El Cecopi de los idiotés

Las declaraciones de imputados y testigos ante la jueza de Catarroja que investiga las muertes de la DANA están pintando el cuadro de quién gobernaba en la Comunitat y cómo gobernaba en la peor emergencia de la historia reciente. Para que todo saliera mal no hizo falta solamente que el president de la Generalitat estuviera de comilona, que la consellera no diera con él y que no apareciera por el centro de mando hasta que 228 personas hubieran fallecido. Se necesitaron muchos indignos gestores de lo público, muchas decisiones ineptas que salen ahora a la luz en forma de rencillas y sálvese quien pueda. Algunas de esas personas siguen hoy en sus puestos. El “gobierno de los mejores” que vendió Mazón cuando se convirtió en president en mayo de 2023 ha resultado ser una sombra tétrica y porosa de lo que debe ser un grupo de líderes.

Según ha mantenido él mismo, que estuviera de comida y sobremesa no tiene importancia porque él no era necesario, sino contingente. Además, ha mantenido siempre que estaba localizable y en comunicación constante con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas. Lástima que su registro de llamadas enviado al juzgado acabe de revelar que Mazón estuvo ilocalizable para ella en los momentos claves el día de la DANA, con el Cecopi paralizado y la alerta sin enviar, coincidiendo con los recesos de la reunión y poniendo en duda la teoría de que “no se estaba esperando al president Mazón para mandar el SMS”.

Abogada de formación, Pradas se había encargado hasta julio de ese año de Justicia, pero cuando Abascal mandó salir a los suyos de los gobiernos autonómicos, el president decidió en 24 horas que Pradas iba a encargarse de catástrofes. Pradas no se puso al día de esa responsabilidad. Lo asumió sin más hasta que se tropezó con la riada el 29 de octubre. Como admitió sin pudor ante la jueza el día de su declaración, ignoraba todo lo relativo a la gestión de una catástrofe, de hecho ha dado muestra de desconocer hasta su propio rol de mando único. Como ejemplo de su incompetencia, o simple falta de sentido común, ahora sabemos por la declaración judicial de la delegada de Gobierno que, ante la posible rotura de la presa de Forata, Pradas quiso ordenar que se evacuara a la población de decenas de pueblos. No hace falta tener muchos trienios para saber que no puedes evacuar por carretera a cientos de miles de personas –entre las que hay mayores, niños, dependientes– ante un peligro inminente, al menos que pretendas que mueran en un colapso de tráfico y pánico. Afortunadamente, alguien del Cecopi la recondujo.

El número dos de Pradas era Emilio Argüeso, también sin formación específica en catástrofes y la persona que la acompañó durante ese día. Según el propio volcado de su móvil que aportó al juzgado, en las horas más negras estuvo pendiente de su teléfono, al que llegaban mensajes de auxilio de amigos y conocidos y que él aportaba al Cecopi como si esa fuera su misión: ayudar a colegas mientras no se tomaban decisiones sociales y públicas. De hecho, por la mañana también recibió peticiones del entorno de Mazón. Alguien preguntó en un chat si se podía ir a Xàtiva por carretera pese a las lluvias. El jefe de gabinete de Mazón, que estaba en un asunto “privado”, es quien finalmente se quedó atrapado allí y sin cobertura. El conseller de Educación, con 60 colegios cerrados por la mañana, no tuvo actos más allá de asistir al pleno del Consell y se marchó a pasar el día a su Alicante natal, mientras el responsable de carreteras –donde murieron decenas de personas– seguía su agenda de inauguraciones y premios como si nada.

También sabemos ahora por el volcado del móvil de Argüeso que, ante el aviso de que los barrancos iban a desbordar, la vicepresidenta Susana Camarero tuvo una reacción cuanto menos flemática, siendo la número dos de un gobierno: “Jope, si necesitas algo, nos dices”. Camarero es la responsable de los Servicios Sociales, lo que incluye residencias de mayores, menores o centros tutelados. Solo en la Residencia Savia de Paiporta fallecieron seis personas y, en muchas otras, decenas de ancianos quedaron mojados, aislados y sin medicinas en plantas superiores gracias al esfuerzo titánico y a pulmón de empleadas y cuidadores que no recibieron ninguna ayuda.

Cabría pensar que era una cuestión de incompetencia política y que, en el escalafón de técnicos inmediatamente inferior la visión estratégica era otra, pero según las declaraciones en el juzgado, tampoco. Argüeso contó que el número tres de Emergencias, Jorge Suárez, se había cogido unas vacaciones y se incorporó a su puesto algunas horas antes de la tragedia. Aunque los modelos de precipitaciones llevaban diez días avisando de las inusuales lluvias que se avecinaban, el subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana no había hecho más preparativos los días previos al 29-O que sus propias maletas. Según Argüeso, Suárez fue quien restó importancia a las 19.000 llamadas al 112: “Dijo que no había que tener en cuenta las llamadas al 112 porque de un único accidente de circulación pueden llamar cincuenta personas”, comentó a la jueza.

Otro de los “técnicos” que se suponía que iba a reaccionar era el veterano bombero José Miguel Basset, que no estaba de vacaciones pero sí vislumbrando su jubilación. Al ser el jefe de la provincia le ‘tocó’ ser el director de la Emergencia: quien pide, pone y quita recursos. Rechazó aviones, helicópteros y ayuda los primeros días. Colocó a todo el ejército en el mismo sitio, en Paiporta, dejando sin soldados el resto de localidades. Retiró a los bomberos forestales a las 15 horas del día 29 de los barrancos y dejó de medir caudales “sin avisar” a nadie, lo que convirtió el Poyo en un punto ciego, según dijo Argüeso a la jueza. Luego quiso colarles a los bomberos de base los muertos, sugiriendo que los desconvocó porque “tenían ganas de comer”. Los forestales hicieron pública su comilona: unos bocatas comprados a correprisa en un supermercado de Chiva previendo que iban a tener una tarde complicada. Mientras, Mazón iba por las “setas de temporada” mientras se bebía una botella de vino con Maribel Vilaplana.

Por la declaración de la delegada de Gobierno sabemos también que la Confederación del Júcar no habló del Poyo en el Cecopi (aunque sí envió los datos cada cinco minutos y un correo específico de alerta a las 18.45) y que a las siete de la tarde Bernabé avisó a Pradas de que Paiporta se inundaba. Pradas se jactó de estar al tanto de otros pueblos en esa situación, haciendo ver que tenía más información con la que no hizo nada. Ahora sabemos que en esa hora crítica estaba intentando localizar a Mazón sin éxito. Tendría que pasar más de una hora para que se mandara el SMS y una hora y media para que apareciera el president de la Generalitat por la puerta del Cecopi a pedir a la gente que subiera a plantas altas, gente que ya estaba atrapada o muerta. Todo eso pasó delante de los ojos de todas las autoridades competentes de evitar la tragedia, que eran las autonómicas según la ley, la jueza y todos los planes de inundación. Y cuanto más se conoce lo que hizo cada uno, más incomprensible resulta.

La comida del Ventorro es un eslabón de una cadena de ineptitudes en la que muchos fallaron. Por pereza, vacaciones, negligencia, incompetencia, desconocimiento, por confiarse, por falta de visión, liderazgo o por omisión. Dicen que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. El día 29 de octubre, en València, simplemente no había una cadena, sino una ensoñación de poder, un grupo de idiotés –en el original griego, el que se dedica solo a sus intereses y no a la vida pública–, fingiendo estar presentes mientras se miraban entre ellos buscando qué hacer, al igual que ahora se miran entre ellos para ver a quién se le puede echar la culpa.