Permitir el racismo y dar leña al antirracista
La Fiscalía del TSJA persigue al líder del partido andaluz que nos ha conseguido el derecho universal a las gafas. Le ponen una querella por criticar el racismo institucional tras el ahogamiento de un mantero en Sevilla. Y mientras Vox incita a la islamofobia y al odio contra las feministas en una valla ante su sede en Madrid sin que la justicia nos proteja
La Fiscalía se querella contra el líder de Adelante por denunciar “racismo institucional” en la muerte del mantero Mamouth
Seguro que a escala nacional no se sabe mucho que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha puesto una querella al líder de Adelante Andalucía y portavoz del grupo que forma con otra diputada en el Parlamento andaluz, José Ignacio García. Y se la ha puesto porque él criticó “el racismo institucional” y “la violencia policial” en este vídeo que os pido que veáis donde exigía la investigación del ahogamiento en el Guadalquivir esta Navidad del senegalés-andaluz Mamouth Backhoum perseguido por policías locales motorizados hasta la orilla del río porque llevaba encima un hatillo con 34 camisetas para vender en la calle.
Le cae esta querella a José Ignacio García que ha sido el político, con Susana Hornillo portavoz de Podemos Sevilla y concejala hispalense denunciada como él por la Policía, el más implicado, digo, en exigir el esclarecimiento de esta sexta muerte en cinco años, en extrañas circunstancias, de vendedores ambulantes senegaleses en España: Mor Sylla (en Salou, 2015), Amadou Wade (en Murcia, 2016), Elhadji Ndiaye (en Pamplona, 2016) y Mame Mbaye Ndiaye y Ousseynou Mbaye (en Madrid, 2018).
Apostaría a que los no andaluces no habíais oído hablar de José Ignacio García, recién elegido candidato a las autonómicas andaluzas de 2026 -que quizá se adelanten-. Él es el relevo de Teresa Rodríguez al frente de esa escisión andaluza de Podemos que es Adelante Andalucía, partido con quien yo discrepo en su decisión de no confluir con las demás izquierdas. Pero partido y políticos a quienes, esta semana, todas y todos debemos el habernos conseguido por unanimidad en el Congreso la ley para que gafas y lentillas sean un derecho universal, gratuito para los menores y subvencionado por renta para los demás.
José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, interviene en el Congreso de los Diputados.
Hay políticos que tras décadas de ejercicio son incapaces de dejarnos una medida tan concreta y útil para nuestras vidas, ¡y con un partido de dos diputados autonómicos! Pues a este José Ignacio García, que además en plena ola racista defiende a colectivos migrantes de quienes no busca el voto porque no les dejamos votar, justo a este, la Fiscalía lo quiere empapelar.
Habrá que estar atentos a que la Fiscalía del TSJA no quiera dejarnos sin un político reivindicativo y eficaz como José Ignacio García igual que la justicia ya nos robó al diputado Alberto Rodríguez, años después amparado por el Constitucional, pero al que no le devolvieron su escaño.
¿Con qué castigo? Tiemblo de pensar que nos hagan “un Alberto Rodríguez”. ¿Os acordáis? El diputado canario en el Congreso, de Podemos, del que a la casta siempre le molestaron sus rastas, a quien lograron quitarle el escaño alegando una patada a un policía en una manifestación y a quien, aunque el Constitucional amparó después diciendo que la condena era “desproporcionada” nunca se le devolvió su puesto en el Parlamento. Condena no sólo para él, obviamente, sino sobre todo para sus representados, las ciudadanas y ciudadanos que lo votaron.
Habrá que estar atentos, lo estaremos, para que la querella de Fiscalía no logre quitarnos un representante reivindicativo y eficaz como José Ignacio García.
¿Dónde está la querella a Vox por odio a musulmanes y feministas?
Mientras, en este momento y país, en plena amenaza neofascista global y nacional con su pack completo de “racismo, homofobia, misoginia, negacionismo climático, revisionismo histórico y matonismo amenazador” la justicia española permite la impunidad de un Vox que ante su sede pone una valla de propaganda islamófoba y antifeminista con el lema: ‘Feliz 8-M de 2030’ sobre una foto de mujeres cubiertas con el nicab.
El cartel lleva desde no sé cuándo hasta, al menos, el jueves 3 de abril en la sede del partido neofranquista que, bellas paradojas de la vida, está en la calle Bambú, cerca de la calle Yuca… Vamos, que sólo falta la calle Cacao para que África, Asia y América Latina los abracen.
Habrá quien diga –y algunos en la judicatura puesto que el cartel sigue ahí– que dónde veo la islamofobia y el odio a las feministas en un cartel que la sibilina defensa de Vox explicaría –si la justicia les pidiera explicaciones– como advertencia de buena voluntad a las mujeres del riesgo opresor inherente a esa falsa invasión musulmana de la que ellos alertan.
¿Le colará tal camelo a un tribunal?
El cartel es un señalamiento con odio a toda la comunidad musulmana cuya presunción de inocencia pisotea incomparablemente más que la presunción de inocencia de Dani Alves las recientes, desafortunadas y ultracriticadas declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero.
Y es a la vez un ataque al legítimo derecho que las mujeres, las feministas tenemos a aferrarnos a celebrar el 8M como jornada reivindicativa de todo lo que nos queda hasta la plena igualdad. ¿O Vox piensa prohibirnos el 8M como su amigo Viktor Orbán acaba de prohibir en Hungría la marcha del Orgullo LGTBI?
Mientras se le pone una querella a un diputado andaluz por exigir que se investigue el ahogamiento de un mantero en Sevilla, Vox alardea de islamofobia y antifeminismo con una valla llena de odio ante su sede y la justicia no nos protege.
Si se apiada Vox de maltratadas mujeres musulmanas, ¿por qué no mueve un dedo por Fátima a quien un ataque terrorista en su escuela le reventó un ojo y que, malherida, aprobó allí el acceso a la Universidad que no le ha servido de nada porque al regresar los talibanes al poder impiden estudiar a las mujeres, ante la inacción internacional? ¿Por qué no la ayudan, atención, ellos y cualquier otro partido, entidad, institución española, a retomar sus estudios ahora que está en España batallando contra los molinos de nuestra burocracia, racista, cruel y absurda?
Con las vallas racistas de Vox ya tenemos el lamentable precedente del apoyo de la Audiencia de Madrid al cartel electoral en que los fascistas mentían al comparar la pensión de jubilación de una abuela con lo que, según ellos, “cuesta al Estado mantener a los MENAS” (niños en la terrible tesitura de migrar sin sus padres).
Distintas varas de medir
Los dos casos que os cuento revelan la vergüenza de que en España se permite el racismo y se persigue al antirracista. Lo que alienta a los racistas a campar a sus anchas mientras amedrenta a los antirracistas por no “meterse en líos”.
Algo peligrosísimo. Que los demócratas no podemos consentir. No son casos aislados. Está por ver qué castigo reciben:
El diputado balear de Vox Sergio Rodríguez que el 1 de abril comenzó su intervención con un “Feliz Día de la Victoria” que ensalzaba el golpe, la guerra y la dictadura de Franco,
La neonazi Isabel Peralta que arengó a dar “muerte al invasor” en una manifestación de Bastión Frontal y lo llama “frase hecha o coletilla”,
Los miembros del grupo de extrema derecha Núcleo Nacional que, encapuchados, han exhortado en un vídeo vía redes sociales a “la lucha conjunta” en la calle contra la “invasión extranjera” y a “unir fuerzas para la defensa activa de nuestros barrios”.
¿Son los obispos menos racistas que el gobierno progresista?
Sobre racismo y antirracismo la mayor herida abierta que tenemos es la parálisis en el Congreso de la que se cumple un año de la ILP para la regularización de 500.000 inmigrantes lograda gracias a la movilización ciudadana que aportó 500.000 firmas.
Es lamentable que el gobierno de PSOE-Sumar lleve dejando un año paralizada la regularización de inmigrantes que han pedido con su firma 500.000 ciudadanos. Regularización que, esta semana, ha reclamado con fuerza la Iglesia católica quien, por coherencia, haría bien en excomulgar a los neofascistas que alardean de racistas.
La Conferencia Episcopal, otras veces en posturas tan retrógradas, estos días ha defendido con pasión que se tramite la regularización de estas personas que ya viven y trabajan con nosotros, vecinas nuestras, jornaleros, cuidadoras de nuestros familiares, amigos. Es lamentable que los obispos puedan ponerle, en este tema de derechos humanos y justicia social, la cara colorada a un gobierno de coalición PSOE-Sumar que se define progresista. Es triste, vergonzoso, inasumible para quienes lo apoyamos. Urge una reacción propia o a instancia de los partidos a quienes necesita.
Y en paralelo, la Iglesia, además de afear con toda razón al gobierno sus vergüenzas tiene tarea con esos feligreses suyos que se dan tantos golpes de pecho como católicos pero militan, simpatizan, apoyan con su voto a los racistas de Vox y del partido de Alvise. Porque si la xenofobia no es católica, ¿a qué están esperando para excomulgarlos?
