El polvorín de la Policía Local de Granada: turnos extra por decreto, una cúpula señalada y una investigación de la UDEF

Hace ya tiempo que el día a día de la Policía Local de Granada no es una balsa de aceite precisamente. Investigaciones judiciales, sospechas entre compañeros y un cambio de modelo para gestionar los turnos están llevando al límite la paciencia de la plantilla de agentes. Según cuentan los sindicatos y confirman los profesionales, la sede policial, situada en la Huerta del Rasillo, es un polvorín en el que gran parte de los agentes están enfrentados con la cúpula que les dirige y, a su vez, con el Ayuntamiento de Granada, que saca pecho de su gestión.

El foco del conflicto ha ido cambiando de lugar, pero no ha hecho más que agrandarse en un cuerpo que da cobertura a una ciudad de alrededor de 250.000 habitantes con una plantilla deficitaria a la que, según las estimaciones, le faltan alrededor del doble de agentes (200 más al total de 300 que hay). Sin embargo, como el Ayuntamiento de Granada está intervenido por su deuda, cualquier aumento de personal debe ser aprobado expresamente por el Ministerio de Hacienda.

No obstante, uno de los frentes más delicados es el de las sospechas sobre la dirección del cuerpo policial, investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una causa que sigue bajo secreto de sumario. En febrero, los agentes de la UDEF registraron las dependencias de la Policía Local en busca de documentación sobre presuntas irregularidades en los procesos selectivos de acceso al cuerpo, con la mirada puesta en supuestos amaños en oposiciones, favoritismos y tratos de favor a candidatos afines a la cúpula. La investigación tiene como principal epicentro al jefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, que, tras estallar el escándalo, se ha apartado voluntariamente del cargo, aunque sigue formando parte de la plantilla.

Estas sospechas, que circulaban entre los pasillos desde hacía años, han terminado por desatar la desconfianza dentro del cuerpo y han agravado una crisis interna que ha desembocado en una fractura abierta entre la plantilla y la dirección. Los sindicatos (SIPLG, CSIF y SIPAN) denuncian que, más allá de las irregularidades bajo investigación, hay un problema estructural de gestión y una connivencia entre el equipo de Gobierno municipal y los mandos intermedios de la Policía Local.

De hecho, hace tan solo unos días se conoció que uno de los subinespectores, investigado por violencia machista contra su expareja, habría accedido junto con otros agentes municipales al sistema VioGén de la víctima, lo que ha puesto de nuevo en el foco la actuación municipal y a la propia cadena de mando. Una connivencia de la cúpula con el equipo de Gobierno que había sido avisada por la propia mujer en este caso y por otros agentes en el de los supuestos amaños, que se estaría viendo en el otro gran conflicto que afecta al cuerpo: la reorganización de los turnos de trabajo.

Acuerdos incumplidos

Hace justo un año, el Ayuntamiento y los representantes sindicales pactaron un nuevo sistema de turnos para reforzar los fines de semana, cuando la ciudad concentra buena parte de su actividad cultural, deportiva y turística. El objetivo era “racionalizar” recursos y evitar el déficit de efectivos que se daba en momentos críticos -la plantilla ronda los 300 efectivos, pero algunas estimaciones de los sindicatos entienden que debe aumentarse casi el doble-. A cambio, se prometieron compensaciones económicas y una futura revisión del modelo tras su aplicación inicial. Según denuncian ahora los sindicatos, nada de eso se ha cumplido.

Óscar del Pino, portavoz del sindicato SIPAN, explica que el modelo implantado en 2024 fue aceptado como una medida transitoria, con el compromiso de que se revisaría al cabo de unos meses. También se garantizó una mejora retributiva para los agentes que asumieran los turnos más complejos. “Lo que ha hecho el Ayuntamiento es renovar ese modelo de forma unilateral en 2025, sin sentarse a negociar y sin pagar lo acordado”, lamenta Del Pino. Además, critica que la reorganización haya concentrado los esfuerzos en los fines de semana, dejando descubiertos otros días especialmente conflictivos como los lunes y los viernes. “Es un modelo que no funciona, no está equilibrado y no responde a las necesidades reales de la ciudad”, añade.

A esta ruptura del modelo acordado se suma la parálisis en la negociación del nuevo acuerdo bloqueado desde hace once meses, según coinciden varios sindicatos. Desde SIPLG, Miguel Fernández denuncia que la última propuesta del Consistorio llegó tan solo cuatro días antes del inicio de la Semana Santa, y que no recogía “absolutamente ninguna de las reivindicaciones realizadas”. Fernández considera que se está llevando al cuerpo a un callejón sin salida: “Esta situación se debía haber afrontado con tiempo más que suficiente, no a las puertas de eventos como Semana Santa o la media maratón. Nos proponen ofertas que no están siendo aceptadas por el colectivo, y como solución lo que hacen es nombrar decretos de Alcaldía para obligar a agentes que están en su día de descanso a acudir a trabajar”.

Ese decreto, que ha sido denunciado por sindicatos como SIPLG y SIPAN, ha sido precisamente el detonante del último encontronazo entre la plantilla y el equipo de Gobierno. Ante la falta de voluntarios para cubrir los servicios extraordinarios de Semana Santa, el Ayuntamiento activó un decreto de servicios mínimos, forzando la presencia de agentes durante sus días libres. Según recuerdan desde los sindicatos, ese mecanismo ya ha sido anulado por los juzgados en ocasiones anteriores. Esta vez, el malestar y la fractura institucional ha sido tan elevado que la plantilla ha preferido no ofrecerse voluntaria como forma de protesta. “Estamos siendo ignorados”, asegura Fernández.

Desde CSIF, el delegado Fernando Martínez también ha criticado duramente la decisión municipal. Aunque afirma que acudirán al trabajo porque no tienen más remedio, denuncia que lo harán “obligados” y avanza que están valorando impugnar el decreto judicialmente. Martínez recuerda que su sindicato sigue abierto al diálogo y recalca que “no tenemos líneas rojas”, pero subraya que la falta de negociación está tensando cada vez más la cuerda.

El Consistorio defiende su modelo

El Consistorio, sin embargo, defiende su gestión. Mientras impone la prestación de servicios extraordinarios en Semanas Santa vía decreto, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, defiende la legalidad del modelo e insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad ciudadana. “Antes solo trabajaba la mitad de la plantilla los fines de semana, y de forma voluntaria con horas extra. La ciudad no se podía permitir ese caos organizativo”, ha declarado. Según Saavedra, las propuestas de flexibilización de turnos y mejora económica siguen sobre la mesa, y acusa a los sindicatos de dejarse llevar por “planteamientos populistas” que podrían poner en riesgo la seguridad pública.

“Seguimos tendiendo la mano al diálogo, pero este Gobierno tiene una obligación: ofrecer el mejor servicio a los granadinos”, señala. Mientras, sobre la investigación de la UDEF por los presuntos amaños desde el Ayuntamiento de Granada se limitan a respetar el proceso al estar bajo secreto de sumario y a argumentar que colaborarán con la justicia con lo que sea necesario.

Así, con el telón de fondo de la operación judicial y la sensación generalizada de desconfianza interna, la Policía Local de Granada atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los sindicatos coinciden en que el problema no se limita a los turnos o a las retribuciones, sino que responde a un modelo de gestión fallido, una plantilla insuficiente —faltan unos 200 agentes, según sus estimaciones— y un equipo de Gobierno que no escucha. “No estamos ante una simple discrepancia laboral, sino ante una crisis de modelo”, resume Del Pino.

Por ahora, la fractura sigue abierta. La vía judicial se impone a la negociación, mientras el calendario de grandes eventos en la ciudad no da tregua. Sin ir más lejos, está previsto que se celebren eventos deportivos que precisarán de casi toda la plantilla, dejando al resto de la ciudad atendida por solo ocho agentes, “en el mejor de los casos”, denuncia Óscar del Pino. La Huerta del Rasillo, sede de la Policía Local, sigue siendo ese polvorín en ebullición, con una plantilla que trabaja bajo presión, sin certezas y con la sombra de una investigación judicial que amenaza con sacudir aún más los cimientos del cuerpo.