Cuando el recreo es un infierno: resolver un caso de acoso escolar puede dilatarse durante todo el curso

El caso de Antonio, el menor agredido en Santander por cuatro compañeros de clase, no es un caso único en las aulas. En estos momentos hay un otro asunto en los juzgados de acoso con tintes homófobos contra un menor en un colegio de Cantabria. Un niño que lleva tres años escondido en una esquina del patio. “Maricón de mierda”, aparecía reiteradamente escrito en la pizarra de clase. Insultos y vejaciones continuadas. Hasta que estalló el día que le tiraron unos petardos mientras estaba en el baño. “Tenemos el caso de otro niño con autismo que no quiere ir al colegio”, explica Lourdes Verdejo, la presidenta de la Asociación Tolerancia 0 contra el Bullying. “¿Dónde están los protocolos?”, se pregunta.

La tramitación de los expedientes debería resolverse en poco más de un mes, pero en la práctica “no se cumple”, advierte Verdejo, que lamenta que “pueden dilatarse durante todo el curso, lo que lo quieran estirar, y algunos protocolos los cierran sin haberse resuelto, aunque no caducan nunca”. “También hay que decir que hay centros que lo hacen muy bien”, puntualiza, pero en otros casos a los padres les dicen que se ha abierto el protocolo “cuando no están abiertos”, asegura.

Tanto esta asociación como los directores de centros educativos coinciden en que deben revisarse los protocolos de acoso escolar. Verdejo va más allá y propone profesionalizar su tramitación con agentes externos cualificados que trabajen de forma objetiva y que, de paso, eliminen el trabajo burocrático a los profesores que instruyen los sumarios. Al tiempo, “hay que trabajar la prevención y la detección cuanto antes para que el daño del menor sea el mínimo posible”, reclama.

Victimizar a las víctimas

Paula denunció amenazas de un compañero de colegio que la intimidaba. Sus padres pusieron una denuncia y ella pidió cambiar de clase para no tener que compartir el aula con su acosador, siendo ambos menores. Se lo solicitó al director del centro y al inspector de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Recibió una negativa rotunda. Se abrió un protocolo que se dilató en el tiempo y que solo sirvió para empeorar la situación y la convivencia en clase. Después de unos meses “durísimos”, Paula se marchó del colegio antes de que se resolviese el protocolo. Tiró la toalla al sentirse desprotegida y vulnerable.

No es un caso aislado. Lucía ni siquiera se atrevió a denunciar las vejaciones y los insultos de sus compañeras de clase durante los dos años que convivieron en el instituto. Había visto como, antes que ella, a otra chica le hicieron la vida aún más imposible cuando lo denunció y acabó por marcharse sin acabar los estudios. No volvió. Dos días sin clase, una reprimenda y volvieron a hacer lo mismo, esta vez con ella, con Lucía. 

Las víctimas pierden la partida con excesiva frecuencia. Es un proceso que las estigmatiza mucho, considera Verdejo. “Los padres acaban antes cambiando a sus hijos de centro y eso no es justo”, denuncia la presidenta de la asociación Tolerancia 0 contra el Bullying. Según explican las propias familias, la mitad de las víctimas desisten y dejan el colegio. “La peor parte es aquellos que viven en silencio, que no se atreven a denunciar”, subraya.

Los acosadores, en cambio, son quienes suelen quedarse. La excepción han sido recientemente los cuatro presuntos agresores de Antonio, el niño con parálisis cerebral del IES Torres Quevedo de Santander. El video que se hizo viral en las redes y dio el salto a los medios era tan contundente y la reacción social tan acusada que la Consejería y la Fiscalía de Menores se vieron impelidas a corregir la lentitud de los protocolos y trámites porque habían dejado desprotegido al menor.

En otras ocasiones las víctimas atraviesan casos semejantes, pero como no salen a la luz pública no han tenido que rectificarse. El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), apoyó inicialmente la insólita decisión de mantener a los agresores en la misma clase que su víctima. Están juntos, pero “no hay interacción”, llegó a justificar, porque los estudiantes estaban recibiendo clases telemáticas. Desde el propio Parlamento de Cantabria censuraron esta situación.

Tampoco la Fiscalía de Menores se decidió a proteger a la víctima con medidas de alejamiento provisionales hasta que hizo efecto la presión de la opinión pública. Para entonces habían pasado 17 días desde la situación de acoso grabada en vídeo por los propios autores y hasta las familias de los agresores habían decidido que abandonaran el centro de forma voluntaria. Ya están inscritos en otros institutos. Ese procedimiento sí que se realizó con agilidad.

En cualquier caso, cada institución abrió en paralelo procesos distintos: La Consejería activó el protocolo de acoso escolar; la dirección del instituto abrió un procedimiento disciplinario ordinario y la familia de la víctima recurrió a la vía penal a través de la Fiscalía de Menores porque el asunto no avanzaba y su hijo tenía que acudir a clase cada día sin ver una solución cercana.

Tratamiento de los acosadores

Verdejo cuestiona que se ponga la mirada solo en los acosadores o agresores que “no dejan de ser niños”. “Lo hicieron mal pero, ¿quién más lo hizo mal?”, cuestiona. “Porque las responsabilidades son de los adultos, que son quienes tienen que garantizar la seguridad de los niños”.

En este sentido, aboga por la reeducación. “Tienen que existir medidas educativas en su propio centro, hay que enfocarse en eso”, propone. A su juicio, “no sirve de nada trasladar a los chavales a otros centros si no se trabaja con ellos”. Verdejo narra que también hay casos de familias de niños agresores o acosadores que piden ayuda para corregir esas conductas disruptivas de sus hijos y no la tienen.

Confirmadas 16 de las 117 denuncias por acoso

Lo sucedido con el caso de Antonio, el menor del instituto de Santander, ha puesto el foco en la eficacia y protección a las víctimas de los protocolos. Una cosa es aplicar a rajatabla los manuales y otra que estos solucionen la situación.

Nadie hasta ahora se ha planteado la necesidad de mejorar los protocolos. Al contrario, todo ha sido autocomplacencia. En la última reunión del Observatorio de Convivencia Escolar de Cantabria, celebrada en diciembre de 2024, se felicitaron porque de 117 denuncias tramitadas solo se confirmaron 16 casos de acoso en los centros educativos cántabros.

Se desconoce cómo se solucionaron ni en cuantos de estos casos la víctima tuvo que abandonar el centro. Unas cifras que Lourdes Verdejo califica de “ridículas”. “Cuentan la verdad, lo que le trasladan los centros, pero hay más casos que intentan resolver los propios centros educativos o casos que evidentemente no llegan a denunciarse”.

Este organismo se reúne dos veces al año, pero puede hacerlo de forma extraordinaria. De momento, no se ha hecho ninguna convocatoria a raíz de la polémica gestión de la agresión al menor del instituto de Santander, a pesar de que su objetivo es “abordar de modo conjunto las actuaciones destinadas a analizar, valorar y realizar un seguimiento de la convivencia escolar”.

En dicho Observatorio están representados la Administración educativa, los comités de directores, los sindicatos docentes y las federaciones de padres y madres de alumnos, FAPA y CONCAPA, así como la Fiscalía del Menor, la Delegación del Gobierno o la Asociación de la Prensa, entre otras instituciones.

Reacción de los directores de centros

Mientras tanto, los directores de los centros educativos de Cantabria han defendido que el IES Torres Quevedo siguió “correctamente” los pasos recogidos en el Decreto 53/2009 que regula la convivencia en los centros educativos de Cantabria.

El documento establece que agresiones, acoso, amenazas, coacciones, vejaciones e injurias contra cualquier miembro de la comunidad educativa son “una conducta gravemente perjudicial”. Las sanciones van desde el cambio de centro hasta la realización de tareas educativas fuera del horario lectivo, el cambio de grupo hasta la “suspensión del derecho de asistencia” al centro entre tres días y un mes como máximo.

Pero, en paralelo, los directores han solicitado a la Administración educativa la “revisión y mejora” de los procedimientos que regulan la convivencia. Los protocolos disponibles en la web de la Consejería de Educación de Cantabria han sido actualizados con fecha 1 de marzo de 2025, es decir, 15 días antes de conocerse el caso de la agresión en el IES Torres Quevedo de Santander.

Qué se entiende por acoso

En la página educantabria de la Consejería de Educación hay información sobre normativa y un contacto a donde recurrir cuando hay un problema en el aula. Aunque la semana pasada “no había nadie al otro lado del teléfono”, denuncian desde Tolerancia 0 contra el Bullying. Es un servicio que se denomina Unidad de Convivencia.

Existen tres documentos sobre protocolos para acoso escolar, aunque el procedimiento es idéntico: para casos entre compañeros, para situaciones de diversidad funcional y para cuando tiene un ingrediente homófobo o tránsfobo. A ellos se suma otro documento que establece los plazos para “situaciones de conductas contrarias o perjudiciales para la convivencia”. 

El protocolo entiende por acoso cuando “un alumno recibe un continuo y deliberado maltrato verbal, físico o psicológico”. Es decir, en principio tiene que haber ocurrido más de una vez. No es lo mismo acoso que una agresión esporádica y además tienen que concurrir tres circunstancias: “la intención de hacer daño, la repetición de las conductas agresivas y la duración de ese abuso en el tiempo”.

Desprecios, coacciones, insultos, intimidación, chantaje, ridiculización, robos, extorsiones, ridiculizaciones, agresiones, deterioro de pertenencias. Todas estas cuestiones se consideran acoso.

Protocolo y plazos de actuación

Ante un caso de acoso escolar se constituye de forma “inmediata” un equipo de valoración cuya composición no es estricta: director, tutor de la presunta víctima, un representante de la Unidad de Convivencia del centro “y otras personas si se consideran necesarias”.

También inmediatamente hay que comunicarlo por escrito al Servicio de Inspección Educativa y a la Unidad de Convivencia. A continuación, el director tiene que citar a las familias y a los menores.

Los plazos se especifican en otro documento de imposición de medidas disciplinarias: oficialmente hay 15 días para llevar a cabo este proceso –los tres días siguientes se pueden presentar alegaciones– y después el director del centro lo tiene que resolver y comunicar en un máximo de 35 días desde que se inició el proceso (no desde la fecha de los hechos). Esto supone que podría llevar unos cuarenta días hábiles resolver el expediente.

Entrevistas y medidas de protección

Después, hay diez días para que el instructor recoja información y “al mismo tiempo” la dirección establezca medidas preventivas de protección a la presunta víctima y de vigilancia de los lugares donde pueda producirse el presunto acoso. Es decir, sí que podrían cambiar de clase a un alumno, por ejemplo, sin esperar a concluir el expediente.

El director del centro, por iniciativa propia o a propuesta del instructor, también puede expulsar al presunto agresor hasta un máximo de cinco días. Esta es la medida cautelar que se aplicó a los presuntos agresores del caso del instituto Torres Quevedo. Lo cual –como explicó el consejero de Educación, Sergio Silva– no fue la sanción definitiva dentro del proceso disciplinario que se abrió y que paralizó por el procedimiento penal que abrió la Fiscalía de Menores. Como tampoco la justicia actúa con mucha diligencia, al final el asunto queda en un limbo, como denunció la madre de Antonio, el niño con parálisis cerebral víctima de la agresión.

El instructor entrevista al alumno presuntamente acosado, a los “observadores no participantes” (personas que puedan conocer los hechos, pero que no han participado en ellos), a los padres de la presunta víctima, a los presuntos agresores y a sus padres. Con todos ellos se sigue un cuestionario de preguntas estándar. Por último, se redacta un informe, se entrega a la dirección del centro y es esta quien decide si procede o no abrir un expediente disciplinario.

A la reunión de la dirección es conveniente –dice la normativa– que se solicite la asistencia de un inspector educativo. El director emite una resolución –como mucho, 35 días después– que entrega a la inspección y a la Unidad de Convivencia. La sanción, si la hubiere, y el cierre del expediente se puede prolongar durante otro mes más, por si se presentan recursos. No obstante, hay un procedimiento abreviado para casos graves que acorta los plazos a poco más de un mes como máximo.

Si se confirma que hay acoso, se informa a las partes y si hay agresiones, peleas o hurtos, se avisa a la Policía Nacional o la Guardia Civil, la Fiscalía de Menores y Servicios Sociales. “Solamente cuando el centro educativo sienta que no puede abordar el problema”, precisa el protocolo. Si hay un menor implicado, la policía remite el asunto a la Fiscalía de Menores que decide si hace falta abrir expediente y judicializar el caso.

La realidad, según explica Lourdes Verdejo y algunas familias afectadas, es que el procedimiento se dilata durante meses y algunos ni siquiera se llegan a resolver.

Durante todas estas semanas e incluso meses el agresor o el acosador ya sabe que su víctima le ha denunciado y ambos tienen que seguir coincidiendo en el centro, incluso dentro de la misma aula. El caso de Antonio cuestiona la eficacia y agilidad de los protocolos especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad. El protocolo se aplicó a rajatabla, pero no dio respuesta a la víctima y a su familia. La orden de alejamiento de la Fiscalía de Menores también llegó tarde. Se produjo 17 días después de conocerse la agresión. En otros casos, “no llega nunca”, se quejan desde Tolerancia 0 contra el Bullying.