Jóvenes, investigadores y precarios: el colectivo que dignificó su profesión cumple 25 años

Jóvenes, investigadores y precarios: el colectivo que dignificó su profesión cumple 25 años

Tras haber conseguido grandes hitos para aportar estabilidad a la carrera investigadora, la Federación de Jóvenes Investigadores todavía tiene por delante objetivos como la creación de un Estatuto de Personal de Investigación en el que estén recogidas todas las figuras laborales

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Pastora Martínez todavía recuerda la fundación de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) en abril del año 2000. Aquellas primeras asambleas terminaron fructificando en un colectivo que sigue en la lucha por una carrera investigadora predecible y estable. A lo largo de este cuarto de siglo, protestas, divulgación, creación de informes pioneros y decenas de negociaciones con diferentes ministerios han vertebrado la labor de esta Federación que aglutina nueve asociaciones provinciales y a unas 2.000 personas que se organizan de manera asamblearia y horizontal.

En el camino dejan grandes avances, como que los investigadores pasaran a ser considerados trabajadores, y no becarios, y la aprobación del Estatuto del Personal Investigador en Formación. Por delante todavía queda la ardua batalla de que quienes son considerados una parte esencial del progreso de la sociedad encuentren en su vocación una forma de vida digna y segura. Para eso, reivindican una y otra vez, el Estado debería apostar por una mayor financiación.

Por aquel entonces, Martínez estaba en su segundo año de tesis en la rama de física experimental por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ahora que va a cumplir 50 años, rememora que pagaba un alquiler en Madrid mientras que no sabía cuándo le ingresarían la beca que le habían concedido. “A veces era el día 5 del mes, otras el día 15. Era una inestabilidad enorme, una batalla casi diaria”, cuenta. Su objetivo, más o menos alcanzado ahora, era el reconocimiento de los derechos laborales para este sector muy precarizado. “Había doctores, el máximo nivel de formación, sin ningún tipo de reconocimiento dentro de la academia”, enuncia.

El inicio del colectivo trajo consigo un aprendizaje que sus integrantes no olvidan. “Aprendimos mucho porque no teníamos ni idea. Para la mayoría de nosotros fue el primer contacto con un movimiento social de este tipo”, asegura. Esta fundadora de la FJI retiene en su memoria la primera manifestación que realizaron en la Castellana en febrero de 2001 y que contó con el apoyo del premio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía, el filósofo Fernando Savater y el escritor Antonio Muñoz Molina. 

“Allí estaban acampados los trabajadores de Sintel, que nos apoyaron. Queríamos forzar que nos recibiera el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando estaba Anna Birulés al frente”, explica. Lo consiguieron. Un día antes de la convocatoria, el Gobierno presidido por Aznar les avisó de que accedían a su reclamo y les pidieron que cancelaran la protesta. “Nosotros seguimos adelante con la manifestación, no tuvimos dudas”, añade.

Una escuela para la ciudadanía consciente

Martínez, que ahora ocupa un puesto de dirección en la Universitat Oberta de Catalunya, fue la primera secretaria de la FJI. Por sus manos pasaron decenas de actas de encuentros y negociaciones, así como los contactos que más tarde se materializarían en la creación de Eurodoc, el colectivo a nivel europeo que puja por la dignificación del sector. Javier Contreras fue el representante español en esta organización continental entre 2011 y 2013. Él llegó a la FJI en 2009, cuando prácticamente estaba comenzando su carrera investigadora. Ahora tiene 40 años y es docente de Geografía e Historia en un instituto de Córdoba.

Natural de Jaén, estudió la carrera en Granada, donde se doctoró en Historia en 2018: “En la FJI me empecé a politizar, en el buen sentido de la palabra, para ejercer una ciudadanía consciente y participativa. Eso me ha aportado muchas enseñanzas para la vida, como saber hablar en público, quitarme la vergüenza, redactar comunicados o tratar con los medios de comunicación”, se explaya.

Contreras ocupó diversos cargos en la FJI hasta su salida en 2022. Fue vocal de la junta directiva, coordinador de las asociaciones locales, dos veces secretario, tesorero y coportavoz. A lo largo de sus 13 años de militancia, también recibió y aportó lo que denomina como “una labor psicológica de acompañamiento a los investigadores en una etapa inicial que muchas veces es muy solitaria”. Uno de los grandes hitos de la FJI que remarca este docente fue la aprobación de la Ley de Ciencia en 2011, algo que “costó muchísimo esfuerzo a muchos compañeros”. 


Acto de la plataforma en abril de 2017.

Además, eran los años en los que los recortes empezaban a hacer mella. “Estábamos a la defensiva porque los recortes desde la última legislatura de Zapatero, que se incrementaron durante el mandato de Rajoy, afectaban a todo el sistema público”. Si echa la vista atrás, pero mira de reojo el presente, Contreras reivindica que todavía queda por hacer una labor de concienciación para que la sociedad se percate de que “la ciencia es una inversión muy rentable, y no únicamente en esas ramas del conocimiento que pueden conseguir patentes, también en aquellos campos de estudio más humanísticos y sociales”.

De becarios a trabajadores con derechos laborales

Manuel Heras ha sido otra de las figuras destacadas a lo largo de este periplo de lucha por parte de la FJI. Entró a formar parte de ella en 2015, cuando acaba de terminar el doctorado. A sus 39 años, en estos momentos disfruta de un contrato Ramón y Cajal y tiene entre manos un proyecto de consolidación como investigador en la Universidad de Granada. Este motrileño sonríe al recordar cómo una de sus principales demandas acabó recogida en la ya mencionada Ley de 2011: “Ahí los becarios comenzamos a ser considerados por la Administración como trabajadores, como lo que siempre fuimos”. De hecho, para ello la FJI llevó a cabo una importante campaña que todavía permanece en el imaginario colectivo de sus integrantes bajo el lema de “No + becas x trabajo”.

Mientras estaba en la junta directiva, este investigador de la rama de Filosofía vivió otro gran hito. Llegó con la aprobación del Estatuto del Personal Investigador en Formación que afecta a los predoctorales, lo que permitía que esta figura dejara de depender de las convocatorias con las que todos los años tenían que luchar. “Se daban casos de que un investigador con un tipo de beca cobraba un salario en 2013 mientras que al año siguiente otro investigador con esa misma beca cobraba un salario diferente”, ejemplifica. De esta forma, también se terminó con el enorme desajuste de las horas de docencia, que no estaban reguladas en ninguna normativa.

Heras se ha sentado junto a ministros como Pedro Duque, pero también secretarias de Estado como Carmen Vela. Diez años después de empezar a formar parte de la FJI, declara con orgullo que ahora pueden afirmar haber sido los impulsores de la conquista de los derechos laborales más básicos de todo un colectivo. “Es una historia de victorias a las que hemos llegado de forma asamblearia y no siempre con la ayuda de los sindicatos. El Gobierno ya nos toma como interlocutores válidos para negociar”, añade.

La comisión de documentación: una de las claves

No ha sido fácil tamaña empresa. Para llegar a este momento, la Federación ha trabajado también en la elaboración de informes a través de su comisión de documentación. Heras fue su coordinador desde 2018 hasta 2021: “Fuimos los primeros en aportar datos con rigor científico que mostraban la realidad del personal investigador predoc y postdoc, datos que no ofrecía absolutamente nadie más”. De esta manera, consiguieron saber de forma certera la pérdida de poder adquisitivo sufrida por este personal en los últimos años de cara a reclamar subidas salariales al Gobierno.

En ese mismo 2018, elaboraron una propuesta de carrera investigadora y predecible que elevaron al Ejecutivo cuando Pedro Duque era el máximo responsable de la investigación en España. También iniciaron la mayor encuesta realizada hasta la fecha dirigida al personal investigador mediante la que podrán analizar diversos aspectos de su vida, como la conciliación familiar, la salud mental, su percepción de las condiciones laborales, la satisfacción con sus salarios o el respeto a sus derechos.

Hacia el Estatuto general para el sector

En estos momentos, Cristina Rodríguez preside la FJI. A sus 28 años, se está doctorando en Psicología por la UAM. Para llegar a eso, cursó un máster en 2021 y trabajó para una universidad privada redactando el contenido de una asignatura, fue ayudante de investigación en la Pompeu Fabra y retornó a la UAM con un contrato de un mes. Más de tres años después de terminar el máster, ha conseguido un contrato predoctoral en esta misma universidad. Esta madrileña recalca que uno de los objetivos que persigue la Federación con mayor ahínco es el Estatuto del Personal Investigador Postdoc, al igual que sucediera hace años con los predoctorales. “Se da la circunstancia de que hay muchos investigadores que no han leído su tesis que cobran más, porque así lo estipula su estatuto, que aquellos que ya son doctores”, ilustra.

Con la misma perspectiva inclusiva y anticlasista que les ha caracterizado siempre, la FJI también reclama la creación de un Estatuto de Personal de Investigación en el que estén recogidas también las figuras del personal técnico y de servicios de la Administración, así como los postdoc y los predoc. Es decir, un estatuto único para todos los estamentos. “También peleamos por una ciencia más responsable y transparente, más íntegra y diversa”, añade.

Rodríguez reivindica la creación del grupo M4 en el nuevo convenio único de la Administración General del Estado. “Todavía no existe un grupo salarial acorde a la titulación de doctor y sería una muy buena medida orientada al valor social del doctorado”, opina.

Cuando investigar se convierte en un lujo

A pesar de las diversas negociaciones emprendidas con el Ministerio del ramo y las secretarías de Estado, uno de los muros contra los que se enfrenta la FJI es la financiación. “Suelen aceptar nuestras demandas, pero una respuesta bastante repetida es que hay reclamos que dependen del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así que queremos llegar hasta ellos también, al igual que al Ministerio de trabajo”, explica.

La presidenta de la FJI reitera que la lucha está centrada en una carrera investigadora predecible y estable. “No puede ser que 25 años después sigamos pidiendo algunas de las cosas que se pedían en el año 2000. No podemos aceptar que nuestros puestos no se estabilicen hasta que tenemos más de 40 años porque eso limita mucho las opciones de vida de cualquier persona que solo tenga el rendimiento de su trabajo para sobrevivir”, critica antes de resumir que “no se puede dejar que acceder a la carrera investigadora dependa de nuestra vocación e ignore las condiciones materiales que genera, haciendo que parezca un lujo hacerlo porque las condiciones laborales son paupérrimas”.

Martínez, la fundadora de la FJI, señala que, igual que han mejorado muchos aspectos, lo podrán hacer otros tantos. Según comenta, queda mucho por conquistar. De todas formas, se muestra optimista “porque 25 años en la carrera de un investigador es poco”. Por el momento, la FJI persigue una mayor implantación en el país para poder seguir con la lucha, como ya ha sucedido con una nueva asociación en Madrid. Solo así, organizados y unidos, podrán cumplir otro cuarto de siglo al pie del laboratorio, de las aulas, de los archivos y bibliotecas, de los centros de investigación, hasta que llegue el momento en que una Federación de este tipo ni siquiera haga falta.