Las consecuencias de cerrar escuelas por mal tiempo: clases perdidas y familias que no pueden cuidar a sus hijos

Pedro Navareño no recuerda que en los 20 años que lleva ejerciendo la docencia en Extremadura se hayan suspendido nunca antes las clases por alertas meteorológicas, más allá del calor en verano. Hasta que el pasado 27 de enero recibió un aviso por el que la Junta le notificaba que al día siguiente el colegio que dirige, el Centro Rural Agrupado El Manantial, cerraría forzosamente sus puertas por la lluvia intensa, nieve y fuertes rachas de viento. Como todos los de la región.

“Se suspenden las clases debido a las condiciones meteorológicas”, decía la Junta en su aviso. Los episodios graves o extremos se suceden cada vez más a menudo, también en territorios que los habían esquivado hasta ahora, y con ellos se paraliza la actividad docente en los colegios, con la consiguiente pérdida de aprendizaje. Se está viviendo estos días, tren de borrascas mediante, en varias comunidades autónomas, que han cerrado sus centros educativos por precaución ante las copiosas lluvias y el fuerte viento. Catalunya ha decretado que este jueves no hay clases por el fuerte viento. Nadie quiere pillarse los dedos con un posible accidente, especialmente tras la dana de 2024. Mejor cerrar sin necesidad, piensan las administraciones, que abrir cuando no se debe.

Así, Andalucía, Extremadura, Catalunya y Galicia han cerrado clases en diversos puntos de sus territorios esta semana o la pasada por los temporales. La Comunitat Valenciana mandó a sus escolares a casa en otoño por lluvias, como algunas provincias catalanas. En algunas comunidades es habitual en los últimos cursos que, en los meses de verano, cuando aprieta la canícula, los niños puedan irse a casa a mediodía.

Pero el plan se acaba ahí, en cortar las clases. Pese a que la pandemia demostró que era posible la enseñanza remota (mejor o peor, pero algo), ninguna administración tiene un protocolo operativo para que la pérdida de clases no se transforme automáticamente en pérdida académica, confirman varios directores. En la notificación de Extremadura, sin ir más lejos, ni se aludía a lo académico. El Ministerio de Educación asegura que esto es competencia de las comunidades autónomas.

Tampoco se ofrece una solución a las familias, que ven cómo los niños no pueden acudir al colegio, pero, aunque sí está contemplado sobre el papel en el Estatuto del trabajador, en términos reales padres y madres no tienen la misma dispensa, lamentan profesionales y la principal federación de AMPAs del país.

Sin planes docentes

“En Andalucía, cuando decidieron suspender la presencialidad la semana pasada, la Junta envió un primer mensaje en el que la Consejería hablaba de trabajar con teledocencia en función de cada proyecto educativo”, cuenta Jorge Delgado, responsable de la Asociación Andaluza de Director@s de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), “pero cinco minutos después enviaron el mismo mensaje quitando la parte de la teledocencia”. Delgado, director del CEIP Blas Infante, de Écija, explica que los centros tienen (o deberían tener) un plan alternativo a las clases presenciales directas a través de plataformas, pero la realidad es que con carácter general, más allá de alguna iniciativa particular, no se está aplicando. En Andalucía, la Junta, al tercer día de suspensión, acabó instando a los centros a realizar docencia telemática.

“Habría que intentar establecer algún tipo de protocolo”, concede el también presidente de la federación estatal de directivos y directivas de centros públicos de educación infantil y primaria (Fedeip), “porque este año han sido tres días, pero estos fenómenos cada vez se están convirtiendo en más habituales”. También reconoce Delgado la dificultad de la tarea. “No sabes en qué condiciones están los niños y niñas en sus casas”, cuenta, aunque la mayoría de las comunidades hicieron mucha publicidad de que habían provisto de equipos a quienes no los tenían durante la pandemia.

Las familias también creen que es necesario un plan. “Con la covid la enseñanza online dejó que desear, y hay estudios que dicen que el alumnado perdió alrededor de medio curso (depende de la etapa). Pero ninguna autonomía se planteó compensar este desfase, por ejemplo con algunos días extras cada curso”, sostiene María Sánchez Marín, presidenta de Ceapa. Porque, además, los calendarios escolares (que establecen las comunidades autónomas dentro de un marco general) suelen ir al mínimo legal, 175 días, o muy cerca, lo cual deja sin margen de reacción a los centros cuando se pierden clases.

Es más, cuenta Sánchez Marín, tras el temporal Filomena, que costó tres días de clase en Castilla La Mancha, el Gobierno regional recuperó dos de ellos al final del curso “para llegar al mínimo”. Los sindicatos lo tienen recurrido. “Es que no solo no se recupera esa posible pérdida [de la pandemia], sino que se suma sobre ella. La suspensión de clases sin alternativa es añadir más desfase a este desfase”, lamenta.

La teoría dice que los colegios e institutos deberían tener esos planes alternativos. Se exigen sobre el papel en las órdenes de principio de curso, y hay centros que los tienen elaborados, pero luego lo normal es que no se apliquen o que se haga de manera voluntaria o a medias, como puede ser enviar una serie de ejercicios a través de una plataforma sin mayor seguimiento, según confirman varios directores.

“En el 20 se demostró que se puede hacer. Hay conectividad, todas o casi todas las autonomías han implementado la digitalización docente (el profesorado debe acreditar un nivel de competencia mínimo), está la compra de dispositivos para que todo el mundo que no tuviera pudiera conectarse, algo que pasó entonces”, enumera Sánchez Marín. “Pero todo este trabajo de formación y compra de tecnología se pierde. Se suspenden las clases y nadie dice nada”, cierra.

Hay iniciativas, aunque sin mucho recorrido. La Generalitat valenciana anunció el pasado octubre que negociaba con las asociaciones de familias un protocolo que incluyera la atención educativa en el caso de cierre de escuelas, pero el proyecto acabó cayendo en saco roto. Según la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya, no fue por temas académicos: la Generalitat quería poner en manos de los equipos directivos la decisión sobre cuándo cerrar los centros, algo a lo que se negaron. La Conselleria de Educación no ha contestado a las preguntas de este periódico al respecto.

¿Quién cuida a los niños?

El problema del cierre escolar no se limita a la pérdida académica. En Catalunya van a vivir este jueves el último episodio de cierre de escuelas por temporales meteorológicos, informa Pau Rodríguez, una decisión que arrastra en la comunidad autónoma una larga disputa laboral, puesto que muchas familias se ven obligadas a quedarse en casa con sus hijos, y al mismo tiempo no tienen claro si pueden ausentarse del trabajo.

En este sentido, la Generalitat asegura que ante avisos de este tipo los trabajadores deben teletrabajar y, si no es posible, tienen derecho al permiso retribuido por “imposibilidad” de acceder a su puesto de trabajo como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento por fenómenos meteorológicos adversos, tal como se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores, aunque ese artículo 37.3.g genera muchas dudas.

Sí, tercia María Sánchez Marín, presidenta de Ceapa, la principal federación de asociaciones de padres y madres del país, el Estatuto del Trabajador contempla desde la pandemia, “previo aviso y justificación”, un permiso retribuido de cuatro días por “imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes”, pero “es insuficiente en algunas regiones, que exceden esos cuatro días porque cada vez es más habitual suspender”, y además el redactado es ambiguo. “En Andalucía, la semana pasada, la comunicación se hizo muy tarde y muchos profesionales no podían asumirlo ya”, cuenta.

El problema es transversal. “En Extremadura ha habido un gran malestar, porque está bien que cierren escuelas, pero miles de trabajadores no han cesado la actividad”, cuenta el director Navareño. Desde Ceapa entienden que no es función de la escuela ejercer de guardería, pero a la vez sostienen que “el sistema productivo está montando así”, cierra su presidenta.