Adamuz y Rodalies siguen sobre la cabeza del Gobierno

Óscar Puente y Pedro Sánchez han librado más o menos bien la primera batalla en torno al accidente de Adamuz y la crisis de Rodalies. Pero la guerra continúa y seguramente se va a intensificar en las próximas semanas. Pasado el primer susto y un tanto confundida entre las muchas noticias políticas que se han sucedido en los últimos días, la crisis ferroviaria sigue pendiendo más que cualquier otro asunto sobre su suerte y amenazando con provocar un adelanto electoral.

Hasta el momento, el ministro de Transportes ha sabido estar a la altura del reto que el accidente suponía para él y para el Ejecutivo. Dio la cara desde el primer momento y ha dedicado muchas horas, sin interrupción, a explicar la actuación del Gobierno en materia ferroviaria y a tratar de convencer de que no era responsable del drama. Gracias a esa enérgica actuación y que sabe estar ante los medios ha conseguido que su voz haya sido la más escuchada, incluso la protagonista en la primera semana tras el desastre. El que Núñez Feijóo anunciara que no iba a intervenir en el debate hasta terminado el luto oficial, seguramente a la espera de que alguien le proporcionara argumentos para tirar contra él, ha contribuido a ese éxito relativo.

Pero ahora hay un nuevo escenario. Que se ha inaugurado con la comparecencia del ministro ante el Senado controlado por el PP, en la que la derecha ha sido durísima con él, atribuyéndole sin ambages la responsabilidad del accidente y del caos de los trenes de cercanías catalanas, un asunto sin duda muy grave sobre el que Puente ha sido hasta el momento mucho más parco en explicaciones.

Pero bastante más interesante que la muy previsible actuación del PP -Vox, a través de su lenguaraz portavoz, ya había llamado “asesino” al ministro- han sido las intervenciones de los partidos que de una u otra manera apoyan al Gobierno. Junts, desmintiendo hipotéticos acercamientos de última hora, no ha tenido reparo en pedir la dimisión del ministro. El PNV, sin llegar a tanto, que para algo acaba de acordar con Pedro Sánchez una importante lista de transferencias de competencias al País Vasco, ha denunciado con precisión y en extenso el déficit de inversiones en mantenimiento que los ferrocarriles sufren desde años. Y el resto de grupos que sostienen al Gobierno han pedido, en un tono más o menos crítico, más inversiones.

Cuando todavía faltan dictámenes conclusivos sobre los motivos del accidente de Adamuz ya parece aceptado que la ruptura de un trozo de la vía es el principal responsable de la misma. Entre otras cosas porque así lo ha revelado el presidente de la comisión investigadora, en una iniciativa no precisamente acorde con los intereses del Gobierno. Lo cual también podría sugerir el clima crítico que existe en los despachos que tienen que ver con el asunto. En cambio, que Felipe González haya pedido, eso sí, con la boca pequeña, la dimisión de Óscar Puente no ayuda mucho a la hora de hacer previsiones sobre lo que puede pasar. Porque el expresidente se limita a mantenerse en su línea de desdén a todo cuanto hagan Pedro Sánchez y su gobierno y en su alineamiento sin disimulo con la derecha.

No hace falta conocer demasiados entresijos del debate para prever que los fallos detectados en las vías en Adamuz serán el eje de los nuevos ataques que dentro de no mucho empezará a recibir el Gobierno por parte de una derecha y su poderosa estructura mediática, que no se van a resignar a soltar la presa. Y la crisis de las cercanías catalanas, muy extensa, grave y con gran impacto en la opinión pública, actuará como complemento, si no como disruptor, del nuevo ataque que va a sufrir el Gobierno. Puente lo ha hecho bien hasta ahora, pero su suerte final sigue sin estar clara. Y las consecuencias políticas del episodio, si las cosas finalmente se le tuercen, tampoco.

Mientras tanto, Pedro Sánchez no para de hacer cosas, lo cual es la mejor manera de transmitir una sensación de normalidad a la opinión pública y también de que se hable de otros asuntos. Ha accedido a la propuesta de Podemos de que se regularice a medio millón de inmigrantes sin papeles. Algo que no se puede sino aplaudir y que el PP, a diferencia de Vox, no ha criticado con particular fuerza: tal vez porque una mayoría de españoles y españolas, incluidos no pocos de sus votantes, considera beneficiosa la inmigración. A cambio de ese acuerdo, que no se sabe qué gracia habrá hecho en Sumar, Podemos se ha avenido a transferir las competencias en inmigración a Cataluña, tal y como pedía Junts.

Además, Sánchez ha acordado las citadas transferencias de competencias con el PNV. Y aunque su decreto ómnibus, que incluía la subida de las pensiones y otras medidas sociales relevantes, se ha estrellado con el voto contrario del PP, de Vox y de Junts, es muy posible que tal fracaso no sea del todo malo para la izquierda. Porque la negativa de la derecha a subir las pensiones será un antecedente que circulará con fuerza de aquí en adelante en la escena política. Porque su rechazo de las otras medidas incluidas en el ómnibus, no harán sino reforzar la imagen antisocial de la política del PP. En concreto, la moratoria antidesahucios tenía por objeto proteger de la codicia de los grandes grupos de propietarios de viviendas y no de luchar contra los okupas, como torticeramente ha dicho Feijóo. Y por último, porque todas esas medidas, empezando por la subida, terminarán siendo aprobadas por otras vías parlamentarias.

Ahora, aparte del enfrentamiento ferroviario, queda en el aire la posibilidad de que finalmente sean aprobados los nuevos presupuestos, una idea que exponentes del Gobierno no dejan de airear en privado. Pero las cosas políticas no parece que vayan a hacer eso posible, a menos que haya un cambio de escena muy improbable en estos momentos. La renuncia de José Luis Ábalos a su escaño da un voto más al PSOE y priva a Junts de bloquear cualquier iniciativa parlamentaria del gobierno con sus votos contrarios. Pero sí con su abstención.