Captada en Instagram por su profesor de música: casi todas las víctimas de delitos sexuales online son menores

Sara tenía 12 años y estaba en 6º de Primaria cuando Víctor, que había sido su profesor de música hasta ese curso, la contactó a través de Instagram. Lo hizo bajo dos perfiles falsos –’Gordi’ y ‘Chato’–, desde los que empezó a hablar con ella presentándose como un apoyo emocional frente a “sus problemas”. Después comenzó a pedirle fotos y vídeos de contenido sexual que Sara (nombre ficticio) le envió. La situación se alargó durante un tiempo, hasta que ella insistió en que le revelase su verdadera identidad. Un día de 2021, Víctor, que tenía entonces 45 años, le escribió para que acudiera al aula de música del colegio y allí descubrió quién era. La chica “se quedó en estado de shock”, una situación que derivó en que, a partir de ese momento, el docente abusara de ella sexualmente en varias ocasiones. Tres meses después, Sara contó en el centro educativo lo que había ocurrido y denunció.

El caso es uno de los incluidos por Save the Children en un nuevo informe en el que analiza la violencia sexual contra la infancia en el entorno digital. El estudio aporta datos de las denuncias registradas y revela que en 2024 fueron 1.078, casi tres al día y un 13% más que hace dos años, según el Informe de Cibercriminalidad del Ministerio del Interior. Es “la punta del iceberg”, recalca la organización, de un problema que afecta de forma desproporcionada a los niños, niñas y adolescentes: ellos son las víctimas del 84,2% del total de de denuncias por delitos sexuales online.

Los datos han sido incorporados al estudio, que analiza 23 sentencias recientes dictadas por casos del conocido como grooming. El objetivo de dibujar una panorámica del fenómeno y para ello aborda este delito como aquel por el que una persona adulta contacta con un menor de edad por medios electrónicos con el fin de hacerle participar en cualquier actividad sexual. Por ejemplo, obtener materiales de contenido sexual o generar cualquier tipo de encuentro tanto en el plano digital como físico, tal y como le ocurrió a Sara, que fue agredida sexualmente por el profesor en cuatro ocasiones, una en el centro educativo y tres más fuera.

El contacto suele producirse en redes sociales, plataformas de videojuegos o canales de streaming y los agresores emplean un modus operandi característico de la violencia sexual hacia la infancia que tiene que ver con ganarse su confianza, coaccionarles y manipularles al tiempo que tratan de aislar a las víctimas para asegurar su impunidad. Según consta en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oursense contra Víctor, él era “perfectamente conocedor” de la situación de “fragilidad emocional” de Sara, que debido a una “grave problemática familiar” tenía conductas autolíticas. Unas circunstancias de la que el agresor “se aprovechó”.

Save the Children advierte en su informe de que Internet se ha convertido en un espacio más “para ejercer violencia” y ha dado lugar a formas “propias del entorno digital”, aunque apunta a que el incremento de denuncias no significa per se que haya un empeoramiento de la situación, sino que “es una señal” de que “el problema empieza a visibilizarse”.

Uno de cada cuatro familiares

De las 23 sentencias que ha analizado la organización, que es la segunda vez que presenta un estudio de estas características tras la edición de hace dos años, extrae conclusiones como la edad media de las víctimas, que se sitúa en los 13 años. Además, en el 60,7% de los casos la víctima era una niña y en todos el agresor es un hombre, en su inmensa mayoría sin antecedentes penales. De ellos, solo uno de cada tres son personas que las víctimas no conocen mientras que la mayoría pertenecen a su entorno: el 25%, uno de cada cuatro, son miembros de su propia familia.

La ONG es consciente de que la muestra no es representativa, pero concibe el informe como un acercamiento al estado de la situación del fenómeno. Entre otras dimensiones, ha analizado cómo suele destaparse el abuso y ha concluido que casi en la mitad de los casos, el 43,7%, es la madre la que interpone la denuncia, seguida de las propias víctimas (37,5%) y de los padres, algo que ocurre en el 12% de los fallos evaluados. Sara presentó ella misma la denuncia ante la Guardia Civil acompañada por su padre después de un último episodio en el que Víctor usó una gran violencia contra ella, según consta en el fallo.

Desde que se inició el proceso hasta que hubo sentencia condenatoria contra el exprofesor de música, pasaron tres años, que es la duración de más de la mitad de los casos (60,7%), de los cuales el 14,3% superó los cinco años de duración. Solo el 35% se resolvió en menos de dos años.

La ONG destaca que el 65% de los chicos, chicas y adolescentes tuvieron que narrar más de dos veces lo ocurrido antes del juicio, una práctica que hace que la víctima “tenga que repetir la violencia sufrida”, lo que “unido a procesos judiciales que se alargan” puede conllevar un riesgo de revictimización y “obstaculizar” el proceso de recuperación de ella y de su entorno, explica Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children.

En el 65% de los casos, las sentencias terminan en condena mientras que las absoluciones se deben principalmente a que no se consideró que concurran todos los elementos exigidos en el tipo penal o a falta de pruebas. La Audiencia Provincial de Ourense condenó a Víctor a la pena de 13 años y medio de prisión tanto por forzar a la chica a que enviara material sexual por Internet como por agredirla sexualmente en repetidas ocasiones. En general, la pena más impuesta (en el 71,4 % de los casos) fue de más de tres años.

La organización ha aprovechado el informe para reclamar la implantación de juzgados especializados en violencia contra la infancia, una previsión que incluyó con tres años de retraso la Ley de Eficiencia de la Justicia aprobada en diciembre de 2024. El junio siguiente el Gobierno autorizó la creación de tres: uno en Málaga, otro en Barcelona y otro en Madrid, algo que para la ONG es “claramente insuficiente”. Además, pide formación especializada y transversal para todos los operadores jurídicos, incluida la Fiscalía, con el objetivo de “asegurar una atención adecuada, eficaz y centrada en los derechos de la infancia y la adolescencia”.

También la organización reclama que la violencia sexual contra las niñas y chicas sea juzgada en este tipo de juzgados y no en los de Violencia sobre la Mujer, algo que en su momento anunció el Gobierno que ocurriría debido a que estos órganos han empezado a encargarse de los delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja o expareja. Las niñas “tienen necesidades específicas” diferentes a las de las adultas y separar a chicos y chicas “supondría en la práctica un trato desigual” si son tramitados por juzgados diferentes, apunta la ONG.

Según la organización, los menores de edad se relacionan con Internet “desde edades tempranas” y más de la mitad lo usan de manera habitual desde los 11 años. Por eso, pone el foco en la necesidad de extender una educación basada en “el uso seguro y responsable” de las redes sociales sumada a la formación “afectivo sexual integral” que aborde “de manera adaptada a cada edad” cuestione como el consentimiento, la privacidad o el impulso de herramientas “para establecer límites” en los entornos digitales.