PP, Vox y Junts tumban la subida de las pensiones y la prórroga del ‘escudo social’

PP, Vox y Junts han tumbado este martes el decreto del Gobirerno que buscaba revalorizar las pensiones al 2,7% para 2026. Las tres derechas han repetido la estrategia de hace un año y han votado en contra de la medida entre críticas al Ejecutivo por mezclar varios temas en un mismo paquete, sobre todo la prórroga de la protección a las familias vulnerables que pueden ser desahuciadas ante la imposibilidad de hacer frente al alquiler. La votación en el Congreso se ha saldado con 171 ‘síes’ y 178 ‘noes’. A diferencia de otras ocasiones, ninguno de los diputados que ha votado en contra ha aplaudido.

Como ocurrió el año pasado, el Gobierno intentará aprobar de nuevo la subida de las pensiones con un nuevo decreto que no incluya otros asuntos. Es lo que le pidieron ya el año pasado tanto el Partido Popular como Junts y lo que habían advertido de nuevo esta vez, aunque el Ejecutivo decidió seguir con sus planes e incluir en este decreto otras medidas, como la ampliación del bono energético o la mencionada suspensión de los desahucios. Ya entonces, PP y Junts terminaron apoyando en una segunda oportunidad el mismo decreto, sin trocear.

En concreto, el paquete sube las pensiones y las prestaciones a la seguridad social a más de 13 millones de personas. Además prorroga los descuentos en la factura eléctrica en un 42% para los consumidores vulnerables y en un 57% para los vulnerables severos y la prohibición de corte de suministro para esas familias vulnerables. El decreto contiene por otro lado ayudas fiscales para los afectados de la dana y de los incendios. Son exenciones del IRPF para las medidas financieras y fiscales ya aprobadas y para las ayudas concedidas por la Comunitat Valenciana, así como para las que han ido dirigidas a los afectados por los incendios del pasado verano. Hay también ayudas fiscales para vehículos eléctricos y entregas a cuenta a las administraciones territoriales.

El punto más controvertido de este decreto para la derecha, en plena ofensiva contra el supuesto problema de la okupación, es el de la prórroga de la prohibición de desahuciar a las personas que no pueden pagar su alquiler porque están en situación de vulnerabilidad. El Gobierno a cambio ha intentado incluir ayudas a los propietarios para que no tengan que sufragar el coste de la medida. “El pasado diciembre aprobamos una línea de avales que hemos dotado con 300 millones para posibles impagos”, ha recordado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al defender la medida en el Congreso. “Estamos estudiando fórmulas para ampliar y mejorar esta protección”, ha dicho.

Este fue uno de los puntos de controversia también el año pasado, cuando el PP y Junts tumbaron el decreto en una primera vuelta. Pero un mes después volvieron a votar a favor aunque mantenía las principales pegas que ambos partidos alegaron durante el debate, incluida la misma protección frente a los desahucios para personas vulnerables que no pueden pagar el alquiler. En aquel momento, los populares también criticaron la inclusión en ese paquete de la devolución al PNV de un palecete en París. La medida que aprobaron un mes después incluía asimismo ese punto.

“Si algún grupo el año pasado votó a favor de este decreto y hoy vota en contra tendrá que explicar los motivos por los que lo hace. Votar a favor de este decreto es votar sí a subir las pensiones, garantizar el suministro de agua y energía, evitar desahucios a gente que no tiene donde ir, exenciones fiscales para afectados de la dana y los incendios”, ha dicho el ministro antes de la votación. “Votar no es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua y la luz, a personas que no pueden acceder a una vivienda y afectados de la dana y de los incendios; es hacer daño a miles de personas que les votaron a ustedes como representantes en este Congreso”, ha defendido.

Críticas por mezclar temas en un mismo paquete

Tanto PP como Junts habían criticado en los días previos la estrategia del Gobierno al crear nuevamente un decreto denominado ómnibus, con varias medidas de protección social en el mismo texto que la subida de las pensiones.

La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha avanzado ya durante el debate que su grupo no apoyaría el decreto. Nogueras ha aseverado falsamente en su discurso que no van a votar a favor de un decreto que permite “que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler”, cuando la medida solo afecta a propietarios de más de 10 pisos y establece un fondo de compensación por parte del Estado para esos arrendatarios.

Nogueras ha concluido: “Votaremos que ‘sí’ cuando se presenten sin el chantaje de los impagos que sufren miles de familias en Catalunya”.

Pero las críticas también han llegado por parte de algunos grupos del bloque de la investidura que han terminado respaldando el decreto. El más duro ha sido el Partido Nacionalista Vasco, que en boca de su diputada Idoia Sagastizabal ha advertido que este es el último año que apoyan un paquete con varios temas sin negociar por separado.

“¿Dónde está su responsabilidad? ¿Qué parte es la que no han entendido? Este decreto contiene una mezcla de medidas urgentes y necesarias con otras controvertidas”, ha dicho la diputada, que ha reprochado al Gobierno que les coloque en un “falso dilema”: “O se acepta todo o se es el malo”. “Eso es jugar a la ruleta rusa”, ha criticado, con el foco de sus críticas en la medida sobre desahucios, que, ha dicho, no atiende tanto a datos como a “postulados ideológicos”.

También se ha quejado la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido. “Nos han puesto en una situación endiablada”, ha dicho, para anunciar a continuación el compromiso de una reunión con el Ministerio de Vivienda para analizar la situación y posibles medidas para pequeños propietarios.

Desde el PP ha sido el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, quien ha defendido su voto en contra del real decreto-ley ómnibus que incluye, entre otras cuestiones, la subida anual de las pensiones o la prórroga del ‘escudo social’. Una mezcla que Bravo ha criticado por ser “una falta respeto al Parlamento” y “a los que realmente son los importantes, los españoles”.

“Estamos a favor de la revalorización de las pensiones”, ha dicho. “Nos preocupa el poder adquisitivo de los pensionistas”, ha añadido. “Tienen un mes para arreglarlo, los únicos responsables son ustedes”, ha señalado al Gobierno, al que ha acusado de “poner en peligro” el futuro de los pensionistas. El PP, con Vox y Junts, van a tumbar el decreto ley.

Bravo ha criticado, además, que el decreto incluya la prórroga de la prohibición de desahucios a las personas vulnerables que no pueden pagar el alquiler. El dirigente del PP ha dicho que la medida “ahoga al propietario que tiene una vivienda ocupada”. Una afirmación falsa. El veto a los desahucios solo aplica a propietarios de más de 10 viviendas. El PP ya votó en contra el año pasado, pero sí aceptó la medida a la segunda.

La izquierda carga contra Junts y PP: “Mienten”

Gran parte de los grupos de izquierda ha cargado durante su intervención contra la posición de Junts. “Mienten todos ustedes”, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal, mirando a las derechas. “¿Por qué miente, señora Nogueras, y dice que el decreto desprotege a la gente?”, ha reprochado a la portavoz de Junts, a la que ha preguntado “cuántos de sus diputados tienen intereses inmobiliarios”. “Mienten porque les da vergüenza, porque es inexplicable votar que no a este decreto”, ha aseverado.

“Ustedes serán responsables de que millones de españoles no puedan acceder al bono eléctrico y que los vulnerables sin alternativa habitacional puedan ser desahuciados de sus casas”, ha dicho el portavoz de EH Bildu Oscar Matute, que ha asegurado que es “mentira” que este decreto sea “ómnibus”. El diputado ha recordado que en el pasado partidos como Junts votaron a favor de decretos que juntaban temas, como ayudas a las entidades locales. “El decreto Junts, entonces sí era bueno”, ha dicho con sarcasmo. “¿Qué hace tanta problemática? Que no sea suyo o no puedan patrimonializarlo”, ha criticado: “El foco está en quién se beneficia”.

El diputado de ERC Jordi Salvador ha ahondado en las falsedades de la derecha para criticar la medida contra los desahucios. “La suspensión opera cuando la situación es de vulnerabilidad real y cuando afecta a un gran tenedor, más de once viviendas. No afecta al jubilado que complementa la pensión”, ha recordado. “Once pisos, quizás en pijolandia no conozcan a mucha gente con tantos pisos, yo a nadie”, ha dicho. También ha recordado que hay un fondo de compensación incluso para los grandes tenedores y fondos buitre comprendidos en el rango de la medida. “Incluso aunque vayan a desahuciar tienen un fondo de compensación”, ha afirmado.

Salvador ha reprochado a Junts que su voto en contra dejará sin la protección del bono energético a 160.000 familias en Catalunya. “Cuando votas así no defiendes la libertad sino que condenas a tu país a la misera. Eso quiere decir ‘no’ a los desahucios, ‘sí’ a los cortes de agua, ‘no’ a revalorizar las pensiones. Que caiga el bono social para desgastar al Gobierno y que sufra la gente”, ha sintetizado.

En esa misma línea, la diputada del PSOE Elisa Garrido ha defendido este martes que la suspensión de desahucios afecta solo a quienes tienen más de 10 pisos en alquiler en el mercado. “¿Qué vulnerabilidad es tener 11 pisos en alquiler? A esas personas defienden ustedes, a los que tiene 11 pisos en alquiler. Yo creo que se han defendido bastante bien en la vida, no necesitan que los pensionistas tengan que pagar por ello”.