonio Repullo, han acusado al PSOE y a Podemos de “indignidad” por “intentar sacar rédito político de la tragedia del coronavirus”, que dejó 16.000 muertos en Andalucía.