Sólo los ignorantes y los racistas se oponen a dar papeles a los inmigrantes

En los años 60, el Congreso de EEUU no renovó un programa iniciado en 1942 que permitía la entrada de mexicanos en el país para trabajar en las explotaciones agrícolas. Así que en el verano de 1965 a alguien se le ocurrió una idea genial. Aparentemente. Convencerían a los estudiantes de instituto, chicos de 17 años en buena forma física porque formaban parte de las competiciones deportivas de los centros, para que trabajaran en la cosecha. Miles de ellos se apuntaron gracias a las razones esgrimidas por sus maestros. Les pagarían un sueldo y se lo pasarían bien. “El trabajo agrícola hace a los hombres”, decían los folletos enviados a los colegios. 

Fue un desastre. Sus condiciones de trabajo eran las mismas que las de los anteriores braceros mexicanos. Es decir, dormían en literas en dormitorios desvencijados, les daban muy mala comida y trabajaban soportando altas temperaturas. Muchos no duraron más que unas pocas semanas. Los agricultores estaban descontentos porque no hacían bien su trabajo. Los jóvenes se sentían explotados y tenían razón. 

El asunto llegó al Congreso, donde algunos políticos explicaron que el programa no tenía sentido. “Al denunciar las condiciones de trabajo como inaceptables para los trabajadores de EEUU, (el congresista) Roncaglio no admitió que eran las mismas que los braceros mexicanos habían soportado desde 1942”, escribió una historiadora en un libro posterior. 

La retórica xenófoba de que EEUU no necesitaba a tantos mexicanos en su economía chocó con la realidad. Sólo los inmigrantes, obligados a aceptar un trabajo duro que por otro lado no conseguían en su país, estaban dispuestos a aceptar ese tipo de vida. Los congresistas en Washington nunca habían sido conscientes de lo que supone trabajar en el campo. 

Es una historia no muy diferente a lo que vemos hoy en EEUU y Europa, quitando esa parte estúpida de pensar que los jóvenes podían hacer el trabajo de adultos mucho más sacrificados. Partidos de la derecha y la extrema derecha alegan que hay demasiados inmigrantes en España. Más allá de sus ideas xenófobas, ignoran por completo la realidad económica del país. No es que sea necesario estar muy atento. Es un proceso del que ya se hablaba hace décadas, mucho antes de que aumentara la población de origen extranjero. Sectores como la construcción y la agricultura, a los que ahora habría que sumar el de los cuidados y una buena parte del sector de servicios en las zonas turísticas, no pueden funcionar sin los inmigrantes. Y además esas personas aportarán mucho más a la economía y será más difícil que sean explotados por empresarios sin escrúpulos si cuentan con papeles que legalicen su estancia en España.

La falta de papeles genera abusos y también marginación y furia. El inmigrante despreciado por la sociedad termina pensando que no debe nada a nadie, porque nadie hace nada por él. Esa alienación, a falta de una palabra mejor, es un pésimo resultado que hace imposible la integración, que es el objetivo al que dicen aspirar la mayoría de los partidos.

La noticia de que el Gobierno pondrá en marcha un proceso de regularización de extranjeros que podría beneficiar a medio millón de personas ha causado el rechazo total del PP y de Vox. Lo de la extrema derecha era previsible. El racismo es el punto principal de su programa político. Sólo hay que ver su propaganda en Twitter, donde Sánchez aparece entregando pasaportes a jóvenes de aspecto magrebí cuando serán los latinoamericanos los que más se beneficien.

Lo del PP es menos entendible. Por la parte política, sí. El partido de Alberto Núñez Feijóo está aterrorizado ante el crecimiento de Vox en los sondeos en los últimos dos años y cree que debe endurecer su discurso contra la inmigración para impedir la huida de sus votantes. Pero no estaría de más exigirle un mínimo de coherencia. Esta regularización no es muy diferente a la que promovió el Gobierno de Aznar y después el de Zapatero. 

Inevitablemente, han recurrido a la alarma por el posible efecto llamada. Eso no fue lo que ocurrió tras la regularización de Zapatero. El número de llegadas de extranjeros se redujo en un contexto de crecimiento económico o al menos eso es lo que detectaron los estudios realizados sobre el tema. Feijóo se ha apresurado a anunciar que llevarán el tema a Europa. No se ha cansado de encajar derrotas en Bruselas. La Comisión Europea ya le ha recordado que el tema pertenece a las competencias de cada Estado. Sobre lo que dijo Santiago Abascal de que la medida perjudica “el correcto funcionamiento del espacio Schengen”, hay que saber que conseguir papeles y un permiso de trabajo en España no te da también ese permiso para trabajar en Alemania. 

Feijóo de campaña en Figueruelas, Zaragoza, para las elecciones de Aragón.

El PP se sumó a otro bulo absurdo de la ultraderecha al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los extranjeros. Tener la residencia legal no te da el derecho al voto en unas elecciones generales. Para eso, hay que tener la nacionalidad, y ese es un proceso que en la práctica dura muchos años, no sólo los dos años mínimos establecidos por ejemplo para los que llegaron de países latinoamericanos. Hubo que esperar al viernes para que reconocieran algo que en el fondo ya sabían. 

Para recibir los papeles, los inmigrantes tendrán que probar que no tienen antecedentes penales. A la búsqueda de algo que atraiga a los votantes de Vox, a Feijóo se le ha ocurrido reclamar que se incluyan también los llamados antecedentes policiales en otro intento de relacionar inmigración con delincuencia. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que impiden dar ese paso. Incluso aunque se cambiaran las leyes en el Parlamento, quedaría el hecho de que ser detenido por la Policía no acaba con la presunción de inocencia.

Tanto Feijóo como Díaz Ayuso establecieron diferencias entre inmigrantes con la intención de pedir que los de origen latinoamericano deberían tener un tratamiento especial al compartir con nosotros el idioma y algunos supuestos valores comunes. “Los hispanos”, dijo Ayuso en 2024, “no son inmigrantes”, porque en España “están en su casa”. Según una estimación de la fundación Funcas, el 91% de los inmigrantes en situación irregular es de origen latinoamericano, por lo que serán los más beneficiados por la nueva medida. De repente, al PP, que buscaba atraerse el apoyo de ese colectivo, se le ha apagado el entusiasmo. Ahora, Feijóo afirma que la regularización traerá “problemas de convivencia”. Resulta que los latinos que antes estaban “en su casa” ahora nos traerán problemas.

Soy consciente de que a mucha gente le molesta que se haga énfasis en motivos económicos para explicar las ventajas de regularizar a los sin papeles. Dependiendo de cómo se explique, puede parecer que sólo se les considera herramientas con las que conseguir beneficios económicos. Hacen los trabajos que nosotros no queremos, así que vamos a explotarlos. Aquí hay que recordar una frase de Ayuso en la Asamblea de Madrid dirigida a Vox por la que recibió críticas: “Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas”.

Explicado así sonaba un poco clasista al limitar todo a una cuestión de conseguir mano de obra, preferiblemente barata, para ciertos trabajos que nos hagan la vida más fácil, empezando por lo de limpiar nuestras casas. Los inmigrantes no vienen a España a quedarse con los empleos duros, sino a construir un futuro para ellos y sus hijos y con ello contribuyen a la prosperidad del país. Muchos lo pueden hacer con la formación universitaria que recibieron en sus países o con nuevas habilidades que obtienen en una economía más desarrollada. Otros tienen que conformarse con empleos más exigentes y peor remunerados. Como les pasa a los españoles que han nacido aquí.

Tampoco se puede obviar la cuestión demográfica. Desde los años 80, se viene hablando del descenso de nacimientos en España, un riesgo a largo plazo para toda la sociedad. Los países que pierden población de forma persistente durante décadas no suelen ser los más prósperos. La llegada de millones de extranjeros ha contribuido a atenuar el problema, cosa que no han hecho los gobiernos españoles con ayudas económicas tan escasas como irrelevantes para aumentar la natalidad.

Hay cosas que no se solucionan con más dinero. No hay Gobierno en Europa que haya concedido tantas ayudas económicas a la natalidad como el de Hungría. El índice de fertilidad mejoró algo años atrás, pero después se impuso la misma realidad que en el resto del continente. En 2025, nacieron 72.000 niños, un 7% menos que el año anterior. Los fallecimientos fueron 124.200. La tasa de fertilidad cayó a 1,31 hijos por mujer en edad de tenerlos (era de 1,39 un año antes), la cifra más baja en catorce años. La cifra de España es 1,1. 

El incremento de la población en los últimos años no hubiera sido posible sin la llegada de inmigrantes y ese aumento es uno de los factores más relevantes del crecimiento económico del que se ha disfrutado desde entonces. Eso incluye los buenos datos de empleo conseguidos en 2025 y el hecho de que varias comunidades autónomas habrían perdido población si no hubieran tenido la aportación que da la inmigración.

Ahora que el PP y Vox compiten para ver quién es el más xenófobo, sería divertido recordarles la decisión que tomó Giorgia Meloni el año pasado. El Gobierno italiano anunció en junio que concederá 500.000 visados de trabajo a personas de fuera de la UE entre 2026 y 2028. Es una cifra similar a la que adoptaron para el periodo 2023-2025. Como siempre en estos casos, establecer programas de migración legal no siempre afecta al número de personas que llegan por los aeropuertos y que deciden quedarse después de forma irregular. 

La Meloni idolatrada por Vox y a la que Feijóo ha elogiado sabe que su país necesita a esos trabajadores extranjeros. La única duda es cómo poner en práctica esos mecanismos para que sean efectivos. 

No hay que ser un genio para hacer las cuentas. En 2024, en Italia los fallecimientos superaron en 281.000 a los nacimientos y la población se redujo en 37.000 personas. Esa es una tendencia que todos los discursos reaccionarios y ultranacionalistas en España no pueden ocultar. Regularizar a los migrantes es una cuestión de defender la dignidad de las personas que han nacido en el extranjero para que puedan aportar a la sociedad y es también una decisión obligada por la realidad económica y demográfica de España.