Libertad académica

Al terminar el doctorado hace ya 20 años, mi primera oferta laboral universitaria se planteó en forma de una sustitución por un año dando tres cursos a razón de 300 euros brutos mensuales en una universidad pública. Decliné. Afortunadamente encontré empleo en el ayuntamiento de Barcelona. En 2007 salió a concurso una plaza en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en México, conocido como CIDE, y de financiación pública. Postulé a dicha posición y después de un proceso abierto y competitivo, conseguí dicha posición. Estuve en la ciudad de México hasta principios del 2010 cuando por razones personales regresé a Barcelona. En el CIDE coincidí con colegas brillantes: unos eran politólogos, otras economistas; había historiadores excepcionales y grandes juristas. De todos y todas se aprendía. Mucho. Las estudiantes eran trabajadoras y muchas de ellas muy brillantes.

La anécdota personal viene a cuento de que el CIDE, igual que otras instituciones académicas como Boğaziçi en Turquía, la Central European University -hoy en Viena, pero originalmente en Budapest- o como muchas universidades en Estados Unidos -donde en abril de este mismo año, varios de sus rectores firmaron una carta en la que se denunciaba la “intervención gubernamental sin precedentes y la injerencia política” que está experimentando la educación superior- están sufriendo ataques que erosionan la libertad académica y, por ende, a la democracia.

En un artículo muy reciente, los profesores Víctor Hernández-Huerta y María Inclán analizan cómo los gobiernos con líderes populistas están deteriorando la libertad académica, incluido en países que siguen siendo democracias liberales o electorales. Antes de explicar por qué es importante la investigación, sigamos las definiciones que utilizan los profesores Hernández-Huerta e Inclán en su artículo para cada uno de los términos. Respecto a libertad académica entendemos la posibilidad de investigar, enseñar, debatir y publicar sin sufrir represalias ni sanciones exceptuando, obviamente, casos de faltas éticas graves. La libertad académica es importante porque permite que las universidades sean espacios de investigación en el que se cuestiona, se investiga, se contrastan ideas y también se critica al poder -ampliamente definido- sin miedo. Y el miedo, lógicamente, está presente si las actividades de las investigadoras tienen consecuencias personales para ellas en forma de pérdida de empleo y/o, en el peor de los casos, represión. [1]

Los populistas entienden las universidades como elitistas puesto que, al menos las públicas (y muchas privadas), exigen procesos de selección (en algunos casos extremadamente competitivos); usualmente se requiere de ciertas credenciales para ejercer la profesión que provienen de estudios avanzados como un doctorado. Las universidades también son pluralistas: hay diversidad de ideas; se protege el debate razonado y la crítica (por cierto, cuando actos de partidos políticos que no nos gustan son vandalizados, mala señal).

Para un líder populista, que quiere presentarse como la única voz auténtica del pueblo y simplificar la política como una lucha entre “buenos” y “malos”, estos espacios de crítica y matiz como las universidades son incómodos. Cuando las políticas de los populistas se cuestionan con datos, estudios y expertos, su tolerancia al disenso y la disidencia disminuye, y la academia se convierte en un blanco natural.

También hay que considerar que muchos populistas gobiernan basándose en una conexión carismática y directa con “la gente”, más emocional que racional. Cuando su desempeño real, cotidiano, práctico, no cuadra con su relato de éxito, tienen incentivos para controlar el discurso público: atacar a periodistas, organizaciones civiles… y, por supuesto, también a universidades que producen información independiente.

Todo lo escrito anteriormente Hernández-Huerta e Inclán lo fundamentan en un estudio con datos para 59 democracias electorales y liberales entre 2000 y 2021 en el que se combinan la base ‘Global Populism Database’ y los indicadores del proyecto de investigación Varieties of Democracy (todos los datos están en abierto). Su análisis se basa en modelos estadísticos mostrando que 1) a mayor nivel de discurso populista del líder, menor es la libertad académica; 2) dicha relación negativa se mantiene incluso teniendo en cuenta en los modelos estadísticos variables como el nivel de democracia, salvaguardas constitucionales, la independencia judicial y legislativa, la polarización social y variables económicas. Dicho de otro modo, incluso dentro de democracias con instituciones relativamente fuertes, el populismo en el poder erosiona la libertad académica. Los efectos son significativos en contextos donde la libertad académica suele ser muy estable. Una ilustración: el paso de líderes “poco populistas” a “muy populistas” equivale a pasar de niveles de libertad académica similares al Reino Unido (entre 2017 y 2018) a niveles parecidos a Serbia (2004-08) o Ecuador (2000 -05).

Para ir más allá del estudio cuantitativo e ilustrar cómo se producen estos procesos de erosión institucional, Hernández-Huerta e Inclán detallan el caso del CIDE bajo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, durante la pandemia afirmó -entre otras- que su mejor protección contra el virus se lo otorgaba su honestidad y un par de imágenes religiosa que llevaba en su cartera, llegando a decir “son mis guardaespaldas” contra el coronavirus. Según los autores, AMLO combina un discurso fuertemente populista con una profunda desconfianza hacia el conocimiento experto. Ridiculiza la ciencia, minimiza la necesidad de evidencia en la toma de decisiones y presenta a los académicos como parte de una élite neoliberal desconectada del pueblo.

En el caso de CIDE, además de ataques públicos en los discursos de AMLO con acusaciones de formar “cuadros neoliberales”, de estar al servicio de organismos internacionales y de haber sido cómplice del “saqueo” del país; también se rebajó el presupuesto significativamente afectando a las becas, proyectos de investigación además del fideicomiso (en este caso no solo del CIDE sino también de otros organismos algunos dedicados a las víctimas de violencia criminal y machista, a defensores de derechos humanos, y se aplicaron cambios en la dirección, destituciones de autoridades críticas, cierre de programas y unidades de investigación -entre ellos el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y el Programa para el Estudio de la Violencia , con la consecuente salida de un porcentaje importante del personal académico: el 40% del personal académico dimitió y las nuevas autoridades decidieron no seguir financiando a 17 investigadores postdoctorales.

Claudia Sheinbaum, la Presidenta que ganó la elección por un margen mayor que el de AMLO en 2018, proviene del mismo partido, MORENA. Tal vez por su convicción, formación -Sheinbaum cuenta con un doctorado en ingeniería- como por las señales lanzadas hasta el momento, parece tener la intención de reconstruir las relaciones con la comunidad académica. Solo con el tiempo se podrán juzgar sus acciones. De la misma forma que en un momento determinado decidimos dotarnos de bancos centrales independientes, tal vez se deban considerar acciones para proteger la autonomía y blindar sus presupuestos. Como nos recuerdan Víctor Hernández-Huerta y María Inclán, sin universidades libres, capaces de incomodar al poder, las democracias corren el riesgo de perder su alma.

[1] Seguimos la definición de Cas Mudde sobre populismo: una ideología “fina” que divide la sociedad entre un “pueblo puro” y una “élite corrupta”; en esta perspectiva la política debe reflejar la “voluntad general del pueblo” (si bien es cierto que quien interpreta dicha voluntad suele ser el líder populista en cuestión, según conviene). Sus dos opuestos son el elitismo y el pluralismo.