La jueza rechaza imputar a la delegada del Gobierno y reitera la «pasividad» del Consell de Mazón ante la DANA

La jueza de la DANA ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en un auto notificado este martes en respuesta a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”. 

“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, añade la instructora.

El auto insiste en la “pasividad” de la Generalitat Valenciana en la respuesta a la catástrofe y destaca la “gravísima inactividad” del Consell de Carlos Mazón ante la catástrofe. Así, el Gobierno valenciano fue “absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”, apostilla.

La instructora reitera que el objeto del procedimiento es el “análisis” de los fallecimientos de 227 personas —“una de ellas embarazada de ocho meses”, recuerda— y de una desaparecida, además de los lesionados. También acota la instrucción, específicamente, a la “ausencia de decisiones para salvaguardar a la población”.

La resolución afirma que era a la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, a quien le correspondía ejercer el “mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil”.

La jueza recuerda a la asociación Liberum que la imputación de representantes públicos en esta causa “sólo se puede sustentar en la existencia de un nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos”.

También alega que la opción de declarar la emergencia nacional (que podrían haber tomado tanto la Generalitat como el Gobierno central) “no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección”. La instructora considera una “voluntad manifiestamente errónea” por parte de Liberum su intención de “hacer responsable” al Gobierno central de la respuesta a la catástrofe.

Por otro lado, la jueza ha citado a 11 testigos entre funcionarios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y personal laboral de la subcontrata del 112 de la Generalitat Valenciana.

En una providencia, también dictada este martes, la magistrada da un plazo de cinco días al director general de Medio Natural, Luis Gomis, para que detalle en un segundo informe “si los recursos puestos a disposición para la vigilancia del barranco del Poyo (…) fueron utilizados, y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos”.

El alto cargo de Mazón, tal como desveló elDiario.es el pasado 25 de noviembre, reconoció la misma mañana de la DANA que la vigilancia de los caudales de los barrancos también era competencia de la Generalitat. En un primer informe remitido a la magistrada, Luis Gomis explicó que el 29 de octubre ofreció al departamento de Emergencias la vigilancia de ramblas y barrancos, una posibilidad que finalmente no se produjo.

Fallecimiento de dos guardias civiles

La jueza ha dictado otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 del pasado 29 de octubre. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.

El órgano judicial también ha notificado una providencia en la que se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la DANA y de la renuncia de la representación letrada de la asociación SOS Desaparecidos para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de varios de los fallecidos.

Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre las secuelas psíquicas y los daños morales de familiares de fallecidos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado, desde que inició la investigación por la gestión de la DANA, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.