El PP pide consenso a la oposición sobre el relevo en CRTVG mientras esconde el nombre de su candidato

Martes 13 a las 10 de la mañana. Esa es la hora límite para conocer el nombre de la persona que dirigirá los medios públicos de Galicia tras la convulsa etapa de 16 años de Alfonso Sánchez Izquierdo, que necesitó hasta un cambio en la ley para encontrar un final. Será entonces cuando acabe el período fijado por la Mesa del Parlamento —o, lo que es lo mismo, por la mayoría absoluta del PP en ese órgano— para la presentación de candidaturas. Con la nueva norma en la mano, los populares saben que les bastan sus votos para designar al primer director o directora xeral de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), que es como ha pasado a llamarse la CRTVG. Con esa garantía, hasta que se cumpla el plazo, sólo quieren hablar con la oposición de perfiles, pero no de personas.

Aunque ni el PP ni tampoco el principal grupo de la oposición, el BNG, consideren que ha llegado el momento de hablar de nombres, la realidad es que tendrán que empezar a hacerlo, al menos de cara a la galería, en cuestión de horas. Negando cualquier prisa y asegurando que simplemente se ajustan a unos plazos “perfectamente recogidos” en la Ley de servicios de los medios públicos audiovisuales de Galicia, el PP dio este pasado lunes el pistoletazo de salida al proceso —iniciado una semana antes con la aprobación de las reglas de juego— marcando un plazo de sólo siete días para que cada fuerza eligiese a sus candidatos.

Al BNG ese período le pareció claramente insuficiente y pidió que se ampliase otros quince días para dar tiempo a pactar ese perfil del que hablan tanto nacionalistas como populares, convencidos de que será más fácil encontrar puntos en común ahí que en la persona que lo ocupe. Lo hablaron en una primera toma de contacto, la misma que los populares mantuvieron con los socialistas —que prefieren guardar silencio hasta que haya “algo que contar”— e incluso con el único diputado de Democracia Ourensana. El lunes, los negociadores volverán a verse, para seguir “perfilando”.

Este mismo viernes, el portavoz popular Alberto Pazos criticaba la petición del BNG, al que acusa de “poner trabas” a la entrada en vigor de la norma vigente, aprobada también en solitario por el PP. “No están solicitando una prórroga, están dilatando la aplicación de la nueva ley”, afirmó.

Pazos incluso habló de la “sorpresa” que le produjo esa “incomprensible” solicitud de ampliar el plazo porque “ya perdí la cuenta de los años que se lleva pidiendo el cese del actual director y criticando su situación de interinidad”. Entiende que, si los nacionalistas necesitan más tiempo para proponer un nombre que ocupe el cargo, es porque durante este tiempo “el único objetivo era descabezar la corporación a toda costa sin tener siquiera un posible sustituto”.

La sonrisa de Rueda

Pensar que el BNG no tiene un candidato —o candidata— para el sillón de Sánchez Izquierdo es casi tan difícil como pensar que no lo tiene el PP. Este lunes, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, al presidente Alfonso Rueda se le escapaba la sonrisa cuando delegaba en la Cámara la responsabilidad de buscarlo: “Es un acuerdo del Parlamento, con lo cual, cuando lleguen los nombres, llegarán al Parlamento”. Un Parlamento del que él mismo forma parte como diputado del grupo mayoritario.

Los nacionalistas justifican su solicitud de pisar el freno como “una oportunidad para dejar atrás el control político, la manipulación informativa, el desprestigio” en el que, según dicen, han caído los medios públicos y abrir “una nueva etapa”. Aun así, la propia viceportavoz Olalla Rodil admitía que “mal empezamos cuando se nos ofrece diálogo después de que el PP activase unilateralmente el proceso y con una fecha límite”.

La postura del Bloque recoge la “exigencia de criterios concretos” para elegir al sustituto de Sánchez Izquierdo: independencia partidaria, una contrastada trayectoria profesional en el periodismo o en el sector audiovisual de Galicia y una “esencial” formación en materia de género. Según Pazos, “todo eso ya está recogido en la ley”. Lo que dice la norma, sin embargo, es que la persona que ocupe la dirección xeral tendrá “formación acreditada de nivel de educación superior, conocimientos y competencias profesionales, prestigio reconocido y experiencia en gestión empresarial, administración o investigación científica en la actividad de la comunicación audiovisual y en el gobierno corporativo”. La independencia se limita a que el puesto es incompatible con cualquier cargo político, sindical o empresarial. Sobre la formación en materia de género, ni una palabra.