Las resistencias de Trump a modificar las prácticas más autoritarias del ICE deja en el aire la financiación del Departamento de Seguridad Nacional

Quedan pocas horas para que venzan los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional y no hay acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas. El plazo vence el viernes a media noche, y este jueves por la tarde se daba por descontado el cierre administrativo del departamento de Kirsti Noem ante la negativa de la Casa Blanca a reformar las prácticas más autoritarias del ICE, como que los agentes lleven las caras descubiertas y estén obligados a portar cámaras corporales.

El vencimiento del plazo, además, se produce al inicio de un receso previsto de 10 días en el Capitolio, si bien los congresistas pueden ser llamados a una sesión en caso de que se produjera un acuerdo.

Según informan los medios estadounidenses, los demócratas y la Casa Blanca se han intercambiado papeles en los últimos días. Las exigencias demócratas para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHA) pasan por una mejor identificación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales de las fuerzas policiales, un nuevo código de conducta para esas agencias y un mayor uso de órdenes judiciales, entre otras peticiones.

Pero Trump ha afirmado que algunas de las demandas demócratas serían “muy, muy difíciles de aprobar”. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), por su parte, ha calificado de “poco seria” la contraoferta de la Casa Blanca después de que el Senado rechazara un proyecto de ley para financiar el departamento en una primera votación celebrada este jueves. “Los estadounidenses exigen rendición de cuentas y el fin del caos”, ha dicho Schumer: “La Casa Blanca y los republicanos del Congreso deben escuchar y cumplir”.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), señaló tras la votación inicial de este jueves que un cierre parecía probable y que “las personas que no van a recibir sus salarios” pagarán las consecuencias.

No obstante, el impacto de un cierre del DHS será mínimo al principio, ya que la megaley fiscal de Trump aprobada el verano pasado incluía grandes recortes de impuestos, pero también un aumento del gasto para el ICE de unos 75.000 millones extra para ampliar su capacidad de represión migratoria.

No obstante, otras agencias del departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Servicio Secreto y la Guardia Costera, podrían verse más afectadas con el paso del tiempo.

Trump, por su parte, se ha mostrado este jueves contrario a obligar a los agentes a ir con la cara descubierta. “Tenemos que proteger a nuestras fuerzas del orden”, ha declarado Trump sobre una medida fundamental propuesta por los demócratas desde los asesinatos en Minneapolis del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti el 24 de enero y de Renee Good el 7 de enero.

Trump sí accedió a la exigencia demócrata de que el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional se separara de otras partidas de gasto que entraron en vigor el lunes de la semana pasada. Ese paquete prorrogó la financiación de Seguridad Nacional, pero solo durante dos semanas, y el plazo vence este viernes a medianoche.

Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York) han reclamado que los agentes de inmigración no lleven la cara cubierta, muestren su identificación y se coordinen mejor con las autoridades locales, en la línea del resto de cuerpos policiales en EEUU. También han exigido una política más estricta sobre el uso de la fuerza para los agentes federales, garantías legales en los centros de detención y la prohibición de rastrear a manifestantes con cámaras corporales.

Los demócratas también afirman que el Congreso debería poner fin a los arrestos indiscriminados y exigir que, antes de que una persona pueda ser detenida, las autoridades verifiquen que no sea ciudadano estadounidense.

Pero los republicanos se han opuesto en gran medida a la mayoría de los puntos de la lista de los demócratas, incluyendo la prohibición del uso de pasamontañas. “El tema de las órdenes judiciales será muy difícil para la Casa Blanca y para los republicanos”, ha reconocido también Thune.

Los demócratas han afirmado que los agentes del DHS no deberían poder entrar en propiedades privadas sin una orden judicial y que se deben mejorar los procedimientos para las órdenes judiciales. Han expresado su deseo de poner fin a las “patrullas itinerantes” de agentes que buscan a personas en las calles y en sus hogares.

La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, documentos internos emitidos por las autoridades migratorias que autorizan el arresto de una persona específica, pero no permiten a los agentes entrar por la fuerza en domicilios privados u otros espacios no públicos sin consentimiento. Tradicionalmente, solo las órdenes firmadas por jueces tienen esa autoridad.

Sin embargo, un memorando interno del ICE, adelantado por The Associated Press, autoriza a sus agentes a usar la fuerza para entrar en una residencia basándose únicamente en una orden administrativa para arrestar a alguien con una orden final de deportación, una medida que, según los defensores de derechos humanos, contraviene la Constitución.