Batalla en los tribunales por el poder patronal: la CEOE impugna la entrada de Pimec en la Comisión de Convenios

Nuevo frente de conflicto entre organizaciones empresariales. La patronal CEOE ha impugnado ante los tribunales la entrada de la catalana Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, que ordenó recientemente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La organización dirigida por Antonio Garamendi ha pedido a la Audiencia Nacional medidas cautelares con el objetivo de parar la ejecución de esta orden, que implicaría la cesión de uno de sus asientos en el órgano consultivo en favor de la organización empresarial catalana.

La petición ante la Audiencia Nacional, adelantada por La Vanguardia y que confirman fuentes de CEOE a elDiario.es, supone la ampliación de un recurso previo presentado en 2024 contra la regulación del nombramiento de las vocalías de esta Comisión Nacional de Convenios Colectivos, el procedimiento por el que ahora el Ministerio de Trabajo da entrada a la organización liderada por Antonio Cañete a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos.

La entrada de Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos es relevante y puede tener trascendencia más allá del nuevo esquema dentro de este órgano consultivo. Por ejemplo, con vistas a quién representa a las pymes en otros órganos como el Consejo Económico y Social (CES) y la mesa de diálogo social estatal, en la que el Gobierno negocia leyes y consulta sus políticas. Ahora ocupan sus asientos las patronales CEOE y Cepyme, cuyas direcciones mantienen en estos momentos una guerra encarnizada.

En Pimec, como explica en esta entrevista su presidente, defienden que el actual sistema de representatividad de las pymes no es adecuado y reclaman su papel como voz de las pequeñas y medianas empresas. En la gran patronal, por el contrario, defienden que Pimec no cuenta con la representatividad necesaria a nivel estatal para formar parte de este y otros órganos nacionales.

Fuentes de Pimec consideran “sorprendente y preocupante que una organización como la CEOE, en lugar de aceptar una representación empresarial más plural, democrática y ajustada a la realidad, recurra a la vía judicial para bloquearla”.

Un nuevo reparto de asientos inminente

“Se han pedido medidas cautelares para parar la ejecución de la orden hasta que se resuelva”, explican en la CEOE a este medio. La orden firmada por Yolanda Díaz, y publicada en el BOE este mes, cesó a los vocales de CEOE y Cepyme de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos e instó a un nuevo reparto de los asientos entre las tres organizaciones empresariales. Hay seis vocalías ocupadas por las organizaciones empresariales (cinco de CEOE y una de Cepyme).

El Ministerio dio diez días a CEOE, Cepyme y Pimec para comunicar a la Dirección General de Trabajo “el acuerdo unánime” sobre la nueva distribución de las vocalías. Si pasado ese plazo no hay acuerdo, la encargada del reparto es Dirección General de Trabajo, que debe determinar el número de personas que corresponde proponer a cada organización, para que en el plazo de diez días estas comuniquen quiénes son los titulares y suplentes propuestos para su nombramiento.

El recurso de CEOE ante los tribunales trata de frenar así esta nueva asignación de asientos en el órgano consultivo hasta que la Audiencia Nacional resuelva sobre el recurso presentado. En Pimec subrayan su voluntad de “dialogar y alcanzar consensos”, por lo que propusieron abrir una negociación con CEOE y Cepyme para acordar “un reparto más justo de las vocalías y evitar que las grandes empresas concentren cinco de las seis plazas disponibles”.

La organización catalana sostiene que “las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y el 70% del empleo y su voz no puede seguir siendo ignorada en órganos donde se deciden cuestiones clave como los convenios colectivos”.

La Comisión Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado, tripartito, en el que está representada la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Entre sus funciones figuran la “resolución de consultas, sin carácter vinculante, sobre el ámbito funcional de los convenios” y “ funciones de observatorio de negociación colectiva (información, estudio, documentación y difusión de la negociación colectiva)”, entre otras.