Púnica, una década después: dos alcaldes pactan condenas por su mayor pelotazo y varios juicios pendientes

La Guardia Civil llevó a cabo un lunes de octubre de 2014 una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia de España. Se registraron de forma simultánea ayuntamientos, domicilios particulares y sedes de empresas. Los detenidos superaron la treintena. Entre ellos, el que había sido ‘número dos’ de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, Francisco Granados, la persona más relevante entre los detenidos y la que da nombre al caso: Púnica Granatum es el nombre del árbol en latín.

Más de una década después, se han formalizado dos condenas, algunas ramificaciones quedaron archivadas, hay cuatro pendientes de juicio y otra en la fase de interrogatorios. La última vista oral se inició la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional acogió la primera sesión del juicio por lo que se considera el mayor pelotazo de la trama. 

36 personas, entre ellos nueve exalcaldes de PP y el PSOE, se sientan en el banquillo por las presuntas comisiones que recibieron por adjudicar a la multinacional Cofely contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros. De ellos, dos admitieron en el primer día de juicio su implicación en la trama: el exregidor socialista de Parla, José María Fraile; y el de una agrupación vecinal de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez. Otros dos exalcaldes del PP están estudiando la propuesta de acuerdo de la fiscalía —Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio)—, mientras los cinco restantes, también del PP, han declinado por ahora un pacto con el que amortiguar las altas condenas a las que se exponen. Algunos de esos alcaldes llegaron a pedir comisiones ilegales de medio millón de euros, según Anticorrupción. 

Aunque no se sienta en el banquillo en esta causa, este juicio ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Granados. Estrecho colaborador de Aguirre, Granados llevaba unos meses fuera de la política cuando fue detenido por este caso. La razón de su renuncia había sido la publicación de que había ocultado 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. La revelación de las autoridades helvéticas hizo elevar las sospechas sobre él, lo que acabó desencadenando toda la operación. Una década después, Granados tiene al menos cuatro juicios pendientes relacionados con diferentes ramificaciones del caso. En uno de los registros se encontró un millón de euros en un altillo del armario en casa de sus suegros que Granado acabó reconociendo como suyo.

El estallido de Púnica hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo. La expresidenta estuvo imputada durante tres años, aunque la acusación finalmente se archivó porque el juez Manuel García Castellón —con el apoyo de la Fiscalía— sostuvo que a pesar de que considera que su partido financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, no hay pruebas de que ella estuviera al tanto de esas ilegalidades. Por esa ramificación del caso, que está pendiente de juicio, sí se sentarán en el banquillo su secretario general Granados y otros de sus antiguos colaboradores, el exgerente Beltrán Gutiérrez. 

La operación que desarticuló esta trama de corrupción también sacó del anonimato a David Marjaliza, un constructor amigo de Granados, supuesto conseguidor de la trama y que lleva una década colaborando con la Justicia. Lo volvió a hacer la pasada semana, cuando su abogado, el penalista José Antonio Choclán, recordó que comenzó “su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”, informa Europa Press. 

224 millones de euros en contratos amañados

El empresario que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora -por indicación de Granados que le recomendó prenderle fuego “un día de niebla”, es el protagonista de esta ramificación del caso que ahora juzga la Audiencia Nacional. Por el momento, él y otros doce acusados han reconocido los hechos. Según el auto con el que el juez dio por cerrada la instrucción, la empresa de eficiencia energética Cofely había acordado con Marjaliza que le pagaría “una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable hasta un máximo de 155.000 euros” por sus labores de conseguidor de esos contratos a cambio de sobornos a alcaldes, ediles y técnicos.

Para el período 2014-2015 estaba prevista una retribución de hasta 5,5 millones que fue abortada por la operación judicial. La investigación también acreditó que después la compañía trazó un plan para recuperar lo invertido en esas dádivas con sobreprecios en los contratos. En muchos casos, este ambicioso plan no fue viable por la insolvencia de los ayuntamientos y el reparo de algunos interventores, dice la resolución del juez. 

Esta es la cuarta ramificación del caso que llega a juicio. La primera fue la relativa al ‘chivatazo’ que un guardia civil dio a Granados sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido. La Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel al que fuera colaborador de Aguirre al entender que esa revelación originó un grave daño a la investigación policial. Le permitió, por ejemplo, tomar ciertas cautelas, como ocultar el millón de euros en la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales. También fueron condenados los agentes que le dieron el soplo. 

La segunda en juzgarse fue la llamada rama leonesa de la Púnica, en la que se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del empresario Alejandro de Pedro.

La Audiencia Nacional absolvió a los acusados de los delitos más graves, aunque recibieron condenas menores de inhabilitación. Por otro lado, el pasado enero se celebró el juicio por la derivada de la trama en la Región de Murcia, donde también se abordó el uso de dinero público para pagar a este mismo empresario por campañas de lavado de imagen en internet en favor de políticos. 

La que no llegará a juicio es la línea de investigación sobre estos trabajos de reputación online de los que se beneficiaron cargos del PP de la Comunidad de Madrid. El juez Manuel García Castellón archivó en octubre de 2023 la pieza que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética.

El juez argumentó que era imposible “disociar” la figura del político del cargo que este ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibió luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos. Entre ellas, estaba la entonces consejera de Educación de Madrid Lucía Fígar, que contrató a esas empresas para sepultar las noticias sobre el cheque guardería que había recibido ella misma para afrontar los gastos de escolarización de su hija.

Cuatro piezas pendientes de juicio

Entre las causas pendientes de señalar juicio hay al menos cuatro que afectan a Granados. Además de la citada sobre la financiación irregular del PP de Madrid, está la que se centra en los contratos irregularmente adjudicados a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad entonces en manos de un partido independiente. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, aparcamientos, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal e incluso la asistencia jurídica del consistorio.

Asimismo, está lista para que se celebre el juicio la ramificación sobre las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra). El juez propuso sentar en el banquillo a Granados y a otras 42 personas. Además, el que fuera colaborador de Aguirre también será juzgado en la pieza en la que se investigó el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.