Dos personas vinculadas a la concejala de Hacienda del PP de Alicante también fueron agraciadas con VPO

Dos personas que mantienen relación personal con la concejala de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, habrían resultado también adjudicatarias de viviendas protegidas del polémico residencial de 140 pisos con piscina y pistas de pádel construido en la playa de San Juan.

Además, otras 11 viviendas estarían adjudicadas a individuos con algún tipo de conexión con el Consistorio, como por ejemplo un policía local o la hermana de una funcionaria del gabinete de prensa, tal y como ha avanzado el diario Información. Fuentes municipales no han contestado a las preguntas de elDiario.es para contrastar estos datos.

En el caso del personal vinculado a la concejala Beldjilali, se trataría de la hermana de su secretaria a quien la Conselleria de Vivienda ya habría requerido documentación para acreditar que no ha habido irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La otra persona del entorno de la edil beneficiaria de una casa habría sido una funcionaria interina que ejerce como administrativa en el servicio de Intervención, con quien mantiene una buena relación personal desde que coincidieran como candidatas a Bellea del Foc de Alicante en el año 2017.

Estos casos se suman a los ya conocidos de pisos adjudicados a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a las de dos de los hijos y un sobrino de la también dimitida directora general Ana Pérez-Hickman, y a la adjudicada al arquitecto municipal, Francisco Nieto, y a una técnico cesada con el funcionario suspendido de empleo y sueldo de la Generalitat. En el caso de la exconcejala de Urbanismo, se suman otros dos inmuebles adjudicados a su excuñada y a su suegro. La última de las al menos 13 viviendas en manos de personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante es en la que residen las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, y que durante el pasado mandato ocupó el mismo cargo junto a la vicealcaldesa de Alicante de Ciudadanos.

Por otra parte, la Conselleria de Vivienda habría solicitado información adicional a una decena de adjudicatarios para cotejar si cumplen los requisitos y la Fiscalía Anticorrupción ultima un escrito de denuncia en el juzgado sobre el asunto.

Como informó elDiario.es, un informe realizado por el Ayuntamiento de Alicante a finales de la semana pasada apuntaba a que más funcionarios municipales de los que hasta ahora se tenía constancia, o familiares directos de estos, podrían haberse adjudicado viviendas protegidas.

El informe elaborado por el área de Patrimonio del Consistorio que se trasladó al alcalde, Luis Barcala, el pasado 27 de enero, ya alertó de que personal municipal “posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”. Fue la jefa de servicio de la concejala ahora también se ha visto salpicada la que redactó el documento.

El informe de Patrimonio forma parte de la denuncia presentada hace una semana por el Consistorio ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal y, de ser así, se depuren las responsabilidades.

En el escrito al que ha tenido acceso esta redacción, se informa de que concluida la construcción de las viviendas de La Condomina ‘Les Naus’, la cooperativa remitió al Consistorio un listado de los inmuebles VPP entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplía los requisitos legales. Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.

Y pese a que todos ellos cumplen los requisitos exigidos por la normativa, esa concurrencia de los vínculos personales “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo”, según la denuncia.

Además, el informe de Patrimonio también señaló “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles”.