Un «expolio» de 100 millones de euros: la Policía detiene al exdirector financiero de una gran constructora de la Costa del Sol

La Policía ha detenido en Málaga al ex director financiero de la constructora Grupo Vera y el administrador concursal encargado de gestionar la quiebra de la compañía y la venta de sus bienes para pagar a los acreedores. Los acusa de organizar el “expolio” de la compañía sacando más de 100 millones de euros del patrimonio que le quedaba, pasando por delante de sus muchos acreedores, incluida la Hacienda Pública, que vieron frustradas sus expectativas de cobro. Según los investigadores, vendieron a precios irrisorios todo tipo de bienes a miembros de la trama, valiéndose de un entramado de empresas creadas para la ocasión.

De la envergadura del presunto desfalco dan cuenta las cifras ofrecidas por la Policía. En el domicilio del propio administrador concursal se intervinieron 426.000 euros en efectivo. Además, se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros; se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros; y se decretó también la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones. 

Los agentes han detenido a siete personas, a las que acusa de una variada gama de delitos para obtener su botín: insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Son el ex responsable contable y varios de sus familiares, el administrador concursal, y un proveedor de servicios y su pareja sentimental.

La investigación ha sido realizada por el Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo las dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos. Comenzó a partir de una denuncia en septiembre de 2023. 

Auge y caída de Grupo Vera

La operación, bautizada Draver, supone el aldabonazo definitivo para una de las firmas inmobiliarias emblema de la Costa del Sol. Hace poco más de 15 años Grupo Vera era uno de los grandes grupos inmobiliarios de Andalucía.

Hasta la crisis del ladrillo, esta empresa malagueña fundada a mediados de los 50, de fuerte componente familiar, donde llegaron a trabajar decenas de sobrinos, nietos y familia política, tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, con participación en proyectos emblemáticos como el Metro de la ciudad, el Cementerio, la urbanización del Parque Tecnológico o los puertos marbellíes de La Duquesa y Cabopino. Con el tiempo, intentó diversificar su actividad y agregó una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf.

Todo empezó a torcerse con la crisis inmobiliaria, que provocó el derrumbe de constructoras de todo tamaño. Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. Le afectó mucho el parón de la obra del Metro, y el fiasco de dos proyectos faraónicos en Antequera en los que iba a participar: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios. Aun así, parecía que podría salir a flote, igual que con su primera gran crisis en los 90, con una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible.

Pero en 2017 recibió otra andanda: Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, falleció a los 77 años. Era conocido por su estilo directo, por su capacidad negociadora (o de persuasión) y sus buenos contactos políticos. No le gustaba mucho delegar y mantenía mando en plaza hasta su muerte.

Nadie tomó las riendas y el golpe fue definitivo, abriendo la puerta a lo que ha venido después: un nuevo concurso, un ERE para sus 77 trabajadores, la liquidación de mala forma del patrimonio y ahora, la detención de su máximo responsable financiero en los últimos años, sus familiares y el administrador concursal, a quienes la Policía atribuye graves delitos económicos cometidos con la presunta intención de quedarse con los restos de la histórica compañía pasando por delante de sus muchos acreedores.

Sur informó en su día de que la administración concursal valoraba los activos del grupo en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera tenía una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo alcanzaba los 227 millones. En teoría, más de 80 millones de margen para saldar deudas. Sin embargo, no fue suficiente.

Un “expolio” de su patrimonio

Los investigadores describen lo que ocurrió como un “expolio”, que comenzó ya en 2017, cuando la promotora entró en concurso, y siguió durante los años posteriores, hasta su liquidación definitiva. Según ha detallado la Policía, el administrador concursal realizó numerosas operaciones para vaciar la masa concursal, enajenando bienes de las empresas del grupo a miembros de la trama a precios muy alejados del de mercado. Por ejemplo, se deshizo de plazas de aparcamiento en Teatinos (un barrio residencial de buen nivel de vida) a 1.500 euros o de 14 viviendas en construcción en Estepona por 70.000.

Además, se habría saltado los cauces a los que la ley obliga para vender bienes concursales en condiciones favorables a la organización, y habría impedido compras de terceros de buena fe manipulando información, todo para “esconder” la venta a los otros miembros de la trama.

Los agentes creen que el ex director financiero hacía uso de su información prilegiada: sabía cuáles eran los activos de gran valor y los canalizaba hacia el entramado de empresas gestionadas por familiares, que además eran utilizadas para actos fraudulentos que engordaban las salidas de dinero de las concursadas. De esta forma, simulaban operaciones que escondían “fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización”, por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de “facturas”. En la práctica, suponían el ingreso de un dinero que luego se destinaba a la compra de activos de los concursos, como bienes inmuebles, derechos de cobro o créditos.

La liquidación de la compañía, último paso de un concurso de acreedores, llegó a su fin el año pasado dejando sin cobrar a la mayoría de los acreedores, pese a que el patrimonio se valoró al comenzar la liquidación en más de 200 millones de euros. “De la investigación llevada a cabo se acreditó que la organización directamente se lucró de manera ilícita de bienes propiedad de las empresas concursadas valorados en más de 100 millones de euros, imposibilitando las legítimas expectativas de cobro de la mayoría de acreedores”.