Un abogado salva a 300 trabajadores precarios de ser desahuciados de un poblado chabolista en Ibiza

La traumática historia del desalojo en la zona de Can Rova casi se repite esta mañana, evidenciando una vez más la dramática situación de la vivienda en Eivissa. Más de 300 personas, la mayoría de ellas trabajadores precarios del turismo ibicenco, se encontraron a primera hora con un operativo policial alrededor del poblado chabolista. Unos ochenta agentes, entre Policía Local de Santa Eulària, Policía Nacional y Guardia Civil les avisaron de que tenían hasta las tres de la tarde para marcharse con sus enseres a otra parte después de que el juez del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Palma hubiera dado luz verde al Ajuntament de Santa Eulària para ejecutar el desalojo. 

Hacia las nueve de la mañana, efectivos del GAB (Gabinete Técnico de la Policía Nacional), del GRS (Grupo de Acción Rápida) de la Guardia Civil, así como patrullas de tráfico del instituto armado y ocho efectivos de Extranjería de la Policía Nacional, ya se habían desplegado alrededor del perímetro para sorpresa de los moradores. “A las ocho de la tarde, todo el mundo debe estar fuera”, especificaron a los medios los cuerpos de seguridad. Hubo un final alternativo: el abogado David Fechenbach –que representa a setenta de las doscientas personas que viven en esta favela situada en la entrada de Eivissa– solicitó que se frenara el desahucio. Presentó, a través de un procurador, un informe de vulnerabilidad y lo consiguió. Eran las dos y media de la tarde.

Habían pasado, sin embargo, cinco horas muy complicadas, de tensión y angustia. A las once de la mañana la retención en la carretera, a un kilómetro de distancia de donde se encuentra el terreno, ya indicaba que algo estaba sucediendo. Muchas personas abandonaban la propiedad cargadas con maletas, neveras, hornillos y bolsas del supermercado llenas de objetos que necesitan para sobrevivir en condiciones infames. 

Un grupo de desalojados empujaba un vehículo, hasta arriba de cosas, para empezar su marcha. A finales del pasado verano, muchos de ellos se trasladaron a esta finca, inscrita en el catastro con el nombre de Cas Bunets, propiedad de los Ayguavives Suaña (una familia, catalana pero con raíces ibicencas: grandes tenedores y dedicados a la gestión de propiedades inmobiliarias), pero los nuevos inquilinos no se establecieron allí por simple capricho. El 31 de julio de 2024, fueron desalojados de Can Rova, el terreno contiguo a Cas Bunets. 

Dos agentes de la policía y al fondo, un desalojado cargando una nevera.

Una mujer sostiene un bebé en sus rodillas.

Pagos en B a un casero-pirata

Allí, durante meses o años, estuvieron pagando alquiler. En B y a un casero-pirata que explotaba ilegalmente una parcela donde llegaron a convivir más de mil personas. En caravanas, barcos varados o casetas de madera. ¿El motivo? Esas mensualidades bajo mano eran mucho más baratas que cualquier habitación, apartamento o piso que pudieran encontrar en el mercado legal. Por eso, a las nuevas barracas, que hoy se han intentado desalojar, se las bautizó, entre sus habitantes y en los medios locales, con un topónimo muy elocuente: Can Rova 2. La segunda parte de esta historia, la repetición del problema. 

Hoy, aquellos desahuciados han estado a punto de verse obligados a buscar de nuevo una vivienda alternativa, a pesar de que entre las personas que residen en el poblado hay ocho mujeres embarazadas y 15 menores, uno de ellos de tan solo un mes de vida. Aunque durante los últimos siete u ocho meses se han ahorrado en Cas Bunets el alquiler fraudulento que pagaban en Can Rova, el desalojo de hoy les habría dejado un agujero económico importante. Levantar una chabola y dotarla de mínimas comodidades cuesta miles de euros.

Varias personas abandonan Can Rova 2 tras el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Dos personas vuelven a meter una barbacoa en el terreno de Eivissa.

A pesar de estos condicionantes, el concejal de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària, Juan Carlos Rosselló, afirmó esta mañana a elDiario.es que no hay familias vulnerables dentro de la propiedad. Rosselló aseguró también, mientras se producía el desahucio, que se había habilitado espacio para que los alrededor de 300 desalojados puedan tener una alternativa habitacional. Sin embargo, no especificó si se trata de propiedades privadas o de espacios con los que tiene firmados convenios. El Ajuntament de Santa Eulària tampoco detalló si los alojamientos serían totalmente gratuitos ni del tiempo que estarán a disposición de los desahuciados: elDiario.es consultó esos dos puntos al departamento de prensa sin obtener respuesta concreta.

Por otro lado, el equipo municipal señaló que a los desalojados se les dirigía a las oficinas de Puig d’en Valls, donde un equipo de trabajadores sociales estaba listo para atenderlos. Pero las personas con las que pudo hablar elDiario.es desmintieron esa información. “Nadie nos ha avisado de que podemos ir a ese sitio”, expresó Alexander, padre de la bebé de un mes, quien manifestó sentirse “muy frustrado” por la situación. Es electricista y también vivió el primer desahucio de Can Rova. Casi ninguno tenía idea de que iban a aparecer este miércoles los cuerpos de seguridad para largarles. Alberta, otra de las desalojadas, explicó que se mudó al terreno el pasado domingo. Se encontró el dispositivo judicial cuando volvió de llevar a su hija pequeña al colegio. Fue un amigo de su marido quien les habló de la posibilidad de quedarse allí cuando se quedaron sin la vivienda en la que vivían hasta el momento en Santa Eulària. 

Las personas que abandonan Can Rova 2 cruzan el campo que rodea el asentamiento con todos sus enseres.

Colchones, electrodomésticos y maletas, entre otros, se acumulan alrededor del poblado.

El abogado: “No teníamos ni puñetera idea”

Algunos se fueron marchando a lo largo de la mañana, voluntariamente, y otros se quedaron a expensas de que el abogado Fechenbach les comunicara la paralización que habían implorado. Quedaba esperar, confiar y rezar. Las tres de la tarde parecían, cuando aún eran las doce, un futuro lejano y poco halagüeño. Seguían en estado de shock. Mientras esperaba la respuesta mantuvo esta conversación con elDiario: 

–¿Tenían conocimiento de este contencioso administrativo del Ayuntamiento, señor Fechenbach?

–Es la primera noticia que tenemos.

–¿No tenían ni idea?

–Ni puñetera idea. Y ellos, el Ayuntamiento, saben que soy el abogado porque he dado entrada a expedientes administrativos, por escrito. No han notificado ni a mis clientes ni a mí. Me he quedado loco. (…) Lo que sabíamos es que habían abierto un expediente sancionador por construcción ilegal. (…) La instancia a los propietarios para que emprendieran acciones legales para desalojar el terreno y esta resolución del contencioso-administrativo, a través del juzgado de Palma, son cosas distintas. ¡No tengo ni el contenido del auto, ni me lo han dado! Por eso hemos suplicado que nos dejen acceder al expediente. El Ayuntamiento ha metido una medida cautelar inaudita parte, para que no nos podamos defender.

Una de las moradoras, bajo una sombrilla y con los pies apoyados sobre sus pertenencias, a la espera de tener noticias sobre el desalojo.

Un hombre coge a su hija en brazos en las inmediaciones de la propiedad de los Ayguavives Suaña.

El Ayuntamiento alega “riesgo de incendio e inundación”

¿Qué quiere decir “inaudita parte”, el término que emplea el abogado Fechenbach? Son las medidas cautelares que un juez ordena aplicar si las solicita una parte de un conflicto y se considera que existe una emergencia. En el caso de Cas Bunets, “riesgo de incendio y de inundación”, como dice el Ajuntament de Santa Eulària. Además, las barracas se han levantado sobre una tierra bajo la que pasan dos tuberías fundamentales. Por una bombean más de la mitad del suministro de agua desalada que se consume en toda la isla: en caso de avería, dicen desde el Consistorio, los técnicos de Abaqua no podrían entrar en el poblado para repararla. Ese cóctel de peligros llevó al equipo de gobierno a mover ficha. El 25 de marzo se pidió el desahucio al Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Palma. La orden tardó apenas dos días en concederse. Justicia exprés. 

“De las notificaciones se encarga el juzgado, el Ayuntamiento no comunica órdenes judiciales”, dicen fuentes municipales. elDiario.es intentó conocer el punto de vista de la Gerencia Territorial de Justicia de las Illes Balears, pero su departamento de prensa no respondió a las preguntas que se le formularon. El abogado Fechenbach denuncia que nadie avisó a los residentes del poblado. La mayor parte de las doscientas personas que viven en Cas Bunets no son vecinos de Santa Eulària. Al menos, no oficialmente. Explica el letrado que ninguno de sus representados consta en el padrón: “No les han permitido empadronarse: eso dificulta su acceso a mejores trabajos que, quizás, podrían ayudarlos a mejorar su vivienda. Y, por supuesto, nos ha perjudicado para obtener certificados de vulnerabilidad en un asentamiento donde viven tantos menores y mujeres embarazadas”. Para el abogado, se trata “de una maniobra para evitar” que sus clientes dilataran el proceso judicial con los propietarios. 

Un padre y su hijo pequeño caminan por la carretera junto a Can Rova 2.

Los desalojados, junto a todas sus cosas, aguardan a la decisión de la jueza.

Segundo desahucio en menos de un año

Finales de septiembre de 2024. Los desahuciados de Can Rova no encuentran un hogar al que mudarse. Muchos eligen el terreno pegado al que vivían para levantar su nueva chabola. Es un flujo que no se detiene. La villa miseria crece semana a semana. Hay inquietud en el Ajuntament de Santa Eulària. Ven que el problema, en vez de solucionarse, se clona. Exigen formalmente a los dueños que actúen por vía legal. Son lentejas: pleito o sanción. Los Ayguavives Suaña presentan una solicitud de demanda en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa. Se la aceptan. Es 23 de octubre. Representados por el despacho de Fechenbach, unos setenta habitantes del poblado esta vez sí se defienden.

En Can Rova no lucharon y terminaron en la calle. Han aprendido la lección, pero no lo tendrán fácil. El juez estima la petición de los propietarios: exigen 15.000 euros para devolver la finca “a su estado original”. Los demandados se resisten a pagar. Presentan un recurso y esperan. Pasan los meses, cambia el año y el plazo se agota: si no depositan esa cantidad, rebajada en 3.000 euros, corren un gran riesgo. El juez podría rechazar su recurso y el desahucio quedaría visto para sentencia. Sin juicio. Aunque sea un mal momento (muchos hombres trabajan durante el invierno como personal de mantenimiento o reformas; para las mujeres es temporada baja: hay menos casas que limpiar y los hoteles o restaurantes donde pasan el mocho están cerrados), cada familia pone unos 400 euros y se reúne el importe de la garantía que solicita el juzgado. Pagaron hace justo una semana.

Otro de los desalojados le da un beso a su bebé durante el despliegue policial.

Una de las integrantes de Can Rova celebra que al final no tendrán que dejar la zona.

Tres grupos diferenciados

La política Guadalupe Nauda (Unides Podem), en la oposición del Ajuntament d’Eivissa, y que desde el desalojo del pasado julio ha acompañado a los habitantes de Can Rova, explicó que ahora el terreno se divide en tres zonas. La más baja, la ocupan los antiguos moradores de la finca privada del casero-pirata (los que han contratado a Fechenbach) y se organizan “como un vecindario”; una parte intermedia de personas que no quieren participar en el proceso legal iniciado por los primeros; y un tercer grupo, ubicado en la parte superior del terreno. Algunos de los vecinos del bancal de arriba sí han contribuido a llenar la caja de resistencia para pagar los 12.000 euros de la caución.

La división descrita por la concejal Nauda es clara. Los habitantes de la parte baja del terreno colocaron casetas para separar la zona del medio, donde, según aseguró la representante de Unides Podem, “se han instalado personas problemáticas”. También colgaron de postes cámaras de vigilancia para defenderse. Querían controlar que no se hicieran “trapicheos”. También plantaron un gálibo para que no entraran más caravanas. Por lo menos, en su área. 

Dos de los agentes que han participado en el dispositivo.

Dos representantes del sindicato UGT acuden al desalojo para dar apoyo a los residentes

David ha ejercido como portavoz de la parte de los desalojados que están organizados. Detalló que la semana pasada entregaron al abogado –en su caso, 800 euros– el dinero de la garantía que exigía el juzgado. “La mayoría ha entregado 100 euros, o lo que han podido”, añadió el afectado. Por eso mismo, le sorprendió tanto amanecer con un panorama tan desalentador. “No somos animales. Y ese dinero que hemos pagado lo hemos quitado de la boca de nuestros hijos”, radiografía, visiblemente enfadado. Ha faltado muy poco para que ese dinero se haya convertido en escombros. Si no hubieran conseguido paralizar el desahucio ordenado por el contencioso-administrativo, dice el abogado Fechenbach, las máquinas habrían empezado a demoler el asentamiento esta misma tarde.

Poco antes de las dos y media del mediodía, los habitantes de Can Rova 2 recibieron la ansiada llamada de su letrado: “Se suspende el desalojo”. Acto seguido, más de cuarenta personas que esperaban sentadas sobre sus cosas a la sombra del bazar que linda con el terreno estallaron de felicidad. Se abrazaron y deshicieron la mudanza hacia ninguna parte a la que les habían empujado. Ahora, en teoría, podrán pleitear y, mientras pleitean, dormir a cubierto. El nombre del negocio del que son vecinos, esta vez, ha sido profético: el bazar se llama Hipersuerte.