El conflicto sanitario marca el pulso electoral en Andalucía: del pasado remoto de Montero al pasado reciente de Moreno

La sanidad andaluza sufrió un desgarro sin precedentes a finales de la década del 2000, víctima como otras políticas públicas de la crisis financiera internacional que empujó a España al borde del precipicio y obligó a ejecutar drásticos recortes sociales: personal, salarios, recursos… Nunca se recuperó del todo de aquel tsunami, cuando en 2020 llegó la pandemia mundial de coronavirus y asestó al sistema un golpe de gracia, provocando una presión asistencial brutal en la atención primaria y unas listas de espera desbocadas para operarse, para lograr un diagnóstico y una cita con el especialista.

En la primera crisis gobernaba el PSOE -llevaba 26 años en el poder-, con María Jesús Montero como consejera de Salud entre el año 2004 y 2013. En la segunda crisis gobierna el PP, con Juan Manuel Moreno de presidente desde hace más de seis años. Ambos dirigentes se van a medir en las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026, y será la conflictividad social en torno a la gestión sanitaria el principal escenario de la contienda en las urnas.

Los socialistas han entrado este jueves al Parlamento andaluz aupados por la manifestación que el sábado, en Sevilla, sacó a la calle a más de 20.000 personas -12.000 según la Junta-, convirtiéndose en la primera gran protesta ciudadana contra el Gobierno de Moreno desde que es presidente. La marcha, convocada por CCOO, UGT, CSIF y Satse y respaldada por la Marea Blanca, denunciaba el “desmantelamiento de la sanidad pública”, significada, sobre todo, en la dificultad de los andaluces para que les atienda su médico de familia en tiempo y forma.

Remontarse a la década del 2000

El presidente andaluz, que sabía por dónde le iba a venir el golpe, se ha protegido al contraataque, sacando del cajón informaciones de hace 15 años, cuando su rival y hoy vicepresidenta primera del Gobierno lidiaba con las protestas contra su gestión sanitaria en Andalucía. Moreno se ha remontado a la década de los 2000, años de gobiernos de Chaves y Griñán, cuando el PSOE acusaba ya un desgaste notable y una desconexión con la calle que le impidió anticiparse, por ejemplo, a la movilización de 50.000 personas en Granada contra la fusión de dos hospitales, en 2016, dos años antes de perder el poder.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, preocupa la manifestación que se vio el sábado en Sevilla. El dirigente popular sabe que hay contestación interna dentro del sistema sanitario -de médicos, de enfermeras-, y malestar social entre los pacientes que llevan más de un año esperando para operarse. Pero en la sesión de control no ha cedido un centímetro ante la presión de los socialistas, a los que ha atizado con la hemeroteca de los años de Montero como responsable de Salud. “La consejera que más daño ha hecho a la sanidad pública”, ha asegurado.

Enfrente estaba la portavoz y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, que tenía 14 años cuando Montero fue nombrada consejera de Salud: “Señor Moreno, el pasado en Andalucía ya es usted. Lleva más de seis años gobernando. ¿Usted no tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando ahora?”.

María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, interpela al presidente Moreno.

Márquez representa un salto generacional en el socialismo andaluz y su juventud (véase el plano-contraplano en el cara a cara con el presidente) hace chirriar el discurso de Moreno, plagado de continuas referencias al pasado, cuando los socialistas gobernaban. María Jesús Montero es una candidata extraparlamentaria, pero no está claro si esto es más un hándicap para el PSOE o para el PP.

El presidente de la Junta no se dirige a María Márquez en las sesiones de control, se diría más bien que hace un exorcismo para interpelar a Montero a través del cuerpo allí presente de su número dos en el Parlamento andaluz. “Modernícese, señor Moreno”, le dijo la diputada onubense en su primer encuentro, para evidenciar que su mera presencia allí -en sustitución de Juan Espadas- había hecho envejecer de golpe el argumentario popular, obligándole a actualizar su registro.

El tic tac electoral

Este choque entre el pasado remoto y el pasado reciente de la sanidad pública andaluza va a marcar el pulso de la próxima campaña electoral que, por otra parte, ya ha empezado, aunque no esté convocada formalmente. En el Parlamento andaluz, desde que Montero fue proclamada líder del PSOE-A y candidata a las autonómicas, se habla de elecciones en cada sesión. O lo hace la oposición, pidiendo a Moreno por lo bajini que convoque ya, o lo hace el propio presidente, para asegurar que no va a adelantar y que los comicios serán cuando tocan, a partir de la primavera de 2026. Todos están haciendo y estudiando encuestas internas.

El pulso electoral en Andalucía también es importante para el PP nacional. Es la comunidad más poblada de España -8,5 millones de habitantes-, es la región de más peso que abre el próximo ciclo electoral, destinado a ser (otra vez) un plebiscito contra Pedro Sánchez y es, por último, el bastión con mayoría absoluta del PP que ansía Alberto Núñez Feijóo, en contraposición al de Isabel Díaz Ayuso. Por todo esto, Montero es el objetivo a batir en el Senado -reprobada- en el Congreso -reprobada- y en el Parlamento andaluz -reprobada-.

La estrategia de los de Moreno pasa por rejuvenecer a la ministra actualizando pufos, denuncias, críticas y demás “escándalos” de su etapa como consejera andaluza -y lo fue durante 16 años-, ya sea como “la que más recortó el presupuesto de Salud”; o “la que más recortó el presupuesto de las universidades” siendo titular de Hacienda, o simplemente como “la consejera del PSOE de los ERE”. “Los andaluces no olvidan, los andaluces tienen memoria”, se repiten, casi como un mantra o como un lema electoral para 2026.

No sólo el PSOE ha irrumpido hoy en la Cámara al eco de las protestas sanitarias, también lo han hecho otras dos formaciones de izquierdas que secundaron la movilización: Por Andalucía y Adelante Andalucía. La consejera de Salud, Rocío Hernández, también ha sido interpelada por este asunto, aunque ella ha esquivado los dardos aferrándose al argumentario del PP: “Son protestas politizadas”.

Moreno no ha usado esa expresión, pero sí ha denunciado con rotundidad que Montero -“la señora de la pancarta”- se uniera a la comitiva de manifestantes, y que el PSOE usara autobuses para traer a sus militantes a Sevilla para protestar contra su Gobierno. El dirigente popular no ha criticado la marcha, ha reconocido su “la legitimidad de la sociedad civil para manifestarse”, pero ha afeado a los partidos de izquierda que hicieran bulto y marcaran protagonismo en el acto.

“Más quisiera el PSOE andaluz tener la capacidad para movilizar hoy a 20.000 personas”, ha bromeado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, una frase que ha hecho mucha gracia a los socialistas, porque rebate el discurso del presidente, pero que en el fondo describe la debilidad latente de este partido por tensionar y movilizar a su base social.

El malestar del personal sanitario y de gran parte de la ciudadanía por los déficits que presentan hoy los centros de salud, los hospitales y la demora en las citas médicas muestra paralelismos entre el ayer socialista y el hoy popular. García ha usado dos fotos de periódico, una de 2017, en la que el Gobierno de Susana Díaz ninguneaba una movilización sanitaria y acusaba a los manifestantes de estar “politizados” -un año después perdió el gobierno-; y otra de hace dos días, en la que el Ejecutivo de Moreno resta importancia a las 20.000 personas que se manifestaron el sábado. “Tenga cuidado”, le ha advertido.

También Márquez ha usado con habilidad las sombras del último y renqueante gobierno socialista de Susana Díaz para denunciar que al líder popular le puede “la soberbia”, y para ponerle frente al espejo le ha robado sus propias palabras, cuando era líder de la oposición: “El político que pierde la calle acaba perdiendo el gobierno”.

Cuatro altos cargos imputados

Al presidente le han preguntado tres portavoces distintos por los cuatro altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputados en dos causas judiciales que investigan a su Gobierno por prevaricación y malversación en la contratación a dedo con la sanidad privada. Un juzgado de Sevilla, a instancias de una querella del PSOE, ha puesto bajo sospecha casi 300 millones de euros en contratos de emergencia con clínicas privadas, entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado.

Otro juzgado de Cádiz, previa denuncia de Podemos, investiga el abuso de contratos menores del SAS por un montante de 235 millones, usando un “fraccionamiento masivo e indebido”, que los interventores de la Junta califican de “fraude de ley”. El presidente andaluz no ha respondido a sus rivales, la única referencia fugaz y aparentemente despreocupada ha sido esta frase: “Que hay imputados en la sanidad andaluza, dice, pues ya se verá…”. Luego ha enumerado de carrerilla las causas judiciales que salpican a Pedro Sánchez: su hermano; su mujer, Begoña Gómez; “las señoritas” del ministro Ábalos, el caso Koldo…

Este intercambio de papeles funciona, en realidad, a todos los niveles. Hoy la izquierda atiza con la corrupción al Gobierno del PP a brocha gorda, denunciando un supuesto fraude de 235 millones en contratos troceados, como en su día el PP denunciaba -y aún lo hace- un fraude de 680 millones en el caso ERE. Ninguna de los dos fraudes, ni el primero (que está por probar) ni el segundo (que está probado, sentenciado y condenado) está bien cuantificado.

La primera cifra responde al total de gasto en contratos menores en Cádiz, donde los interventores han encontrado irregularidades en el 99% de los expedientes analizados en su informe, pero está por ver si hay malversación -lo que investiga la jueza- y a cuánto asciende. La segunda cifra, los 680 millones de los ERE, es la partida presupuestaria de la Consejería de Trabajo con la que se pagaban las ayudas sociolaborales a los parados y jubilados, es decir, las ayudas legales (que aún paga la Administración de Moreno) y las ilegales (algunas ya juzgadas y otras por juzgar).

Pero el pim pam pum no se detiene en los detalles. Los estrategas del PP de Moreno han reconocido, incluso en público, que se empollaron el manual de gobierno de Chaves para calcar estrategias y discursos, adueñándose así de un espacio político y electoral que siempre monopolizaron los socialistas. Ahora los de Montero, tras seis años desfilando por el desierto sin referentes ni hábito ni ganas de hacer oposición, se han desempolvado los prejuicios y atacan al PP con sus propias armas.

“¿Dónde está el dinero de los parados andaluces del fraude de los ERE?”, clamaban aquellos. “¿Dónde está el dinero de los enfermos andaluces que se investiga en los juzgados?”, le ha preguntado hoy Márquez a Moreno.