La Agencia Tributaria eleva a un millón de euros los pagos de las gasísticas al despacho fundado por Montoro

La Agencia Tributaria eleva a casi un millón de euros los pagos de las empresas gasisticas a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, centro de una investigación por los cambios en las leyes que beneficiaban al sector después de que la consultora influyera en el Gobierno del Partido Popular. Hasta ahora, la cifra analizada de los pagos por la Guardia Civil era de 673.500 euros, pero el último informe de la Agencia Tributaria, al que ha accedido elDiario.es, sitúa el total de los pagos de las gasísticas en 991.663,76 euros.

El informe también pone de manifiesto que Hacienda no ha podido acceder a las cuentas del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro dentro de la investigación judicial por el caso de corrupción relacionado con el despacho que fundó, Equipo Económico, y la modificación de leyes a favor del sector gasístico que lo contrató. “No se han facilitado las cuentas bancarias en las que consta como titular o autorizado, sometiéndose a su consideración la conveniencia de su obtención”, recoge el inforem de la AEAT, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los inspectores de Hacienda sospechan que Ricardo Montoro, el hermano del ex ministro, habría recibido transferencias de los clientes de Equipo Económico que equivalen a un 2,1% de la participación en Equipo Económico que habría quedado huérfana tras su salida del despacho, por lo que sospechan que encubriría un pago que ya no le correspondía.

El juez dictó el pasado junio un auto de levantamiento del secreto en el que revelaba que Cristóbal Montoro y nueve de los altos cargos de su Ministerio, relacionados en algún momento con Equipo Económico, son investigados por siete delitos relacionados con modificar dos leyes para beneficiar a las empresas gasísticas a cambio de que éstas contrataran a la consultora fundada por Montoro.

Como ha venido ocurriendo durante la instrucción, el trabajo de la Agencia Tributaria, en este caso, y de los Mossos d’Esquadra va más allá de las conclusiones de la Guardia Civil, que exoneraron a los investigados en cuanto al destino último de los fondos inyectados por las gasísticas al despacho. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, se quejó a su jefe, Alejandro Luzón, tanto de la falta de apoyo de este a su investigación como de la pasividad de los agentes de la UCO, tal y como reveló elDiario.es.

En el presente informe de la Agencia Tributaria, por ejemplo, se pone de manifiesto que la información con la que han podido trabajar sus inspectores se desprende “la existencia de cajas de seguridad, de inversiones financieras en las que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen y/o beneficiario último se desconoce, lo cual restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado”.

La instrucción judicial se prolonga durante más de siete y ha permanecido bajo secreto casi todo ese tiempo. Un juzgado de Tarragona ha tenido que hacerse cargo de la investigación después de que los indicios que dieron pie al caso afloraran en otra investigación de los Mossos d’Esquadra. En los próximos meses la causa vivirá un episodio clave con la resolución de la Audiencia Provincial a la avalancha de recursos que las defensas han presentado contra la instrucción del juez Rubén Rus. Cristóbal Montoro defiende que se desvinculó del despacho antes de que se produjera el contrato con las gasísticas, que obtuvieron beneficios durante su segunda etapa en el Ministerio de Hacienda.

En su último informe, la Agencia Tributaria insiste en la tesis que ha movido la investigación acerca de que el trabajo de Equipo Económico no fue realmente el que se declaró de asesoría, algo que hizo una consultora internacional realmente. “El despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las ‘autoridades implicadas’ como factor deciviso para la obtención del beneficio fiscal investigado”.