El capitán republicano Bernardo Incera ya descansa en paz: su familia consigue anular su cadena perpetua en la dictadura

El capitán republicano Bernardo Incera Varela ya puede descansar en paz: La Fiscalía de Memoria Democrática ha conseguido anular a instancias de la familia la condena a cadena perpetua que le impuso la dictadura franquista. La jueza-magistrada del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Santander, Virginia Otero, ha dictado en menos de 24 horas un auto anulatorio de esta pena que en plena Guerra Civil le fue impuesta a este santanderino, ya desaparecido, una vez que ha quedado acreditado que “no cometió delito alguno” y fue sometido a un juicio “sin garantías”.

La singularidad de la sentencia parte de que se trata de la primera que se dicta en España a instancias de la Fiscalía de Memoria Democrática. Carlos Yáñez, fiscal del caso, es el mismo que ha conseguido que se eliminen en apenas un mes los 18 nombres vinculados al franquismo del callejero de la capital de Cantabria, tras advertir hace unas semanas al Ayuntamiento de Santander que no cabían más dilaciones en el cumplimiento de la ley.

La magistrada, celebrada vista oral el pasado miércoles en presencia de cuatro hijos y una nieta de Bernardo Incera Varela, ha acordado declarar que “fue sometido a un juicio sin garantías y condenado a cadena perpetua sin haber cometido infracción penal alguna, por lo que fue sometido a una privación de libertad arbitraria e inhumana, con efectos demoledores para su persona y muy perjudiciales para su familia directa”.

Los familiares declararon en la vista respondiendo a preguntas como: ¿qué supuso para usted el encarcelamiento de su padre?, ¿qué supuso para su madre?, ¿cómo le marcó? o ¿fue un estigma para la familia? Todos coincidieron en que su padre falleció con el dolor de haber sido condenado sin pruebas, en un juicio sin garantías ni respeto a los derechos humanos, según ha manifestado a elDiario.es un testigo presencial en la vista. “Han sentido el estigma en la familia siendo el destierro aplicado a Bernardo, la ruptura de su primera familia y el dolor de la separación entre sus miembros”.

Pero ¿quién era Bernardo Incera Valera y cuál fue el vía crucis que sufrió?

Bernardo Incera Varela era un maestro de obras cántabro, y fue condenado a cadena perpetua por un tribunal franquista por militar un año en el sindicato CNT y haber pertenecido al Ejército republicano durante la Guerra Civil. Por ello, según recoge el investigador Fernando Sígler Silvera, fue trasladado al penal de El Puerto de Santa María, en donde estuvo preso al menos cinco años.

Expediente procesal de Bernardo Incera Varela.

Según este investigador, Bernardo Incera “llevaba apenas un año militando en el sindicato anarcosindicalista CNT, en el que ingresó tras ser movilizada su quinta al iniciarse la Guerra Civil, cuando el 7 de septiembre de 1937 fue detenido, poco tiempo después de ser tomada Santander por los franquistas. La capital cántabra fue ocupada el 26 de agosto y la Guardia Civil detuvo a Incera, lo puso a disposición del auditor de guerra y, con una orden del juez militar de guardia, fue internado en la prisión de Santander conocida como Tabacalera sin tener antecedentes penales.

Contaba 27 años de edad cuando quedó preso. Hijo de Bernardo y Salustiana, estaba casado y de su matrimonio nacieron dos hijos. Su profesión era la de maestro de obras. Nada más ingresar en la cárcel, se inició la instrucción del procedimiento sumarísimo de urgencia número 359, que derivó a un consejo de guerra colectivo, en el que fueron juzgados junto a él otros tres procesados: Agriberto García Alonso, afiliado al sindicato ferroviario de UGT; José Reventun Cubría, también afiliado a UGT; y Bonifacio Movellán Carrera, militante de las Juventudes Socialistas.

El tribunal militar consideró “probado” en contra de Incera su militancia sindical y su pertenencia al ejército legalmente constituido. “Bernardo Incera se incorporó al ejército rojo y habiendo movilizado su quinta, habiéndose afiliado a la CNT en el mes de octubre del año pasado, fue ascendido a cabo y sargento, más tarde a teniente y últimamente a capitán, prestando servicios en un batallón de ingenieros en la construcción de trincheras y parapetos”.

“Este es el único párrafo que dedica la sentencia a este santanderino para considerar que su actuación era constitutiva de un delito de adhesión a la rebelión”, atestigua Sígler, quien recalca la inversión producida por los sublevados del término legalidad, ya que fueron los derrotados los que pasaron a ser considerados rebeldes.

Al cántabro le fue aplicado un artículo del Código de Justicia Militar de 1890 que castigaba con la cadena perpetua los actos de “rebelión”: “Serán castigados con la pena de reclusión perpetua los que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten y los que valiéndose del servicio oficial que desempeñen, propalen noticias o ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla”, dice el texto.

La condena se produjo el mismo día del juicio con la firma de Francisco Naranjo, Manuel Maldonado y Carlos de la Cruz y ratificación del auditor de guerra. Era el 8 de octubre de 1937.

Periplo tras la condena

Bernardo Incera siguió preso en Santander y, en febrero de 1939, fue trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María, en Cádiz, en donde permaneció hasta el 10 de agosto de 1940, en que fue puesto en libertad al haberle concedido la prisión atenuada la Auditoría de Bilbao, que debería cumplir en su domicilio durante un periodo de cuatro años. Lo hizo en Santander.

En abril de 1943, la Comisión Central de Examen de Penas del Ministerio del Ejército propuso conmutar la pena de reclusión perpetua por seis años de prisión menor, lo que fue ratificado por el ministro de turno. Para entonces, Bernardo Incera había pasado en la cárcel cinco años, siete meses y 20 días.

En 2025, el juzgado de Instrucción santanderino ha considerado acreditado, de forma documental y testifical, “la condena injusta de Bernardo Incera Varela, tras haber sido sometido a un juicio sin garantías, privado del adecuado derecho de defensa”.

Parte clave de la decisión judicial ha sido la constatación, por boca de sus descendientes, de “los perniciosos efectos que tan injusta condena tuvo sobre Bernardo Incera y sobre su familia directa, tanto durante el tiempo de reclusión, como durante el resto de su vida”. Queda demostrado que fue sometido, en definitiva, “a una privación de libertad arbitraria e inhumana, con efectos demoledores para su persona y muy perjudiciales para su familia directa”.

“Valiosa herramienta”

El procedimiento de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados, creado por la Ley de Memoria Democrática a nivel nacional, tiene naturaleza civil y su objeto es la declaración por un órgano judicial de la realidad y circunstancias de hechos determinados ocurridos en el pasado.

Este procedimiento, según la Fiscalía de Cantabria, constituye una “valiosa herramienta más” que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las víctimas y del Ministerio Fiscal a fin de garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.