Un juez de la Audiencia Nacional investiga un posible ciberataque pese a que Red Eléctrica lo descarta

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto unas diligencias de investigación para determinar si detrás del apagón sufrido este lunes en gran parte del territorio nacional hay un ciberataque y, por tanto, un acto de terrorismo. La decisión del juez trasciende poco después de que Red Eléctrica haya descartado el ciberataque como causa del apagón y haya contado con la información en ese sentido del CNI y el Incibe.

En un auto, el magistrado acuerda como primeras diligencias requerir precisamente al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Del mismo modo, solicita a la Comisaría General de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.

El juez Calama toma esta decisión porque se encuentra de guardia y sin haber recibido propuesta en tal sentido por la Fiscalía. Tampoco ha recibido atestado policial en tal sentido o denuncia o querella formulada por un particular, precisan fuentes del tribunal especializado.

El juez explica que el incidente ocurrió ayer sobre las 12.30 hora española y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria, transporte, etc., lo que ha supuesto “una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos”.

El auto recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que “se han perdido” de forma súbita durante 5 segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo, siendo “algo que no había ocurrido jamás”.

Calama indica que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, “el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles”. Por tanto, resulta necesaria, según el juez, la apertura de una investigación judicial.

En su auto, de siete páginas, el juez se detiene a refrlexionar: “Nuestra sociedsd se basa cada vez más de (sic) un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida en general. Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y grafes en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer”. “Este tipo de infraestructuras –continúa el juez– son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro explica que conforme al artículo 573 del Código Penal los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.

El instructor, en su resolución, examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y que, en el caso de España, llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo. En concreto, en el artículo 573. 2 en el que inicialmente encajarían los hechos “en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal”.