El juez suspende la declaración de Martín Villa a la espera de que se resuelva el recurso contra su imputación

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Elda (Alicante) ha decidido suspender la declaración como investigado del exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte de Teófilo del Valle a manos de la Policía postfranquista. La declaración estaba prevista para el próximo 4 de febrero, tal como acordó la magistrada anterior titular del juzgado, una vez desestimó el recurso de reforma de la defensa de Martín Villa.

Sin embargo, el juez actual ha suspendido las declaraciones señaladas “provisionalmente” hasta que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva el recurso de apelación contra la inadmisión del anterior recurso de reforma (ambos cuestionan el auto inicial de admisión de la querella), según indica una providencia del pasado 27 de enero a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Teófilo del Valle, trabajador de una fábrica de Elda, murió a consecuencia de los disparos por la espalda de un agente de la Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, que lo perseguía el 24 de febrero de 1976 tras las movilizaciones sindicales en la localidad alicantina y en el contexto de la fuerte violencia policial de la Transición.

El policía armado estaba a las órdenes del sargento Laureano Ballesteros. Por su parte, Rodolfo Martín Villa era en el momento del crimen ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro. Daniel Aroca, el autor del disparo, también estaba citado como investigado.

La coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) y la entidad Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, ambas impulsoras de la causa junto con el hermano de la víctima, José Antonio del Valle, critican que, “a instancias de la representación procesal de Martín Villa”, el magistrado haya acordado la suspensión de las declaraciones. Consideran que se han suspendido “sin base legal”.

“Esta resolución judicial carece de una motivación jurídica suficiente, es infundada y contraria a derecho, y provoca, una vez más, una situación de absoluto desamparo para José Antonio, así como para el conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por quienes integraron los aparatos represivos de la dictadura franquista y que permanecieron inalterados durante la Transición”, según indican en un comunicado.

La decisión del juez, según apostillan, “incumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos” y “contribuye a apuntalar el modelo de impunidad que el Estado español ha venido sosteniendo frente a estos crímenes, en abierta contradicción con sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”.